
Hace unas semanas advertimos que el salario real de los trabajadores formales acumula un descenso del 24% desde el pico que observó en 2015. El deterioro en el poder de compra en los últimos 7 años afecta a 9,6 millones de personas ocupadas, de las cuales 6,2 millones son asalariados del sector privado y 3,4 millones del sector público. Tras el ajuste, el nivel promedio de bolsillo cerró 2022 en 460 dólares al tipo de cambio libre.
El ajuste en los haberes previsionales fue todavía mayor en ese período. Las jubilaciones cerraron 2022 con un descenso real del 1,3% en el promedio anual, acumulando una pérdida de 31% en siete años.
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La mayor parte de la pérdida del poder de compra de las jubilaciones se concentró en tres años, entre 2018 y 2020. En ese período se hicieron dos “reformas previsionales” por distintos signos políticos, que en ambos casos culminaron con bajas estructurales sobre el haber previsional. La primera reforma terminó con una reducción del 20% (2018/2019) y la segunda sumó una disminución del 10% el año siguiente.
En el informe de marras sobre el salario privado registrado se advirtió que la economía se había recuperado, pero el salario no. La dinámica de la economía en cinco años dibujó una “V” entre la crisis y su recuperación, pero que en igual período los salarios dibujaron una “L”. El poder de compra del salario nunca se recuperó.
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Lo mismo pasó con las jubilaciones, pero en mayor intensidad. Si los salarios dibujaron una “L minúscula”, las jubilaciones dibujaron una “L mayúscula” en igual tramo de tiempo.

En los últimos tres años en particular, las jubilaciones acumulan una pérdida del 12% en términos reales, principalmente concentrado en el impacto de la última reforma previsional apenas asumió el Gobierno actual.
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Los asalariados formales suman 9,6 millones de personas, mientras que los jubilados y pensionados ascienden a 6,9 millones. Una relación de 1,4 asalariados por pensionado, cuando tendría que ser mínimo 3 a 1 para que no quiebre el sistema, ni imponga expropiatorias alícuotas de aportes para los trabajadores en blanco (la mitad del total).
Con las distintas “moratorias previsionales” desde 2007 se duplicó la cantidad de jubilados y pensionados. Sólo aporta la mitad de los trabajadores, pero todos pueden retirarse de la vida laboral activa con distintas facilidades de acceso al régimen previsional, llevando el sistema a un quiebre estructural cercano al equivalente de 2,5% del PBI.
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La estrategia que utilizó el Gobierno entre 2007 a 2015 para financiar las moratorias fue “pisar” los haberes de todos los que aportaron al sistema. Achatar la pirámide: ampliar la cobertura y reducir el haber promedio.
En 2001 la jubilación promedio era 2,4 veces el monto de la jubilación mínima. Para 2015 era sólo 1,4 veces. El número implica que todo jubilado que aportó 30 años, el Estado le expropió el 40% de su jubilación, para que el populismo pueda jubilar a otro con su dinero.
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Esta estrategia generó una marea millonaria de juicios al Estado por más de una década, pero el gobierno no pagaba ni con sentencia firme a favor del beneficiario. Sólo algunos cobraron algo en vida con la “reparación histórica” entre 2016/2019. Otros cobraron sus familiares o todavía esperan el pago de la sentencia desde 2020, por “falta de caja”.

Actualmente el haber promedio de quienes hicieron todos los aportes ronda los USD 270 al tipo de cambio libre, mientras que lo que se jubilan con moratorias cobran una mínima de USD 150 libres. El haber promedio mensual del sistema previsional es entonces de unos USD 200 actualmente. La Jubilación mínima en dólares libres y a precios constantes es la mitad que en 1995.
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En definitiva, si el empleo en blanco agoniza en Argentina, no se puede esperar otra cosa del sistema de reparto que depende de los aportes de los trabajadores registrados.

Movimiento perverso para el sistema previsional
Hace más de una década que no crece el empleo en blanco asalariado privado. Siempre boya en 6 millones de puestos de trabajo y solo crece la informalidad, el monotributo en las primeras categorías y el empleo público (todo junto suma cerca de 4 millones de nuevos empleos la última década, en su mayor parte de menor productividad que el ocupado privado en la formalidad).
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El sistema de reparto se desfinancia estructuralmente por la falta de creación de empleo privado neto en blanco, pero se potencia con las moratorias donde el Estado invita a jubilarse sin aportes en la previa de todo año electoral.
Para quienes aportaron toda su vida las jubilaciones caen desde 2002 al 2015 casi sin pausa ante la política de achatar la pirámide y socializar sus haberes. Con la “reparación histórica” lograron recomponer sus haberes en 2016/2017, para luego verlo nuevamente caer 7 años un 31 por ciento.
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Para los que se sumaron con moratorias, también les llegó la licuación del 31% de sus haberes con las “reformas previsionales” de los últimos dos gobiernos en 2017 y 2020.
El actual modelo económico llevó el salario registrado a un promedio de USD 460 al tipo de cambio libre y las jubilaciones a USD 200. Con estos valores se explica el avance estructural de la pobreza y la nueva realidad de trabajadores registrados pobres.
Para sacar de la agonía al sistema previsional, hay que sacar de la agonía a la economía y al salario. Algo que no sucederá sino se encara la agenda del conjunto de reformas estructurales pendientes postergadas los últimos 20 años.
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