En el contexto argentino, el entorno urbano se ha convertido en el hogar de la abrumadora mayoría de la población, alcanzando un asombroso 92%. Este dato, según un informe de la CEPAL de 2017, supera con creces la cifra promedio a nivel mundial, que se sitúa en un 54%, y también se erige por encima de la media en América Latina, que se ubica en un 83%.
Las ciudades son ecosistemas complejos y es allí donde se concentran la síntesis de desafíos de inequidad, explotación del entorno natural y los impactos del cambio climático. Hoy en día, además de la sobrepoblación que albergan las ciudades del país, los entornos urbanos son fuente de impacto ambiental, generando diversos tipos de contaminación, uso del suelo inadecuado, consumo de un 60% de recursos, un 75% de generación de gases de efecto invernadero y una alta generación de residuos orgánicos e inorgánicos. Todos impactos que recaen, sobre todo, en los grupos de mayor vulnerabilidad que habitan las ciudades incrementando los niveles de pobreza y desigualdad.
La expansión urbana en Argentina ha sido más que un cambio demográfico: es un signo inequívoco de la transformación profunda que ha experimentado el país a lo largo de los años. Sin embargo, más allá de ser simplemente un reflejo de un cambio que también se dio a nivel global, esta tendencia es un llamado imperioso a abordar con urgencia los desafíos inherentes a la vida en las ciudades, así como a aprovechar las innumerables oportunidades que éstas ofrecen a la mayoría de los habitantes argentinos.
Una alternativa es buscar la transformación de las ciudades en ecosistemas urbanos sustentables. Basados en los objetivos del desarrollo sostenible, que tienen como fin último la eliminación de la pobreza a nivel global, la tendencia es implementar nuevos modelos de ciudades que sean sustentables, resilientes, seguras e inclusivas.
Quien asuma la presidencia en diciembre de 2023, así como el conjunto de gobernadores e intendentes electos, deben impulsar y mejorar modelos de planificación y crecimiento urbano, que incluyan participación ciudadana orientada a alianzas multisectoriales de sector privado, púbico, academia y sociedad civil. También deben incorporar la protección del entorno natural, para una convivencia armoniosa, y fomentar el acceso a un ambiente sano, lo que es además un derecho constitucional.
El presidente electo deberá también garantizar la protección de la diversidad humana y cultural, el fortalecimiento de la economía local, con modelos de producción y consumo basados en cadenas de valor cortas y circulares, y una arquitectura sustentable, con normas acordes al uso eficiente de los recursos materiales, energéticos e hídricos.
Estos puntos se complementan con la necesidad de cumplir con los compromisos climáticos implementando medidas de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación para la resiliencia urbana, avanzando en una transición hacia energías renovables, la eficiencia energética y la reducción de la dependencia de los hidrocarburos.
Si bien es cierto que la pobreza y las desigualdades son desafíos apremiantes en nuestro país, es importante entender que el crecimiento económico desigual, así como los impactos ambientales y del cambio climático son generadores de pobreza, y la pobreza, a su vez, contribuye a estos impactos. Abordar la sostenibilidad urbana es una vía para combatir estos males arraigados en nuestra sociedad.
En estas elecciones, debemos exigir a nuestros líderes que prioricen un futuro sostenible para las ciudades argentinas. Solo a través de políticas y acciones concretas que aborden los desafíos urbanos desde una perspectiva sostenible, podremos construir un futuro más prometedor para todos los argentinos y argentinas. Es hora de que nuestras ciudades sean un ejemplo de desarrollo sustentable para el mundo, reconociendo que algunas ya han iniciado ese proceso.
La sociedad civil puede convertirse en el actor central para generar procesos de colaboración entre quienes toman e implementan decisiones, partiendo de las buenas prácticas puestas en marcha a través de su trayectoria de incidencia desde su particular ejercicio de poder difuso, sentando a la mesa de negociaciones a quienes deben estar, y aportando sus modelos orientados a la generación de cambios sistémicos.
La sociedad civil desempeña un papel central en este proceso, generando colaboración entre quienes toman decisiones y aplican políticas. A través de sus buenas prácticas y su trayectoria de incidencia, puede sentar a la mesa de negociaciones a quienes deben estar presentes, contribuyendo con modelos orientados a generar cambios sistémicos que beneficien a la sociedad en su conjunto.