El ataque contra las pymes y afiliados sindicales

Podríamos empezar este artículo con un título alternativo: réquiem a las empresas medianas argentinas. ¿Sos un hotel mediano? Es posible que tengas que pagar el impuesto a la riqueza. ¿Sos un supermercado regional? Es posible que tengas que pagar el impuesto a la riqueza. ¿Sos un contratista rural que vive 11 meses en las rutas, cosechando desde el Chaco hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, primero cosecha fina y luego gruesa? Pertenecerías a las grandes fortunas del país, es posible que tengas que pagar el impuesto a la riqueza. En las Pymes, la empresa y el patrimonio personal suelen ser lo mismo. Por consiguiente, el “aporte solidario”, al gravar al patrimonio del dueño, gravará a las Pymes.

En base a las simulaciones que hemos hecho tomando el proyecto de ley aprobado por diputados, gran parte de las empresas medianas categoría 1 y 2 tendrían activos netos como para que sus dueños deban pagar el impuesto a las grandes fortunas. También algunas empresas del tramo pequeñas que son de capital intensivo, como es el caso de un contratista que posea algunas cosechadoras.

En tiempos buenos, este impuesto se llevaría entre un 20% y 35% de la rentabilidad esperable (por sobre el 30% que ya se pagaría de impuesto a las ganancias). Sin embargo, el 2020 ha sido un año tremendo, y en muchos casos no habrá ninguna rentabilidad. Este año las empresas usaron sus ahorros para solventar las pérdidas y mantener los puestos de trabajo. Ahora deberán buscar más al fondo de sus reservas para conseguir recursos adicionales.

¿Qué opciones tendría esta persona luego del impuestazo? La primera sería judicializar. Es tan desprolija la legislación del impuesto que sería demostrable, con alta probabilidad, que no debe pagarse. Sin embargo, para esto es necesario iniciar un juicio contra la AFIP, someterse a posteriores inspecciones de toda índole e incurrir en altos costos legales, cosa que muy posiblemente exceda la capacidad de la mayor parte de las empresas pequeñas y medianas afectadas. Estas necesitarán más que nunca de ese capital para volver a poner en marcha sus operaciones. Obviamente las personas de mayores ingresos podrán hacerlo, las verdaderas grandes fortunas van a litigar.

Otra opción será no pagar y esperar una moratoria. Esto es un tremendo dolor de cabeza, que va a desfocalizar a quienes opten por este camino. Luego de un año dramático, los empresarios deberán ocuparse de la AFIP más que de sus negocios. Para el caso de PYMES alcanzadas por el aporte solidario que son proveedores del Estado esto no es opción: necesitan sí o sí estar al día con sus obligaciones con la AFIP.

Con lo cual, la otra alternativa es tomar un crédito para pagar impuesto o vender activos fijos. En cualquier caso, implicará achicarse. Dado que según distintas estimaciones las empresas medianas, siendo apenas un 4,5% del universo de empresas registradas (poco mas de 27.000 antes de la pandemia) representan más del 38,2% empleo registrado, hay pocas dudas del alto impacto en el empleo, ya que tendrán que despedir parte de su gente.

Finalmente, les quedará una opción: cerrar, vender todo y pasar por el desarraigo de irse a trabajar a otro país latinoamericano más amigable con el sector privado. En este caso, la pérdida de las fuentes laborales será total.

El “aporte solidario” es un sinsentido difícil de explicar. Dañará al sector productivo, afectando empresas y trabajadores. Seguirá debilitando al sindicalismo, deteriorando la cantidad de sus afiliados ya diezmado con la brutal recesión actual y estancamiento de la última década. Trabará la recuperación de la economía e incrementará la economía informal, generando más pobreza y desempleo. Sin empresas sanas, no hay futuro posible, sin empleados registrados, no hay protección al trabajo. El Gobierno aún tiene tiempo de corregir esta legislación.

*Vassolo es Profesor IAE Business School, Universidad Austral. Aller es consultor especializado en finanzas e impuestos

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