El 2019 no es un buen año para las energías renovables. Pese a que hay pendientes de entrada en operación comercial cerca de sesenta proyectos, la continuidad del proceso se ve afectada por condiciones macro de nuestro país.
Desde 2017 se hizo gran hincapié en inversiones de generación limpia, donde la Argentina obtuvo más de dos mil millones de dólares de inversión pública y privada. Cerca de 2 GW de proyectos de energía renovable se han implementado en todo lo extenso del país, acompañados de inversiones internacionales y participación activa del mercado local. Sin embargo, nuestro país daba para más y no parecería legítima la continuidad.
Pese a que la ley 27191 estipula un incremento de la participación de las energías renovables progresiva hasta 2025 —alcanzando el 20% de la matriz eléctrica—, los objetivos en el largo plazo no parecerían cumplirse.
A priori las energías renovables requieren de una evaluación de recurso. Actualmente la mayoría de los sitios con buen potencial —sobre todo eólico y solar— están claramente identificados y ponderados. Sin embargo, esta condición no es suficiente y el transporte eléctrico, la línea de media o alta tensión que se puede observar por los laterales de las rutas, requieren inversiones multimillonarias que en la actualidad no están previstas y que, sin ellas, no se puede pensar en incorporar nueva generación a la red.
La inversión de líneas de transporte eléctrico fue englobada en las inversiones de participación público privada (PPP), que a la fecha están completamente demoradas debido a la condición global del país. Si bien el próximo gobierno no debería amedrentar la continuidad del crecimiento de las energías renovables, la falta de capacidad de despacho eléctrico constituye un cuello de botella natural en este proceso.
Cada inversión en transporte eléctrico puede demorar al menos dos años desde su inicio hasta que esté construido y, según previsiones, esto demoraría el objetivo reglamentario de la ley 27191. Para que no cesen estas inversiones, el Gobierno nacional ha definido una nueva subasta llamada "Mini Ren" donde los proyectos son más pequeños (antes eran de hasta 100 MW, ahora solo de hasta 10 MW) y se interconectarían en redes de distribuidoras existentes, con capacidad eléctrica para el despacho.
Se suman además a la Argentina, nuevos "desafíos eléctricos", que es la incorporación de movilidad eléctrica y energía distribuida (ley que permite que los usuarios puedan generar su propia electricidad y, si hubiere remanentes en la red, venderlos). Por lo que la efervescencia de las energías renovables requerirá de decisiones respaldadas en el tiempo para que puedan efectivizarse.
Para disconformidad del lector, pero realidad del sector eléctrico, todas estas iniciativas pasan a ser productivas con el sistema de ajuste tarifario. Con el esquema de subsidios que disponía la Argentina a la fecha, resultaba impracticable cualquier medida de fomento a las energías renovables. De esta variable sí dependerá la decisión política del gobierno de turno.
Está claro que para aumentar la productividad de un país, en términos industriales, la energía debe ser un input estratégico. Por otro lado, la Argentina, y como primera medida de este Gobierno cuando asumió, está adherida al protocolo de París que compromete a las naciones a ser responsables con la emisión de gases de efecto invernadero y establecer un compromiso de mitigación.
La autora integra la Diplomatura en Desarrollo y Financiamiento de Proyectos de Energía Renovable, UCEMA. Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.