El Decreto de Necesidad y Urgencia 641/2020 emitido por el Presidente prorrogó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el 16 de agosto. Luego de más de 140 días en esta situación, la extensísima cuarentena dictada sucesivamente por el Poder Ejecutivo -supuestamente transitoria y pensada para preparar el sistema sanitario- se ha transformado en un estado permanente en el que se avanza al mismo tiempo sobre el federalismo y las potestades provinciales, así como sobre las libertades individuales.
Por eso este DNU no es una simple prórroga. Sin entrar a juzgar sus intenciones, lo cierto es que el decreto invade las potestades provinciales de gestionar la pandemia de acuerdo a las particularidades locales. ¿Qué sentido tiene dictar una norma uniforme para todo el país, asimilando provincias cuya realidad es claramente diversa? ¿Es lógico equiparar municipios rurales de todo el país con municipios del conurbano bonaerense? Las reuniones familiares se encontraban permitidas en buena parte del país. Prohibirlas, como si la situación general fuera la del AMBA, sin analizar la coyuntura específica de cada uno de los distritos, demuestra lo poco que le importa al gobierno nacional el federalismo en su toma de decisiones. Peor aún, la decisión revela la inexistencia de un plan luego de más de cuatro meses: ante la duda se prohíbe, sin permitir que los gobiernos provinciales, que tienen mayor cercanía con la ciudadanía, adopten las medidas que crean convenientes.
El decreto, además, avanza sobre la autonomía personal al irrumpir en materia penal, obligando a la autoridad interviniente a denunciar para que la autoridad competente determine ¡si una juntada familiar constituye un delito! Esto es grave pues un DNU no puede inmiscuirse de ninguna manera en materia penal, por prohibición explícita de nuestra Constitución.
Ya no es posible alegar desconocimiento de la situación. Luego de 140 días de confinamiento, decretar una vuelta a la prohibición de reuniones sociales y familiares en los distritos donde estaban permitidas, o mantenerla con amenaza de cárcel en aquellas jurisdicciones en las que aún no se abre esta posibilidad, no tiene justificación posible.
Es inaceptable una intromisión por decreto en las libertades. No deben tolerarse prohibiciones a todas luces irrazonables. El Poder Ejecutivo no puede suspender derechos con esta liviandad. Es en el Congreso en donde deben debatirse estas cuestiones. Es ahí donde los representantes del pueblo debemos bregar por la institucionalidad y el respeto a las libertades individuales y de ningún modo permitir que los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional sean pisados en nombre de una pretendida “protección de la población”.
Debemos repetirlo: el camino no puede ser el del miedo. Hay que reforzar el testeo, rastreo y aislamiento en todo el país. Hay que concientizar a las personas, alentando la responsabilidad y protegiendo la libertad, no amenazar con la cárcel a familias que buscan un respiro después de casi cinco meses de encierro o a pequeños comerciantes que no quieren depender del Estado, sino de su trabajo. La salida de esta pandemia requiere menos concentración del poder y más federalismo, república y democracia.
El autor es presidente de la UCR