Falta de control y desfinanciamiento en el sector de la salud

Estipular que los precios de la medicina se actualizarán a razón del 90% del salario implica que los honorarios del personal crecerán por debajo de los salarios del resto de la población

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a la mala administración de los hospitales públicos y a la falta de control de las obras sociales, se suma una política de desfinanciamiento
a la mala administración de los hospitales públicos y a la falta de control de las obras sociales, se suma una política de desfinanciamiento

La medicina privada quedó en un mal estado post-pandemia, producto del esfuerzo del personal de la salud con honorarios y aranceles médicos congelados. El sector salud está integrado por:

1. 1.500 hospitales públicos.

2. 4.000 clínicas y sanatorios privados.

3. 20.000 centros de análisis clínicos e imágenes.

Los médicos son 200.000 y hay una cantidad similar de enfermeros. Suele suceder que tanto médicos como enfermeros combinan su trabajo en el sector público con la práctica privada. En pocas palabras, el sistema de salud es mixto y el sector privado (empresas de medicina prepaga, centros de análisis, clínicas y sanatorios) tiene un rol fundamental. Con los precios congelados parcialmente en la pandemia, la Justicia ordenó definir una fórmula de ajuste de precios acorde a los costos del sector. Por esto, desde agosto del 2022, se implementó el “Índice de Costos de Salud” y, como el mismo dio aumentos superiores a la inflación, se cambió la fórmula por otra que toma el 90% de la variación del RIPTE.

Para poner un poco de perspectiva, y tomando datos aportados por el Ministerio de Salud, entre el 2020 y 2021, años de la pandemia y de la flexibilización de las medidas restrictivas, los precios de la medicina privada crecieron 62%. Ya para el 2022, los precios de la medicina privada se ajustarán 114% cuando la inflación será del 100%. La medicina privada todavía no recupera la pérdida ocurrida durante la pandemia. Esto obligó a redoblar esfuerzos y compensar precios de insumos que subían a tasas de tres dígitos, con honorarios y aranceles médicos congelados, primero, y retrasados, después. En pocas palabras, el aumento por encima de la inflación de este año solo compensaba parte de lo perdido en la pandemia.

Estipular que los precios se actualizarán a razón del 90% del salario implica que los honorarios del personal de salud crecerán por debajo de los salarios del resto de la población. Esto tiene un alto impacto en las clínicas y sanatorios, donde el costo laboral representa el 75% del costo total. Con este marco es esperable el deterioro de la calidad médica.

En síntesis, esto es un reflejo más de las consecuencias sociales de tener un sector público mal organizado y gestionado. Los hospitales públicos se financian con impuestos para atender a la gente sin cobertura de un seguro de salud. Los que tienen o tuvieron en su vida activa un empleo formal acceden a la cobertura de una obra social con financiamiento de los salarios. Aunque ambos sistemas funcionan mal, hoy, a la mala administración de los hospitales públicos y la falta de control de las obras sociales, se suma una política de desfinanciamiento. Una luz de alarma es que no se logran ocupar todos los cupos disponibles para residencias médicas. Esto implicaría que dentro de unos años faltarán médicos.

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