La coparticipación atenta contra el federalismo

Salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que logra cubrir el 82% de su gasto público con recursos propios (principalmente con el Impuesto a los Ingresos Brutos), todas las provincias tienen una dependencia desmesurada a la coparticipación de impuestos. Las jurisdicciones con hidrocarburos también tienen mayor independencia financiera, sólo por el cobro de regalías que no se coparticipan.

A modo de ejemplo, la Provincia de Buenos Aires con sus impuestos sólo cubre la mitad de su gasto público. Para financiar la otra mitad necesita desesperadamente de los recursos que gira la Nación. Esa dependencia financiera es más desproporcionada en el norte del país. Chaco sólo cubre con sus impuestos un 25% de su gasto público, Catamarca 16%, La Rioja apenas 9 por ciento.

Mientras mayor sea la dependencia financiera que tenga una provincia al cheque que manda el Gobierno Nacional, no sólo conllevará menor autonomía política. También destruye toda idea de correspondencia fiscal en la administración pública, afectando de lleno a la posibilidad de desarrollo económico al alterar todos los incentivos políticos y económicos en la administración.

Es decir, cuando una provincia vive de lo que gira el Gobierno Nacional, el gobernador pierde todo incentivo en procurar la creación de nuevas empresas en su provincia, dado que la suerte de las finanzas públicas ya no depende de lo que pasa en la provincia en términos económicos. Sólo depende del tamaño del cheque que manda la Nación.

Con una coparticipación desmedida la provincia queda a la suerte de otras regiones del país, sin mostrar interés en ser dueño de su propio destino.

Con la destrucción de todo incentivo político para el desarrollo económico, el gobernador en lugar de estar desesperado por atraer inversiones para desarrollar la provincia, sólo se dedica a malgastar la “mensualidad” que manda el Gobierno Nacional, usualmente en clientelismo para construir su propio feudo político. Es decir, solo atiende las demandas sociales ofreciendo a los ciudadanos una “cuotaparte” del cheque que recibe del Gobierno Nacional. Cuotaparte que se accede con planes o empleo público, en los primeros escalafones del feudo.

La desmedida dependencia a la coparticipación termina construyendo “provincias planeras”, sin incentivo a buscar el desarrollo económico de su propia jurisdicción y sólo a esperar el cheque que manda la administración nacional. El federalismo se evapora con la coparticipación desmedida, pero también se evapora el progreso económico.

No por casualidad las regiones del país que casi no tienen empresas privadas tienen el desempleo más bajo. En números, a nivel nacional el desempleo marcó del 7,1% en el tercer trimestre del año, pero en el NOA fue del 3,8% en igual período.

Según el Indec, la tasa de desocupación en el norte del país es similar a la de EE.UU. o Alemania, con la sutil diferencia que estos casos se logran con la creación de empleo privado, no con planes sociales y puestos en el sector público.

Demás está decir que, si se considera desempleado al millón y medio de personas que cobran el plan social “potenciar trabajo”, además del millón de empleados públicos que se sumaron en las dos últimas décadas, la tasa de desempleo superaría el 25% de la oferta laboral, dejando como anécdota coyuntural la crisis de empleo del 2002.

La Ciudad de Buenos Aires aporta el 20% del total de la masa coparticipable, pero sólo recibe el 2%. Es decir que el 90% de los impuestos nacionales que se cobran en CABA por la venta de bienes y servicios generados en la ciudad, se terminan gastando a nivel nacional o en el resto del país vía coparticipación.

La Ciudad de Buenos Aires es quién más pierde con el sistema de coparticipación. Se queda sólo con $1 por cada $10 que cobra de los impuestos que se reparten entre todas las jurisdicciones. Los $9 restantes van al resto del país.

Vale aclarar que en CABA se recauda el 70% de los impuestos coparticipables si se toma el criterio de domicilio fiscal. Por ello se usa el PBI geográfico, equivalente al 20% del PBI nacional, como proxi de su aporte a la masa coparticipable total.

Cómo a la Ciudad de Buenos Aires le llegan pocos recursos vía coparticipación, se financia con sus impuestos, principalmente IIBB, con los que cubre más del 80% del gasto público.

Durante la administración de Cambiemos (2015-2019), el Gobierno Nacional buscó aumentar los recursos coparticipables que le llegan a la Ciudad. En 2016 le cedió puntos porcentuales propios, sin afectar en nada lo que corresponde a las 23 provincias, pasó 1,4% a 3,5% del total.

Con la llegada de la nueva administración en 2019, el Gobierno Nacional decidió en forma unilateral bajar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad, para volver al 1,4% del total. Y a fines de 2022 la Corte Suprema de Justicia falló a favor de CABA y advirtió que no corresponde quitarle recursos sin acuerdo alguno entre las partes y exigió que se restablezca el porcentaje de coparticipación a 2,95% en forma inmediata.

De esta forma, CABA recuperará ingresos por cerca de 0,13% del PBI nacional, que equivale a 0,65% del PBI de la Ciudad, al duplicar los ingresos por coparticipación.

Tras el fallo, la Ciudad de Buenos Aires continuará aportando el 20% de la masa coparticipable, pero ahora le deberá llegar en concepto de coparticipación el 4% del total, en vez del 2%. Es decir, aún tras el fallo, todavía será la jurisdicción que más aporta y la que menos recibe por coparticipación.

Por cada peso que aporta la Ciudad a la masa coparticipable, le llegaban 10 centavos y tras el fallo recibirá 20 centavos. Por lo tanto, aún tras el fallo, el 80% de los impuestos nacionales que se cobra en la ciudad de Buenos Aires por la producción de bienes o servicios en la propia ciudad, lo gastará el Gobierno Nacional o las provincias.

El sistema de coparticipación actual atenta contra el federalismo en lo político, y al desarrollo regional en lo económico. En lo político, mata el espíritu federal y gobiernos provinciales quedan rehenes del Gobierno Nacional. En lo económico, mata la correspondencia fiscal y elimina la sana competencia impositiva entre provincias.

Estado Unidos es un país federal, donde cada distrito recauda su dinero, y luego aporta al gobierno central. En Argentina se hace al revés. El Estado Nacional recauda y luego reparte vía coparticipación a las provincias. Un país federal que se maneja como país unitario.

En EE.UU., si un Estado quiere atraer inversiones, baja impuestos y las empresas se mudan sin salir del país.

En Argentina, el Estado Nacional va con saña impositiva sobre el centro del país, impone impuestos con elevadas alícuotas sobre las exportaciones que extraen toda la rentabilidad privada; y hace inviable cualquier inversión productiva, en particular en las regiones usualmente con menor escala, peor productividad y mayores costos de logística, entre otros factores.

Chaco, Formosa, son provincias que podrían competir por inversiones frente a Córdoba o Buenos Aires, bajando notablemente su presión tributaria. Pero no pueden porque todos los impuestos son nacionales. Sin posibilidad de alterar ese esquema, desaparece la iniciativa privada y todos terminan como empleados del sector público o con un plan social, esperando el cheque del Gobierno Nacional terminan siendo rehenes económica y políticamente del Estado Nacional.

Si las provincias sólo discuten los porcentajes de coparticipación, jamás serán independientes ni económica ni políticamente, y, por tanto, jamás será un país federal. El esquema de reparto de impuestos que cobra la Nación para subsanar inequidades regionales no puede ser al costo de perder el federalismo y matar la correspondencia fiscal.

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