La voracidad fiscal aumenta con la inflación

La tasa de inflación no detiene su escalada, habiendo alcanzado en agosto otro 7% mensual, y acumulando sólo en los primeros ocho meses un 56,4%, no se espera un dato menor para septiembre con el impacto del necesario, aunque insuficiente ajuste tarifario de los servicios energéticos.

El Gobierno Nacional pone así todo el peso del ajuste de las cuentas públicas sobre el sector privado mientras, sin margen para aumentar impuestos a través del Congreso, sigue recaudando el impuesto inflacionario de los flacos bolsillos de los contribuyentes.

La inflación es un impuesto sin legislación. Esta precisa analogía que debemos a Milton Friedman, nos señala que, si bien la inflación es algo que le sucede a la moneda y no a los precios, donde bienes y servicios se ven encarecidos en forma relativa frente a una moneda que se desvaloriza, es provocada por el Estado que emite para financiar sus gastos. De esta manera, el Gobierno carga sobre los contribuyentes el pago del impuesto inflacionario, al igual que lo hace con cualquier otro tributo. Y lo recauda por dos vías diferentes:

1) a través de la emisión monetaria, la creación de nueva moneda que le permite solventar el exceso de gasto público que no es capaz de cubrir mediante las otras fuentes de financiamiento como son, los impuestos efectivamente legislados, la emisión de nueva deuda y la venta de activos. El Estado se beneficia así transfiriendo poder adquisitivo desde los bolsillos de los ciudadanos hacia sus propias arcas. El dinero que el Estado imprime para financiar su gasto desvaloriza más pronto que tarde el dinero que las familias mantienen en su poder.

Desde el inicio del Gobierno de Alberto Fernández acumula una emisión del 14,5% del PBI para financiar al Tesoro, frente a una expansión monetaria de 4,2% del PBI, y acumulando 6 puntos del producto como costo de la esterilización monetaria vía deuda cuasi fiscal, la que alcanza los $7,6 billones. A precios de hoy, el Gobierno emitió $9 billones para financiar el déficit fiscal de los últimos dos años y medio, frente a una base monetaria de $4,2 billones. Toda esta emisión monetaria no demoró en acelerar la inflación y el FMI exigió que se limite el financiamiento monetario a un máximo a 1% del PBI este año. Hasta septiembre ya acumula 0,8% del PBI; y

2) tal vez menos obvia, pero no por eso menos perjudicial para las personas, físicas o jurídicas, es cuando los gobiernos no actualizan los parámetros fiscales para la determinación de los impuestos legislados, como son entre otros los mínimos no imponibles o las escalas gravadas de los diferentes tributos, los montos deducibles, etc., están en definitiva reduciendo esos parámetros fiscales en términos reales por efecto de la inflación, y por lo tanto incrementando la recaudación vía esos impuestos dado el crecimiento nominal de la base imponible.

Nótese la referencia a los gobiernos en plural ya que, si bien la inflación es provocada por el Gobierno Nacional, también los gobiernos locales y provinciales pueden beneficiarse de esta falta de adecuación de los parámetros fiscales.

Claro ejemplo de esta práctica fueron la falta de actualización del mínimo no imponible para el impuesto a los bienes personales, que se mantuvo en $305.000 entre 2007 y 2015, empujando año tras año a cada vez más familias dentro del tributo.

Otro, más reciente, fue la imposibilidad que tuvieron las empresas hasta el ejercicio 2020 de aplicar el ajuste por inflación de sus estados contables. Si bien ahora se encuentra en plena vigencia desde el cierre del ejercicio 2021, no es porque el Estado haya reducido su voracidad fiscal, sino por la falta de acuerdo y aprobación del presupuesto 2022, que contemplaba un cómputo de tan sólo un sexto por año del ajuste por inflación.

Impuesto a las Ganancias

Por supuesto que en contextos altamente inflacionarios aumentan las presiones sociales para ajustar por inflación los parámetros fiscales de forma más seguida y que el Estado deje de lucrar con la inflación de forma recurrente. Esto es lo que sucedió recientemente con las escalas del Monotributo que fueron revisadas a partir del 1 de julio último, ya que, por efecto del aumento nominal en los ingresos, muchos de los registrados en el Régimen Simplificado de Impuestos debían pasar a escalas de tributación mayores.

Pero también se han realizado revisiones del Impuesto a las Ganancias sobre los asalariados. Es así que desde el 2021 se viene corrigiendo, de forma totalmente discrecional, el piso salarial a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia pagan el impuesto. La presión fiscal aumenta a medida en que los trabajadores registrados en relación de dependencia cruzan el límite de ingresos no alcanzados, mientras el Estado demora la actualización del piso de remuneración a partir del cual se paga el gravamen.

El siguiente gráfico refleja la brecha entre el crecimiento nominal de los salarios registrados y el piso de ingresos no alcanzados, así como la proporción estimada de asalariados alcanzados por el impuesto.

Desde el inicio del actual gobierno los salarios registrados privados prácticamente son los únicos que empataron a la inflación los últimos dos años y medio, mientras que los salarios públicos caen casi 3% en términos reales, en tanto que los trabajadores informales como los haberes previsionales bajan cerca del 11% en términos reales.

Si bien la última revisión del piso de ingresos para estar exento del Impuesto a las Ganancias fue realizada en junio, la inflación volvió a acelerar y a este ritmo se proyecta cerrar casi en tres dígitos a fin de este año. Con este escenario reaparecerá nuevamente la exigencia de los asalariados para se actualice el mínimo y evitar que los empleados registrados queden de nuevo alcanzados por el impuesto, y así el Gobierno se beneficie un poco menos con la inflación.

Por último, si haber generado una inflación que con más suerte que pericia este año no supere el 100% no fuera suficiente, el Gobierno aprobó la Resolución General 5248/2022 de la AFIP, la cual establece el cobro de un anticipo “por única vez” del Impuesto a las Ganancias para los ejercicios que cierren en 2022 y 2023, a las sociedades que hayan presentado “beneficios extraordinarios”. Todo mientras reasignan partidas presupuestarias de Educación y Salud para sostener las pérdidas ordinarias de empresas públicas deficitarias. Proyectan recaudar con esta medida unos $250.000 millones hasta julio de 2023.

El Gobierno se muestra decidido a ignorar la destrucción de capital que provoca el pago de impuestos sobre ganancias aun no realizadas y que repercutirá en un menor crecimiento económico, comprometiendo por lo tanto aún más la solvencia fiscal futura. Pero es que la mirada del Gobierno esta puesta en el cortísimo plazo, todo lo demás será un problema más del próximo que venga. Ahora el plan es “llegar”.

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