Hace más de tres décadas, el economista argentino Adolfo Canitrot sostenía: "La política de apertura es un instrumento para disciplinar al mercado de trabajo y la conducta de la clase trabajadora". La teoría económica dominante de ese entonces, tal como ocurrió en numerosas ocasiones en la Argentina y el resto de América Latina, estaba absolutamente convencida de que la quita de aranceles impulsaría la flexibilidad, la eficiencia y el empleo, porque solo de ese modo se producirían mejoras productivas y competitivas.
Sin embargo, voluntaria o involuntariamente (seguramente más lo primero que lo segundo), no se contemplaba que "definir la competitividad de una nación es mucho más problemático que definir la de una corporación" (Krugman, 1994) y "la apertura del comercio desplaza puestos de trabajo de sectores que compiten con las importaciones […] el trabajador pierde su puesto de trabajo y tiene problemas para encontrar un nuevo puesto en los sectores exportadores en expansión (Krugman, 2012)". Complementándose con el aporte del persistente (y tentador) atraso cambiario, el fin último de estas medidas era, en realidad, combatir la inflación.
Visto en perspectiva, la competencia reduciría la inflación aunque, al mismo tiempo, se transformaría en una suerte de espada de Damocles que pendería sobre el futuro de las empresas y los trabajadores, porque deberían bajar precios, reduciendo salarios si se lo permitían "los sindicatos amigos", o alternativamente cerrar y generar desocupación. Otro efecto negativo sobrevendría del deterioro del saldo de la balanza comercial, el endeudamiento nocivo y, desde luego, la erosión de las reservas del Banco Central (BCRA) o la suba del tipo de cambio (la devaluación de la moneda, como vulgarmente se la conoce).
La estrategia de reducir la inflación a contrarreloj, apelando a una desesperada competitividad a través de correspondientes mejoras en la productividad (reducciones de los costos marginales, en términos microeconómico), tendría efectos colaterales difíciles de manejar (especialmente en democracia). En esencia, los logros carecerían de sustentos, erosionarían la estabilidad macroeconómica y el clima social, porque no resultarían de minuciosos y acompasados procesos sociales de aprendizaje obtenidos en ambientes provistos de consensos.
La atemporalidad de la teoría microeconómica recomendaría bajar costos a como dé lugar, pero en el plano macroeconómico social representaría un peligro por los daños perpetuos que quedarían alojados en el tejido social y los vicios que se incorporarían a la actividad productiva. Bajar costos de manera intempestiva, para ser productivos y competitivos, supondría instalar sensibles crisis sociales, porque, en esencia, requeriría desfinanciar todo lo que no esté de acuerdo con la "magia" pretendida por el funcionario de turno, deslumbrado por "los brillos" de la teoría microeconómica.
A grandes rasgos, peligrarían los programas básicos vinculados con las transferencias de alimentos, la oferta gratuita de salud, cultura y educación (ni hablar de los salarios docentes), entre otros gastos dirigidos a preservar la vida humana, arguyéndose la ineficiencia e ineficacia de esos métodos y la frecuente asociación con la corrupción.
Sin embargo, el ahorro de recursos (objeto del disciplinamiento) no necesariamente estaría disponible para ser aplicado al gasto social futuro debido a los condicionamientos provocados por las "filtraciones" de esos flujos "hacia lo desconocido": la economía no registrada (incluyendo "la labor de los paraísos fiscales", la patología no resuelta por las instituciones económicas de la globalización financiera denunciada por el mismísimo ex presidente Barack Obama). La apertura, e incluso la apreciación cambiaria, y la idea de disciplinar para mejorar la eficiencia concordarían perfectamente, porque, ni más ni menos, en ambas se estaría sugiriendo perseguir y alcanzar resultados en tiempo récord, y forzar y estabilizar la economía tomando el camino más corto (electoralista) antes que emprender pacientemente la reparación de la estructura económica preservando firmemente la distribución del ingreso.
Algo que nunca se informa en estas etapas históricas es el modo en que se reinsertarían los desplazados, el tiempo que estarían parados, la forma en que sobrevivirían sus familias (y las ciudades donde residen) y cómo se evitaría "el efecto desaliento". Cuando se ingresa en estos senderos, tajantemente podría indicársele a la economía: "La ciencia no piensa" (Heidegger, 1939) y que se requerirían otros saberes, no solo los provistos por los modelos formales (matemáticos) transformados en corriente principal (mainstream) del pensamiento en numerosas ocasiones desde la década del setenta del siglo XIX. Para soslayarse "estos humedales socioeconómicos" introducidos por la alquimia (entre ellas, los límites rígidos impuestos por las restricciones presupuestarias, la eficiencia y la productividad) y respaldados por una sociedad encandilada, sería necesario exhortarle a la ciencia pensar, comprender y consensuar antes que disciplinar.
El autor es economista. Profesor de la Universidad de Buenos Aires.