Estamos trabajando a contrarreloj para reducir la vulnerabilidad de los argentinos. Debemos planificar y adaptar la infraestructura para evitar inundaciones, incendios, desertificación y todos los efectos no deseados que nos trae el cambio climático.
Comenzamos en el año 2015 en la Conferencia de París (COP21), firmando el primer acuerdo vinculante mundial para ponerle límite al calentamiento global. En el año 2016 ratificamos el acuerdo en el Congreso nacional y en la COP22, en Marruecos, presentamos la metodología y las metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Llevamos a la COP23, en Alemania, los planes para reducir emisiones en el sector de energía, transporte y bosques. La clave radica en disminuir nuestras contribuciones de GEI con acciones concretas y viables. Para lograrlo necesitamos cooperar a nivel nacional, así como lo estamos haciendo a nivel internacional.
Entendimos que se trata de un tema transversal, que requiere de coordinación y esfuerzo conjunto. Justamente, los planes nacionales son fruto de un proceso participativo entre 17 ministerios nacionales, gobiernos provinciales, organizaciones de la sociedad civil, el sector académico y el privado. Su implementación articula los ministerios de Ambiente, Producción, Agroindustria y Obras Públicas, entre otros.
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Para el sector energético, que presenta el mayor potencial de mitigación, se proyecta una generación eléctrica a partir de fuentes renovables, sustitución de combustibles fósiles y mejora en la eficiencia de centrales térmicas. En este punto trabajamos en leyes claves, como la de generación distribuida, para que cada usuario pueda producir energía y subirla a la red.
En paralelo, la propuesta incorpora eficiencia en electrodomésticos y en alumbrado público, envolvente térmica en edificios, calefones solares, economizadores de agua y mucho más. Sabemos que, por ejemplo, solo aplicando sistemas de etiquetado en equipos eléctricos y de gas, se evitaría un gasto energético equivalente a dos represas hidroeléctricas como Yacyretá.
En cuanto al transporte, nos proponemos no solo disminuir las emisiones, sino además evitar el uso de 13 mil millones de litros de combustibles fósiles en las próximas dos décadas. Apuntamos a la rehabilitación del ferrocarril, la mejora de la eficiencia en el transporte de carga y el desarrollo de movilidad no motorizada. Incluimos también, dentro de la reforma impositiva, un impuesto a los combustibles fósiles que estará vinculado con la emisión de dióxido de carbono.
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El objetivo del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático para el año 2030 es no exceder las 483 MtCO2 eq, lo que representa el 0,6% del esfuerzo global necesario para alcanzar el objetivo de un aumento de la temperatura por debajo de los dos grados centígrados y es proporcional a nuestra contribución con las emisiones globales.
En lo inmediato, la presidencia argentina del G20 a partir del año próximo representa tanto una oportunidad como un desafío, dado que se trata de un grupo de países capaces de liderar acciones de mitigación y adaptación, pero, a la vez, de los responsables de más del 75% de las emisiones mundiales de GEI. Argentina ha creado un grupo de sustentabilidad climática dentro del G20 que comenzará a sesionar en 2018 con el fin de fomentar la acción de los países del G20 en relación con las estrategias de desarrollo bajo en carbono, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
El autor es rabino y ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.