La tensión en Comandante Luis Piedra Buena sigue escalando, parece que no es suficiente la indignación generada por la descarada campaña de vacunación VIP, que tuvo como beneficiarios al Intendente Bodlovic, y a sus parientes, todos ellos funcionarios. Un nuevo capítulo de la saga Piedra Buena para la indignación colectiva trata, ahora, de hilvanar prolijamente nuevas puntadas a fin cerrar el cerco informativo dentro de la Ciudad. A través de una nota firmada por los Concejales Jorge Landaburu y David Peraltay del Presidente del Concejo Deliberante César Alarcón se solicita a autoridades nacionales la vigilancia de contenidos y la aplicación de censura previa.
El 12 de marzo, en mi recorrida por la región, pude comprobar como el ingreso a Piedra Buena estaba vallado, y camionetas de la gendarmería patrullaban la ruta esperando novedades. Se desarrollaba una más de las protestas sociales en repudio al escándalo por el vacunatorio militante. La noticia de ciudadanos fallecidos por Covid-19, que no fueron beneficiados por las dosis de Sputnik robadas por las autoridades locales, hacía subir la temperatura de la protesta y se esperaba una manifestación ciudadana mayor a las anteriores.
Los Bodlovic tienen en la localidad un sistema muy parecido al régimen formoseño, controlan la policía, el Concejo Deliberante, los diputados y la justicia. Lo que no pueden controlar es el hartazgo de un pueblo que vio desfilar a militantes y funcionarios para inmunizarse en el centro de salud municipal. Ya no se trata de prebendas o clientelismo eterno, se trata de disponer de la vida o la muerte de las personas a las que se supone deben atender como servidores públicos.
Pero, como si la impunidad no fuera suficiente, ahora quieren silencio absoluto. En una nota dirigida al Inadi y al Enacom, Ente que integro como directora de la oposición y del que fui Presidenta, los concejales vacunados pretenden ejercer censura previa y exigen a los funcionarios nacionales un inconstitucional monitoreo preventivo de todas las emisoras FM de la provincia.
Es inconcebible, pero no disparatado, que en un pueblo donde las necesidades de la gente no son prioridad y la colonización del estado es total, el partido gobernante intenta el control absoluto de los medios, aplicando censura preventiva a todo aquel que no coincida con sus opiniones o se atreva a criticarlos. Tal como en Venezuela o en Formosa, en la provincia de Santa Cruz el control de la prensa es total, los pocos medios digitales, FMs o señales de cable que no se disciplinan sufren presiones directas como ésta. La pésimamente escrita y mal intencionada nota de los ediles, que argumentando un supuesto “bulling” -sic- colectivo, solicita un operativo de vigilancia mediática en la ciudad, es una muestra de la profundidad de la crisis desatada por sus conductas.
Lo más grave es que los argumentos utilizados no son originales, la idea está basada en el Observatorio de medios creado por la Gobernadora Alicia Kirchner el 10 de diciembre último y en el ciber patrullaje inaugurado por la Ministra Sabina Frederic en abril de 2020. La solicitud de un monitoreo permanente sobre las emisoras radiales, las plataformas digitales y las redes sociales es un pedido inconstitucional que cercena los derechos de los ciudadanos de Piedra Buena y de toda la provincia de Santa Cruz.
Seguiremos defendiendo los derechos ciudadanos en Santa Cruz como lo hacemos en todo el territorio. Ayer 24 de marzo, día en que se cumplió 45 años del golpe de estado, es importante recordarles a los ediles de Piedra Buena que NUNCA MÁS la Argentina tolerará el debilitamiento de su democracia. Sugerimos a los autores y a sus jefes políticos, abstenerse de sus sueños totalitarios, somos muchos los que defenderemos la libertad, cada día más, cada vez con más fuerza. (Columna publicada en el medio OPI Santa Cruz).
*La autora es ex presidente y actual directora del Enacom e interventora de Pro Santa Cruz
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