Una gestión para el olvido

En cualquier país normal, en el último año de gestión de una administración, no se realiza ningún gasto que comprometa a la próxima

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El presidente argentino Alberto Fernández y la vicepresidenta argentina Cristina Fernández inauguran en un acto un gasoducto clave que llega hasta la formación patagónica Vaca Muerta, en la localidad de Salliqueló, provincia de Buenos Aires, Argentina
El presidente argentino Alberto Fernández y la vicepresidenta argentina Cristina Fernández inauguran en un acto un gasoducto clave que llega hasta la formación patagónica Vaca Muerta, en la localidad de Salliqueló, provincia de Buenos Aires, Argentina

Termina una gestión presidencial que ha tenido que pasar situaciones de emergencia no provocadas por su acción y que puede enmarcar una contra corriente sobre la cual debió navegar.

Ahora bien, sin pretender hacer un balance general, que por otra parte la ciudadanía ya ha hecho con los resultados electorales recientes, sí voy a intentar realizar un resumen de acciones erróneas que fueron de exclusiva responsabilidad del gobierno y especialmente de la gestión del Ministerio de Economía en la Secretaría de Energía.

La Secretaría de Energía de la Nación por la Resolución 961 adjudicó 29 proyectos de generación de energía eléctrica a 10 días de finalizar su gestión.

Los sistemas eléctricos son por esencia sistemas que tienen, necesitan, de planes a largo, mediano y corto plazo, en ese orden. Si las acciones se realizan sin esa rigurosa cadencia terminan perjudicando a los usuarios, destinatarios de esas resoluciones.

El pasado año se construyó un gasoducto a tambor batiente, tambor que sonó estridente al “finalizar” la obra con mucha propaganda y actos de inauguración. El motivo del apuro fue la necesidad de ahorrar en barcos de Gas Natural Licuado importado. Pues bien, la obra terminó cuando no se necesitaba ese gas y aun más se devolvió gas comprado con los gastos que eso supone.

Es decir, el apuro de la obra no fue necesario, lo cual no sería trascendente si no consideramos que ese apuro fue la justificación de haber pagado casi el doble del estándar internacional para obras de ese tipo.

No terminado ese desacierto se contratan obras de expansión de transporte de alta y media tensión y a 10 días de dejar el gobierno se adjudican contratos de generación a base de combustibles fósiles de gran magnitud.

Mientras tanto las obras hidroeléctricas de base como Chihuido en Neuquén ya lista para adjudicar no se aprueba por falta de financiamiento y Portezuelo del Viento, que tienen los fondos para su realización, se para por conflictos provinciales dudosos.

Los planes de generación renovable locales no son tenidos en cuenta y a contramano del mundo dependen de que inversores privados consigan su financiamiento, mientras en el resto de las naciones se incentivan y se promocionan con beneficios fiscales que son recuperables por el ahorro que significan en menor gasto en combustibles y menor inversión en transporte.

Tanto los emprendimientos hidráulicos como los de energía renovables se enmarcan en el pregonado Acuerdo de París. Pregonado, pero no cumplido.

En cualquier país normal en el último año de gestión de una administración no se realiza ningún gasto que comprometa a la próxima. No solo es de buena práctica, sino que si esas acciones no son parte de un plan de largo plazo son muchísimo más cuestionables.

La actual administración se escuda en que no fue vetado por la siguiente, esta no puede ni aprobar ni vetar sin la existencia de un plan, sería un error de su parte. Simplemente esta administración no puede. No debe hacerlo porque a claras luces se presenta como un acto de apuro innecesario como el apuro del gasoducto que nos costó muchísimo dinero a todos los argentinos.

Es tal el cansancio de los argentinos por el latrocinio de las administraciones que nos han gobernado que ya abruma, pero en este caso ha rebalsado cualquier posible comentario.

La secretaria Flavia Royón se irá por la puerta trasera de una gestión olvidable, esperemos que se pueda comprobar que solo hayan sido errores de gestión con los enormes costos que los argentinos deberemos afrontar.

De los contratistas se esperaría que pongan a consideración de las nuevas autoridades sus contratos de apuro para que tengan no solo la legitimidad de forma sino también la política, sería bueno por su propio futuro.