¿Vouchers, más inversión o mejores políticas educativas?

Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza, propone otorgar un monto o “SUBE de la educación” para que las familias puedan elegir la escuela de su preferencia. Según sus palabras: “Todas (las escuelas) van a ser aranceladas, pero uno puede usar el voucher para ir a la que uno quiera, estatal o privada. Y en el proceso, todas las instituciones van a tener que competir y eso genera un mejor servicio”.

Aunque no existen definiciones precisas sobre la propuesta de “vouchers” y recordando que la libertad de elección de la escuela es un derecho ya consagrado en la Constitución y la Ley de Educación Nacional, tres ilusiones merecen ser señaladas.

Una primera ilusión es que el sistema de vouchers sea algo que pueda definir el gobierno nacional. Las escuelas dependen de los gobiernos provinciales, por ende también las reglas sobre la asignación de recursos y estudiantes. ¿Cómo impondría Milei este modelo a las 24 provincias -todas de distinto color político al gobierno nacional si Milei llegara al poder- cuando se trata de un sistema muy ajeno a la cultura educativa argentina?

La segunda ilusión es que todas las escuelas estarían al alcance de la mano (así como que todos pasaríamos a cobrar en dólares de un día al otro). ¿Cuánto dinero se les dará a las familias? ¿Será posible elegir y acceder a cualquier escuela? ¿Mantendrían las escuelas privadas sus aranceles y su derecho a admisión? ¿Podría elegirse cualquier escuela de gestión estatal independientemente de la proximidad? ¿Qué opciones tendrían las familias de contextos rurales o periurbanos?

La tercera ilusión es que el mercado educativo es libre y virtuoso. La interacción entre la oferta y la demanda siempre está condicionada por los márgenes de selección de las escuelas, la disponibilidad de información, el acceso al transporte, o los recursos económicos, culturales y sociales de las familias para concretar la elección. Por otra parte, no siempre se elige a la escuela por sus resultados. A veces alcanza con que quede cerca, garantice los días de clase, trate bien a los hijos, ofrezca jornada completa o trasmita valores semejantes a los de la familia.

Además de clarificar estos espejismos, es importante considerar que en el juego del mercado la responsabilidad por el aprendizaje se transfiere del Estado a las familias. Esto es cuestionable cuando la Constitución Nacional establece que el aprendizaje es un derecho, del cual el Estado es garante. La mejora de la calidad no se logra con menos Estado, sino con un Estado más inteligente, que es posible desarrollar.

En este camino, la evidencia muestra que la cooperación conduce más y mejor a la calidad que la competencia. Los países que implementan vouchers con distintas modalidades no siempre lograron mejoras y tuvieron impactos negativos en la equidad, como Nicaragua o Chile en la región. Cabe señalar además que se trata de países unitarios más pequeños que la Argentina.

En la vereda opuesta del próximo balotaje presidencial, el candidato a presidente por el partido de Unión por la Patria, Sergio Massa, acaba de presentar una nueva ley de financiamiento educativo. Siguiendo la lógica del llamado “plan platita”, este proyecto propone llevar la inversión en educación al 8% del PBI, cuando la Ley de Financiamiento Educativo de 2005, que establecía como objetivo una inversión del 6% del PBI, sólo se cumplió en 2015. De hecho, desde 2005 se le debe a la educación el presupuesto de un año. ¿Hay margen para llevar la inversión al 8% del PBI en el contexto del caos macroeconómico actual? ¿No deberíamos comenzar por lograr los niveles de inversión pautados desde 2005?

Podrían plantearse varias objeciones más a este proyecto de ley. Pero en todo caso, más que discutir sobre cuánto o cómo invertir, hay que proponer prioridades claras y estrategias para lograrlas invirtiendo lo ya comprometido por Ley Nacional de Educación. En la encrucijada electoral actual, ante un sistema educativo que no logra garantizar aprendizajes esenciales, urge un plan realista y responsable, con metas concretas a cuatro años.

Garantizar infraestructura, equipamiento, tiempos y clima de trabajo propicios en las escuelas; definir aprendizajes indispensables de lengua y matemática por año escolar desde el nivel inicial hasta el nivel secundario; atender las problemáticas socio-emocionales y educativas de los estudiantes; ofrecer la formación y el apoyo para los docentes en ejercicio; y evaluar de manera censal y periódica para monitorear los resultados a tiempo deberían ser algunas de esas prioridades. Resta aún detallar cómo podría lograrse esta agenda tan esencial como desafiante para avanzar en cuatro años en los objetivos que no hemos logrado durante las últimas tres décadas.