Martes, 14:30 horas. Tren San Martín sentido Retiro. La Policía Federal recorre los vagones para inhibir disturbios y pequeñas infracciones. La mayoría de los efectivos se baja en William Morris. Arriba quedan dos que se acercan a decirle a un pasajero que no puede fumar. El infractor se rebela y los insulta. Se le unen otros. El resto mira o filma con sus celulares. Los agresores caminan sobre los asientos, se cuelgan de las barandas y empujan a los agentes. Uno de ellos recibe un golpe en la cara. Les gritan amenazantes “bajate en la que viene”. A la mujer le dicen “puta” y “atrevida”. Su compañero la llama, atemorizado: “Vení Nancy, vení boluda”. Cuando la formación llega a Hurlingham (los policías) se bajan.
Es un hecho relativamente menor y, en efecto, pasó sin pena ni gloria. Pero deberíamos ponerle especial atención, pues expone de manera brutal que la obediencia a la ley (uno de los principales obstáculos institucionales para el desarrollo argentino) atraviesa, con o sin justificación, un momento de debilidad extrema.
El histórico incumplimiento de la ley en la Argentina lo conocemos bien. Carlos Nino lo describió en forma magistral en su famoso libro Un país al margen de la ley (1992), en el que acuñó el concepto de “anomia boba”, es decir, autofrustrante para nuestros propios objetivos sociales, y recorrió distintos ámbitos de la vida común en los que se manifiesta históricamente: tránsito, impuestos, golpes de Estado, etc.
Pero lo del tren parece distinto. No es un acto de incumplimiento autointeresado (fumo de querusa aunque esté prohibido y, si me engancha la policía, veo cómo la dibujo, lo minimizo, pido otra oportunidad o cometo otro acto ilegal y les ofrezco una coima). No es lo mismo violar una norma y hacerse el distraído o intentar ocultar el incumplimiento (lo habitual) que infringirla en la cara de la autoridad y, ante la reprimenda o amenaza de sanción, insultarla y empujarla. Tampoco es un acto de desobediencia civil (reconozco la legitimidad del gobierno y del derecho pero, sin violencia, incumplo una ley o decisión puntual que considero injusta).
Entonces, ¿qué es? Es (descriptivamente) una instancia pequeña pero ilustrativa de resistencia general a la autoridad, un desconocimiento deliberado de la legitimidad del gobierno propio de las revoluciones históricas contra la tiranía, el abuso de poder y el uso del derecho como instrumento de opresión. Más acá en el tiempo, lo vimos en diciembre de 2001, cuando la ciudadanía (con o sin conspiración política, como más les guste) se levantó contra el inconstitucional Estado de sitio del presidente Fernando de la Rúa, tomó las calles y forzó su renuncia.
Por supuesto que lo del tren es un hecho aislado. No es un intento que pueda resultar exitoso para reemplazar el orden legal establecido. Pero no debería pasar desapercibido, pues, con o sin razón, viene con la carga de la resistencia a la autoridad. Y esto ocurre, además, en un Estado que ya tiene enclaves del territorio nacional en los que su legislación solo rige nominalmente, como ocurre en algunas áreas del Gran Rosario tomadas por los narcos.
¿De dónde viene esa carga de resistencia generalizada a la autoridad que se observa en el caso del tren y que, por momentos, se huele en el aire a izquierda y derecha? Para rastrearla debemos preguntarnos, primero, por qué obedecemos la ley cuando hacerlo no nos sirve, o sea, cuando no hay autointerés.
Obedecemos por dos tipos de razones. Por un lado, por razones prudenciales: el Estado monopolizó la fuerza y, si nos engancha en offside, nos sanciona. Depende del tipo de macana que hagamos, nos multa, nos quita beneficios, se queda con nuestros bienes o incluso nos priva de la libertad. ¿Cómo lo hace? A través de distintas personas que lo representan: diputadas, presidentes, recolectoras de impuestos, agentes de tránsito, fiscales, autoridades electorales y sí, también policías.
Pero el temor a la sanción es insuficiente para sostener el hábito general de obediencia que caracteriza a los sistemas jurídicos. Como explicó el filósofo dinamarqués Alf Ross, si todos los ciudadanos se pusieran de acuerdo, sin duda serían superiores a la policía. Y, sin embargo, esto en general no pasa. La gente respeta a la policía. ¿Por qué? Porque la fuerza de la policía y de las autoridades no proviene solo de factores físicos como la cantidad de uniformados, su entrenamiento o las armas que tengan. Hay algo más.
¿Qué hay? Un segundo tipo de razones para obedecer la ley: razones morales. Como dijo Carlos Nino, ningún sistema jurídico puede perdurar solo sobre la base del autointerés (cumplo porque me sirve) o del miedo (no me sirve, pero cumplo para que no me multen o para no ir presa). Se necesita, además, que la mayoría de las funcionarias y funcionarios y de la población en general crea que las reglas del sistema están moralmente justificadas.
El caso del tren San Martín y el olorcillo a resistencia exhiben que algunas personas en la Argentina ya no solo no encuentran razones morales para respetar la ley, sino que tampoco las detienen razones prudenciales. Lo primero (ausencia de obediencia moral) es así desde hace mucho tiempo y ya era reocupante. Lo segundo (ausencia de obediencia pragmática) tiene otras consecuencias, pues si se extendiera importaría la desaparición del sistema jurídico.
Si se multiplica la falta de temor a las sanciones, el monopolio de la fuerza del Estado tiene los días contados. Por eso debe preocuparnos el caso aunque sea menor, porque cuando los policías se bajan (y es, desde ya, comprensible que lo hagan), se llevan con ellos a la ley. Quien baja del tren humillada es la ley.
¿Y por qué se relativizaron las razones prudenciales para obedecer? Creo que por dos motivos. Primero, porque el Estado es tan ineficaz en aplicar las sanciones con las que nos amenaza que ya nadie le cree. No se persigue con eficacia la evasión impositiva, los corruptos andan libres presentándose a elecciones, hay un femicidio cada 28 días, aparecen videos de policías robando y la ciudadanía se siente desprotegida frente a la inseguridad cotidiana. Violar la ley casi no tiene consecuencias, en especial para los poderosos.
Segundo, de manera transversal, la incapacidad del Estado para garantizar bienes y servicios básicos y procedimientos de queja adecuados es tan evidente que (sigo en modo descriptivo) pone en riesgo su legitimidad para exigir obediencia.
Para los ricos, para los pobres y para lo poco que queda en el medio, la incompetencia procedimental y sustantiva del sistema es desde hace tanto tiempo tan grande que los impulsos de desobediencia moral superan cualquier tipo de consecuencia pragmática, incluso cuando la hubiere. Por eso es que los agresores del tren San Martín no les gritan a los policías “tengo derecho a fumar”. Les gritan “caranchan a los pibes porque son cobanis”. Del mismo modo, los evasores no niegan que deba haber impuestos, sino que dicen “los políticos son todos chorros, la presión impositiva es imposible y los bienes y servicios públicos son un desastre”.
Hablamos de un país en el que (alerta de generalización) la dirigencia política y empresarial viola la ley abiertamente y se enriquece con dineros públicos, la policía estigmatiza, persigue, tortura y no pocas veces asesina a pibes en los barrios, los bienes y servicios públicos son decadentes y, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el 44% de la población es pobre. Y lo único que podemos hacer es votar cada dos años. Es más bien un milagro que todavía haya obediencia generalizada. Modo descriptivo off.
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