Política económica: el heterogéneo primer año de Cambiemos

En el punto relacionado con el manejo del déficit fiscal, resulta difícil establecer una clara diferencia entre la gestión K y la a cargo del actual Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación

Nota escrita en colaboración con Leandro Moro

El primer año de la gestión gubernamental de Cambiemos da muestras de sobra para determinar qué tipo de programa económico se ha llevado a cabo (y hacia dónde va la economía) y bajo qué supuestos operan sus funcionarios, teniendo en cuenta la composición heterogénea del gabinete económico de Mauricio Macri.

En primer lugar, en lo referente a la política fiscal, se observa un claro sesgo hacia la idea de que Argentina posee una demanda efectiva deficitaria, que debe ser estimulada a través de la asistencia social "a la Keynes": muestra de ello son la extensión de las ayudas sociales, el aumento de jubilaciones y la ley de reparación histórica a los jubilados, entre otros.

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En el punto relacionado con el manejo del déficit fiscal, resulta difícil establecer una clara diferencia entre la gestión K y la a cargo del actual Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación. Si bien al inicio de la gestión la reducción del empleo público y la quita (parcial) de subsidios parecían encaminar al Tesoro a un manejo fiscal más responsable, la contracción del nivel de actividad ha hecho necesario que Alfonso Prat-Gay siga echando leña al fuego, por lo que lejos está el ministro de considerar la restricción presupuestaria del Gobierno, lo cual permite apreciar una clara tendencia populista.

Sin embargo, debe destacarse que el acuerdo con los holdouts ha permitido que el país vuelva a los mercados de crédito internacional y se endeude a menores tasas de interés. De esta manera, el financiamiento inflacionario llevado a cabo por la emisión monetaria por encima del 40% interanual de la gestión anterior se reemplazó por un fuerte endeudamiento en moneda extranjera. En el corto plazo, punto a favor para Hacienda; en el largo plazo, el principal problema es que la carga de deuda no se torne excesiva, a punto de comprometer la solvencia fiscal del Tesoro. Ya lo plantearon Thomas Sargent y Neil Wallace en su "aritmética desagradable": de no corregir el desajuste fiscal, más deuda hoy es más emisión monetaria (e inflación) mañana.

Diferente es la gestión del Banco Central (BCRA). La cartera encabezada por Federico Sturzenegger ha exhibido una fuerte preferencia por dominar los aspectos relacionados con la inflación, tal como es el mandato de la autoridad monetaria.

A través de la colocación de Lebacs, se contuvo la escalada de la cotización del dólar al momento de la liberalización del tipo de cambio (aun a costa de incrementar de manera notable el déficit cuasifiscal, ya que el retorno de los activos nominados en pesos alcanzó un máximo del 38 por ciento). En el mismo sentido, en el trade off inflación-nivel de actividad explicada por la curva de Phillips de corto plazo (que explotan los gobernantes en su ciclo político), Sturzenegger ha ubicado la economía en un segmento de la curva donde la inflación está en el sendero descendente, aun a costa de profundizar la recesión que la economía atraviesa. Evidencia suficiente para pensar que nos encontramos ante una concepción monetarista de la economía.

Tal discrepancia se pone de relieve en las declaraciones mediáticas de los funcionarios, quienes parecen tratar de torce la opinión pública a favor de su propia concepción. Mientras que hace poco tiempo Prat-Gay manifestó: "La inflación ya no es un tema", esta semana la autoridad monetaria comandada por Sturzenegger dejó sin cambios, en 24,75%, debido a que las expectativas inflacionarias parecen no "desinflarse" al ritmo esperado por el BCRA.

Asimismo, mientras el Banco Central seguirá manteniendo un claro sesgo antiinflacionario para asegurar que el proceso de desinflación continúe hacia su objetivo de una inflación entre 12% y 17% en 2017, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el Gobierno amplió en más de 130 mil millones de pesos los gastos del presupuesto de este año, de los cuales una parte se financia con recursos propios, pero el grueso agranda el déficit fiscal que se cubre con más deuda.

El ajuste fiscal parece no estar en mente del Gobierno: ya no hay margen para subir los impuestos, por lo que indefectiblemente el equilibrio fiscal (o al menos, la tendencia hacia él) debe venir de la mano del recorte del gasto público, ya que más deuda o emisión monetaria destinada a cubrir el rojo fiscal redundará en una tasa de inflación más elevada, con sus consecuentes impactos políticos, económicos y sociales.

No obstante, dado que el año próximo son las primeras elecciones de término medio para validar o no la gestión de Cambiemos, la política económica elegida será expandir la economía, aun a expensas del incremento del costo del nivel de vida.

En definitiva, a pesar de las insinuaciones de campaña sobre el cambio de tendencia en materia de política económica, y de algunas muestras de preocupaciones sobre el tema inflacionario por parte del ente emisor, la evidencia señalada y la prevalencia del ciclo político sobre el económico dejan ver que estamos frente a un gobierno de claro sesgo populista.

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