Jujuy: ¿en qué momento nos volvimos tan crueles?

¿Somos conscientes de que causamos la muerte de una bebé en Jujuy? Ya tenía 6 meses de gestación, 700 gramos y estaba sana cuando su mamá de 12 años, víctima de abuso, llegó al hospital. Los médicos dijeron que lo mejor era llevar el embarazo a término o esperar unas semanas más para que la bebé pueda tener una vida sana.

En la provincia hay un protocolo de aborto no punible vigente que estipula que hasta la semana 22 puede practicarse un aborto por violación. La bebé tenía 24 semanas y media, según una ecografía. Estaba claramente fuera de los términos del protocolo, confirmó el ministro de Salud provincial.

Si el protocolo no estableciera un límite, podría abortarse a niños por nacer hasta el noveno mes. El límite suele ser la semana 22 porque el bebé ya tiene capacidad de sobrevivir y, si fuera abortado, literalmente alguien debería quitar la vida al niño durante el nacimiento o después. Sería claramente un homicidio. Esa es la parte que quienes promueven el aborto no dicen.

En este caso, con 24 semanas y media de embarazo, la posibilidad de un aborto fue rechazada de plano por los médicos. Pero fue tan fuerte la presión de los grupos abortistas que el gobernador, si bien no concedió el aborto, autorizó que se anticipe la cesárea. Adelantar un nacimiento pone en riesgo de vida al bebé y puede causar discapacidades permanentes. La vida de esta pequeñita dependió de la voluntad del gobernador, mientras un tumulto de gente pedía su muerte. Como una historia de las épocas más oscuras de la humanidad y no del siglo XXI. Nació prematura. Los jujeños la llamaron Esperanza.

Querían un aborto y no lo tuvieron. Y lanzaron una campaña que dice: "Cesárea no es ILE". ¿Qué pedían? Que se haga nacer a la niña y se la mate. No caben eufemismos. Lo pidió la Fundación Huésped, que recibe fondos del exterior para legalizar el aborto, a través de IPPF, la multinacional más grande de abortos del mundo; la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito; la Izquierda Diario, la Red de Comunicadores Feministas y otras tantas organizaciones abortistas. Lo pidieron mujeres de Unidad Ciudadana y diputados de Cambiemos. Uno acusó de "violencia institucional a quienes le exigen llevar a término el embarazo". Alguna usuaria pidió destituir a una diputada por pronunciarse a favor de las dos vidas.

Con violencia e irracionalidad se apuntó contra cualquiera que defendiese a la bebé. En las redes se leía: "No es un bebé"; "Ningún bebé no nato tiene derechos"; "Es una tortura"; "Un embarazo forzado". Tildaron de "antiderechos" hasta a los médicos que solo hacían su trabajo de acuerdo con la ley y la ciencia. En definitiva, reclamaban que la bebé, también mujer, persona, inocente, indefensa —la gran contradicción feminista— haya nacido, es decir, que alguien debía haberla matado antes.

¿Quedó claro que no quieren evitar abortos sino promoverlos y hasta el noveno mes si fuera necesario? No les alcanza el protocolo. No les importa la ley ni la Constitución, ni la ciencia, ni los médicos, ni la realidad, ni la bebé, ni la justicia contra el violador. Ni siquiera la niña de 12 años.

Esperanza murió en el hospital. Adelantar la cesárea le impidió desarrollarse lo suficiente para vivir. Muchos se empiezan a preguntar en qué momento nos volvimos tan crueles.

Hay gente festejando públicamente la muerte de una bebé. ¿Qué nos pasó? Aquellos que gritaron más fuerte, los más apoyados por los medios, son los que fueron escuchados por el gobernador, quien decidió adelantar la cesárea. ¿Qué estarán sintiendo? ¿Tendrá la Justicia la madurez para encontrar un responsable por esta muerte?

Para resolver el drama de los abusos y los abortos hay que asumir la realidad completa y escuchar todas las voces, especialmente las que saben —los médicos— y las víctimas del abuso. Escuchar el testimonio de quienes nacieron de una violación, de sus madres y de sus padres adoptivos nos deja perplejos, nos abre la cabeza y nos agranda el corazón. Nos ayuda a encontrar soluciones reales y humanas. El mundo real es muy distinto al de los famosos, los trolls de Twitter y las fake news.

Nadie puede decidir sobre la muerte de nadie. No podemos permitir que el Estado lo decida. Mucho menos que lo decida según "lo que pide el público". O que escriba leyes y diseñe políticas para aplacar la furia de quienes gritan más fuerte desde la caprichosa comodidad de sus smartphones o sus escritorios costeados por multinacionales. Es un ruido que no hace más que tapar las voces débiles de quienes sufren los problemas más profundos y urgentes. Y que ya se está cobrando vidas inocentes.

No hay punto intermedio: construimos una sociedad para algunos privilegiados o fundamos con Esperanza una Argentina solidaria con derechos humanos para todos.

La autora es consejera permanente de la misión argentina ante la OEA. Fue diputada nacional.