La cuestión climática, una obligación para el Estado argentino

La cuestión ambiental es ante todo un desafío global. En este sentido, tenemos que entender que los procesos de contaminación y destrucción de recursos, más allá de las responsabilidades e incidencias nacionales, afectan a la biosfera en su conjunto y, con ello, socavan las condiciones materiales de existencia y reproducción de todo el género humano. Por esta razón, el medio es un componente fundamental de la agenda global, y como tal exige respuestas globales, integrales y coordinadas.

Nos encontramos en un punto decisivo de la historia del planeta. Las decisiones que adoptemos hoy determinarán cómo será el mundo en un futuro cercano. No se trata únicamente de la necesidad de cambiar conductas cívicas o pautas culturales de consumo. También es importante repensar la forma en que producimos, para evitar lo que Ulrich Beck (1986) denominó "efecto boomerang". Este efecto ocurre cuando tenemos modelos de producción que, por sus características, socavan su propia posibilidad de reproducción, en tanto destruyen la base natural sobre la que se sostienen. Ello toma lugar allí donde la producción es indirectamente proporcional a los costos ambientales que genera, afectando los procesos regenerativos de la naturaleza o generando transformaciones no deseables en las características del hábitat.

La cuestión ambiental es también una obligación internacional. Más allá de ciertas posiciones contrarias a la importancia de combatir los efectos del cambio climático, existe en la actualidad un consenso amplio, fundado en la urgencia, acerca de la necesidad de modificar nuestras conductas y formas de producción.

Por un lado, los objetivos del desarrollo sostenible, los cuales instan a los países, con independencia de sus rasgos particulares, a adoptar medidas para promover la prosperidad y proteger el planeta. Buscan acabar con la pobreza, fomentar el crecimiento económico y satisfacer necesidades sociales a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente. Entre sus objetivos se destacan: Agua Limpia y Saneamiento, Energía Asequible y no contaminante, Ciudades y Comunidades Sostenibles, Producción y consumo responsable, Acción por el clima, Vida Submarina, y Vida de ecosistemas terrestres.

Pero también el Acuerdo de París ese otro ejemplo del nivel de conciencia global alcanzado en este punto crítico de deterioro ambiental. Recordemos que este Acuerdo se alcanzó en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático de 2015 -CoP21-y que representa un compromiso que fue suscrito por 195 países para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, a partir del reconocimiento de la necesidad de dar una "respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático".

La cuestión climática es una obligación para el Estado argentino. Como parte de un desafío global que nos incumbe, y en virtud de los acuerdo y compromisos que Argentina contrajo, es responsabilidad de aquellos que ocupan lugares institucionales tomar las acciones necesarias para fortalecer los ámbitos internacionales de decisión, así como implementar en nuestro territorio las medidas que estén a nuestro alcance para mitigar los efectos del cambio climático. En el contexto donde las esferas supranacionales son el ámbito de abordaje de problemáticas que incumben a toda la población, es fundamental abrir canales de diálogo con la sociedad civil, las organizaciones sin fines de lucro, el mundo académico-científico y el sector privado, y con ello, promover un esquema de gobernanza democrática que acerque a la ciudadanía a la acción pública.

La Argentina ha asumido un rol activo en la producción de legislación ambiental, ya con la Reforma de la Constitución en el año 1994. La decisión de la Convención reformadora implicó una transformación sustantiva. En efecto, el artículo 41 de la Constitución dispuso un deslinde de competencias entre la Nación y las provincias en virtud de la cual corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Sin embargo, la relativización con que han sido sistemáticamente tratados los efectos al ambiente es lo que nos coloca en la actualidad en la necesidad de actuar con responsabilidad y urgencia. En este sentido, es necesario avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable en términos ecológicos, económicos y sociales. Esto es, establecer una modalidad de desarrollo que nos permita satisfacer las necesidades de nuestra generación sin menoscabar las posibilidades de reproducción de las generaciones venideras. Para ello, es necesario maximizar nuestra capacidad productiva de largo plazo y aprovechar el potencial productivo de nuestros ecosistemas, pero incorporando una racionalidad ambiental; esto es, internalizando los costos ambientales y los principios de la sustentabilidad en los paradigmas de la economía.

El proyecto de ley de presupuestos mínimos sobre cambio climático recientemente aprobado en el Senado de la Nación representa un instrumento más a la batería de proyectos que impulsamos quienes tomamos conciencia de la urgencia de la problemática social que la destrucción del ambiente genera. Pero será solamente una ley más en tanto y en cuanto los Poderes encargados de garantizar su cumplimiento sigan considerando al ambiente una variable de ajuste.

La autora es senadora nacional por Neuquén (Movimiento Popular Neuquino)