Trump debe eliminar las redes financieras de Hezbollah en América Latina

Nota escrita en coautoría con José Luis Stein

Transcurrida ya casi la mitad de la administración del presidente Donald Trump, aún está pendiente que se lleve a cabo una campaña amplia y coordinada en contra de las redes financieras de Hezbollah en Latinoamérica. Esto es particularmente relevante tratándose del área de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, en donde la organización terrorista apoyada por Irán mantiene su mayor actividad financiera en la región.

Los tres países de la Triple Frontera han elegido recientemente a líderes que han declarado que combatirán tajantemente a la delincuencia organizada trasnacional y se han comprometido a fortalecer la cooperación entre sí y con Estados Unidos. En enero de 2018, la administración Trump estableció un grupo de trabajo integrado por diversas de sus agencias, llamado Hezbollah Financing and Narcoterrorism Team. Ahora es el momento para que Estados Unidos y sus socios en el área de la Triple Frontera inicien acciones coordinadas en contra de las redes y los facilitadores de Hezbollah, lo que podría resultar en repercusiones importantes en la capacidad de la organización terrorista para obtener fondos, sobre todo ahora que Irán, su principal patrocinador, se enfrenta con grandes presiones tras el restablecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos.

Ha pasado más de una década desde que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos llevó a cabo acciones concretas contra Hezbollah en el área de la Triple Frontera. A finales de 2017 e inicios de 2018, parecía que la administración Trump mandaba señales de que se volvería a poner atención al tema.

En diciembre de 2017, un reportaje del diario norteamericano Politico señaló que la administración del presidente Obama había reducido sus esfuerzos contra Hezbollah para facilitar las negociaciones nucleares con Irán. En particular, el reportaje estableció que la administración Obama había obstruido deliberadamente el Proyecto Cassandra, una iniciativa ambiciosa de la DEA para frenar la introducción de drogas a Estados Unidos y Europa por parte de Hezbollah. Días después del reportaje, el entonces abogado general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó una investigación sobre cómo la administración Obama había lidiado con el Proyecto Cassandra. El 11 de enero, Sessions anunció la creación del antes mencionado Hezbollah Financing and Narcoterrorism Team.

No obstante, no se ha dado ninguna acción concreta recientemente en contra de redes de Hezbollah en Latinoamérica. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido sanciones contra personas en otras latitudes del mundo, incluyendo Adham Tabaja, uno de los patrocinadores libaneses clave. Adicionalmente, durante 2018, el Tesoro designó a 31 individuos y entidades, incluyendo 4 el mismo día que el Departamento de Estado de Estados Unidos estableció sanciones contra Jawad Nasrallah, el hijo de Hassan Nasrallah, uno de los principales líderes de Hezbollah. Pero Estados Unidos no ha establecido sanciones contra individuos vinculados con las operaciones de Hezbollah en Latinoamérica y en particular en el área de la Triple Frontera.

En octubre de 2018, la administración Trump comenzó a enviar nuevas señales de estar próximo a llevar a cabo acciones adicionales. Sessions anunció la formación de un grupo de trabajo contra de la delincuencia organizada trasnacional que habría de confrontar a Hezbollah y a otras cuatro organizaciones delincuenciales que representan grandes amenazas. Trump también elevó a rango de ley la regulación conocida como 2018 Hezbollah International Financing Prevention Amendments Act. Adicionalmente, en noviembre de 2018, durante su discurso en el American Enterprise Institute, el secretario adjunto del Tesoro, Marshall Billingslea, destacó que Hezbollah tiene una presencia muy relevante en el área de la Triple Frontera y que utiliza negocios que aparentan ser legítimos para llevar a cabo sus actividades financieras ilícitas.

Estos pasos sugieren que 2019 podría ser el año en que las operaciones de Hezbollah en Latinoamérica se comiencen a desarticular.

Existen tres factores que pueden explicar el nuevo énfasis de la administración Trump. Primero, los ingresos de Hezbollah provenientes de redes ilícitas en Latinoamérica están aumentando significativamente, ya que las necesidades financieras de la organización terrorista han incrementado y las sanciones de Estados Unidos contra Irán han afectado su principal fuente de financiación. Segundo, Hezbollah canaliza muchas de sus ganancias de actividades ilícitas en Latinoamérica a través del sistema financiero norteamericano, amenazando su integridad. Tercero, Argentina, Brasil y Paraguay están más preparados que nunca para dar golpes contundentes a la delincuencia organizada trasnacional. Esta convergencia, fortalecida por la elección de nuevos presidentes en Argentina en 2015, Paraguay, en abril de 2018 y Brasil, en octubre de 2018, ha creado un ambiente más constructivo para que se adopten acciones conjuntas, especialmente a partir de enero de 2019, con la asunción del nuevo presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Hay indicaciones claras de que este trío de presidentes planea cumplir con los compromisos que han asumido previamente. En julio de 2018, la Unidad de Información Financiera de Argentina, en cooperación con su contraparte de Estados Unidos, la Financial Crimes Enforcement Network, llevó a cabo el congelamiento administrativo de activos pertenecientes a 14 libaneses residentes en el área de la Triple Frontera, acusados de utilizar casinos de Argentina para lavar dinero y después hacerlo llegar a Hezbollah. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina ha estado liderando una evaluación nacional sobre riesgos de financiación de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, una de las primeras evaluaciones en enfocarse en estos temas específicamente en el mundo.

Paraguay también ha tomado acción. Poco después de que su nuevo presidente, Mario Abdo Benítez, asumió su cargo, en agosto de 2018, la procuradora Irma Llano emitió una orden de aprehensión contra Assad Ahmad Barakat, un patrocinador de Hezbollah sancionado por Estados Unidos en 2004, quien además es parte de la red en que se enfocaron las autoridades argentinas en julio de 2018. Unos días después, Llano emitió otra orden, esta vez en contra de Sobhi Mahmoud Fayad, un segundo patrocinador de Hezbollah que también ha sido sancionado por Estados Unidos. En septiembre de 2018, la policía brasileña arrestó a Barakat en su lado de la frontera, en donde permanece detenido en tanto se resuelve la solicitud de extradición hecha por autoridades de Paraguay.

Paraguay es clave para el éxito de los esfuerzos internacionales, dado que las redes de Hezbollah han centrado sus esquemas de lavado de dinero vinculado con comercio en el área de la Triple Frontera del lado paraguayo. El Gobierno del presidente Abdo parece estar determinado en enfrentar la delincuencia organizada, lo que representa un cambio tras la renuencia de sus predecesores en combatir la financiación de terrorismo y lavado de dinero. De hecho, Abdo ha hecho del combate a la delincuencia organizada trasnacional un tema central de su presidencia, mencionándolo en su discurso de toma de protesta y, más importante aún, dando inicialmente apoyo importante a las autoridades competentes para ir contra las redes de narcotráfico en el país. Los resultados han sido positivos: durante los primeros meses de la administración Abdo, las operaciones contra el narcotráfico en Paraguay han resultado en logros importantes, se detuvieron a mulas que transportaban cocaína en el aeropuerto de Asunción y se arrestaron individuos vinculados con la delincuencia organizada de Brasil.

Sin embargo, cuando se trata de combatir a Hezbollah, algunos viejos hábitos han interferido con el avance de Asunción. Autoridades de seguridad de Paraguay filtraron a la prensa información sobre la orden de aprehensión contra Fayad, mientras dicha persona se encontraba en El Líbano, por lo que se garantizó que pudiera eludir su arresto. Además, un alto funcionario de inteligencia paraguaya abiertamente comentó a uno de nosotros que la orden de aprehensión contra Barakat únicamente lo mantendría en prisión por un período muy corto y que en realidad se buscaba crear un ambiente político positivo y no dar un golpe serio a las redes de Hezbollah.

Las autoridades paraguayas además carecen de familiaridad con Hezbollah y repetidamente han rechazado, en conversaciones con uno de nosotros, la noción de que existan esquemas sofisticados de lavado de dinero en su país que excedan los esquemas básicos para evasión de impuestos y fraude financiero. Algunas de las autoridades que conocen a la comunidad libanesa en el área de la Triple Frontera han sido señaladas por extorsionar a sus miembros con acusaciones de terrorismo a aquellos que se nieguen a pagar sobornos. Algunos fiscales que trabajaron en casos de Hezbollah en el pasado también podrían estar manchados por corrupción, y otros tendrán que lidiar con una curva pronunciada de aprendizaje en lo que corresponde a la financiación de terrorismo.

Un cambio significativo, naturalmente tomará tiempo. Abdo apenas lleva cinco meses como presidente. Las redes regionales de Hezbollah son múltiples y complejas, y están entrelazadas con estructuras locales de poder. Algunos altos funcionarios locales han amasado fortunas y establecido redes de influencia gracias a su interacción con patrocinadores de Hezbollah y su colusión con la delincuencia organizada. Aquellos que deseen ir en contra de Hezbollah y sus finanzas ilícitas tienen que lidiar con fuerzas poderosas dentro del sistema.

Los medios han ilustrado la magnitud del problema recientemente. A finales de 2018, ABC Color, el principal diario de Paraguay, ligó la investigación "mega-lavado" —un caso de lavado de dinero de 1,2 mil millones de dólares, el más grande en la historia del país— con Hezbollah. El diario también alegó que el caso tiene pocas probabilidades de resolverse exitosamente antes de que prescriba el delito este año. Según ABC Color, 420 millones de dólares o lo que equivale a una tercera parte del dinero, se lavó a través de bancos estadounidenses. Si Paraguay no lleva a cabo denuncias, Estados Unidos debería hacerlo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos resaltó el caso de "mega-lavado" en su 2017 International Narcotics Control Strategy Report, indicando que era una señal de las deficiencias estructurales en materia de anti-lavado de Paraguay. La batalla contra la financiación de terrorismo de Hezbollah no puede ganarse a menos que Paraguay fortalezca sus regímenes anti-lavado de dinero y contra-financiación de terrorismo. Por ese motivo, Estados Unidos, junto con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), deben estar a la altura de las circunstancias.

Este año, por primera vez desde 2009, Paraguay será evaluado por el GAFI, la organización intergubernamental que establece los estándares internacionales de anti-lavado de dinero y contra-financiación de terrorismo y proliferación. En 2009, el GAFI concluyó que Paraguay tenía deficiencias estratégicas en la materia, haciendo notar que el Gobierno seguía sin establecer adecuadamente el tipo penal de financiación de terrorismo en términos del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, además de que no contaba con procesos satisfactorios para identificar, congelar y confiscar activos vinculados con terrorismo. En febrero de 2010, ante la falta de atención oportuna de estas deficiencias, el GAFI incluyó a Paraguay en su lista de países que representan un riesgo de lavado de dinero y financiación de terrorismo. Subsecuentemente, Paraguay desarrolló un plan de acción cuya implementación fue monitoreada de cerca por el GAFI. Eventualmente, el país demostró avances significativos y en febrero de 2012 salió del proceso de monitoreo que se le seguía.

Más recientemente, el GAFI actualizó sus estándares internacionales en 2012 y emitió una nueva metodología de evaluación en 2013. La nueva metodología es más demandante, ya que si bien continúa enfocándose en asegurar que los países cumplan con sus recomendaciones mediante la emisión de leyes y regulaciones relevantes, también enfatiza que los países deben de ser capaces de demostrar que están implementando sus regímenes financieros con acciones y resultados concretos.

Las evaluaciones del GAFI reciben bastante atención por parte de las autoridades, el sector privado y la opinión pública del país siendo evaluado, ya que un resultado negativo puede ocasionar un daño de reputación serio, así como afectar las relaciones de corresponsalía bancaria que son cruciales para la interconexión entre los sistemas financieros. Por ello, Paraguay debería de actuar rápido. Conforme avanza su agenda de reformas legales y regulatorias para cumplir con los nuevos estándares internacionales del GAFI, también debería de tener en mente que el GAFI y la comunidad internacional están sobre todo interesados en acciones demostrables y exitosas contra la financiación de terrorismo y el lavado de dinero. Para Paraguay, esto significa finalmente enfrentar las redes de lavado de dinero de Hezbollah en el área de la Triple Frontera.

Las medidas operativas que adopte Paraguay podrían tener un gran impacto si las implementa con Estados Unidos y con sus vecinos del área de la Triple Frontera. Estados Unidos tiene más inteligencia sobre terrorismo y su financiación que cualquier otro país. Adicionalmente, los programas de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tienen un alcance global que otros programas no tienen. Por ello, las autoridades paraguayas podrían trabajar con las autoridades de Estados Unidos, Argentina y Brasil para identificar entidades e individuos vinculados con terrorismo y su financiación en el área de la Triple Frontera y después establecer sanciones conjuntas para el congelamiento de activos. Llevar a cabo designaciones conjuntas mandaría un mensaje poderoso al sistema financiero global, y el congelamiento de activos relacionados con los individuos y las entidades designadas sería más extenso y efectivo.

Los ingresos de Hezbollah provenientes de lavado de dinero del área de la Triple Frontera se vuelven cada vez más relevantes, a la par que las contribuciones de Irán son menos certeras por el peso de las sanciones de Estados Unidos. Un alto funcionario de uno de los tres países en cuestión recientemente comentó a uno de nosotros que los esquemas de lavado de dinero de Hezbollah podrían estar moviendo aproximadamente 600 millones de dólares por año tan solo en el área de la Triple Frontera. La economía ilícita del área es aún más relevante. Hezbollah no dejará esta fuente de ingresos sin dar pelea.

Washington necesita estar a la altura de las circunstancias y asegurarse que sus socios en la región están completamente comprometidos. Terminar con la financiación de Hezbollah ha sido una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos durante décadas, pero las acciones han sido intermitentes en el mejor de los casos. Sin embargo, ahora, con un inesperado alineamiento de prioridades se ha puesto a Washington en sintonía con los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay. Ahora es el momento de que todos juntos lancen una ofensiva contundente.

Ambos autores son miembros de Foundation for Defense of Democracies.

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