La llamada “ley de envases” es un nuevo y gran impuesto que pretende cargarse sobre la espalda de productores y consumidores. El empresario PyME Gustavo Lazzari señala: “Las empresas no dan más. Con controles de precios, una carga tributaria enorme y un enjambre regulatorio incumplible y costoso, no hay espacio para nuevos impuestos y menos para semejante impuestazo”.
Creemos que el proyecto debe ser firmemente rechazado. La norma propuesta no soluciona el problema ambiental, sobre el cual apenas se expide. Lo que pretende es crear una jugosa caja de control discrecional en cabeza del ministerio de Ambiente, en manos de La Cámpora.
La tasa -que no es una tasa, sino un verdadero impuesto, dado que no está asociada a la prestación de ningún servicio- se basa en una compleja fórmula polinómica que hace imposible la certeza y cada contribuyente tendrá su propia medida. Esta opacidad y arbitrariedad, contraria a los principios tributarios, permitirá grandes márgenes de corrupción.
Es un acto de ingenuidad o de complicidad hacer de cuenta que los fondos serán destinados a algo siquiera cercano a proteger el medioambiente. Se tratará de una caja política centralizada y de gran volumen, que puede equivaler a duplicar la tasa de ingresos brutos. El economista Fausto Spotorno calcula que este impuesto podría recaudar 300.000 millones de pesos por año, aproximadamente el volumen del presupuesto del Ministerio de Defensa. Dinero fresco para que La Cámpora siga inyectando en el conurbano bonaerense con el fin de mantener su estructura política y más piedras en la mochila para el sector alimentos y bebidas, que ya aguanta un peso impositivo de más del 50%.
Desde nuestro espacio político queremos exhortar a los legisladores de la oposición a no quedarse, justamente, con el envasado del proyecto y las consignas políticamente correctas que esgrimirán sus autores, ocultando las nefastas consecuencias de la norma. Hay que evitar caer en la trampa. Obviamente, no se trata de estar a favor o en contra del medioambiente, sino de aprobar o no un nuevo impuesto sobre el sector alimentos y bebidas, que ya soporta una presión fiscal de entre el 40% y el 50% para engordar la caja de un espacio político que ya nos ha demostrado hasta el cansancio que descree de diferenciaciones entre los recursos del Estado y los del partido.
El oficialismo, ávido de recursos, está muy apurado por aprobar este descabellado proyecto antes que asumamos los diputados que resultamos electos en la última elección, que curiosamente el Gobierno alega haber ganado. No obstante, como diputado electo quiero subrayar que los legisladores de la oposición debemos salir de la trampa de aprobar proyectos que siempre se presentan con etiquetas benevolentes –”a favor de los locatarios”, “para mejorar el teletrabajo”, “para evitar la obesidad infantil”, “en beneficio del medioambiente”, etc- y en realidad se trata de mayores cuotas de poder discrecional para el poder ejecutivo, más cotos de caza para la corrupción, más trabas al proceso de mercado y más peso en la mochila fiscal de quienes producen y trabajan. Es hora de decir basta y no tener miedo de rechazar malos proyectos a pesar de sus lindos envases.
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