A sólo dos años de haberse otorgado jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la sanción de la ley 27044, nos sacuden los hechos aberrantes ocurridos en el Instituto Antonio Próvolo para niños sordos e hipoacúsicos de Mendoza.
Nuestro país está entre los primeros en adherir y ratificar los tratados internacionales de derechos humanos, pero está muy lejos de cumplirlos. En tal sentido, la citada convención obliga a los Estados parte a garantizar que las personas con discapacidad accedan a los derechos, sin embargo, el Estado argentino —en cualquiera de las jurisdicciones: nacional, provincial, municipal— está ausente y delega sin control el cuidado de aquellos que enfrentan las más terribles condiciones de vulnerabilidad. En el caso del Instituto Próvolo, la ausencia del Estado es más grave aún, porque las personas sordas abusadas son niños y niñas.
El doble discurso de un Estado con leyes actualizadas y de vanguardia sobre derechos humanos y la ausencia de las políticas públicas para asegurar el cumplimiento de esas normas nos llama a una profunda reflexión como sociedad. ¿Por qué esos niños sordos no pueden expresarse en su lenguaje natural: la lengua de señas argentina? ¿Por qué la Cámara de Diputados de la Nación no la ha reconocido aún si hace años hay un proyecto de ley esperando tratamiento? Somos uno de los pocos países en el mundo que no ha reconocido la lengua de señas como natural de la comunidad sorda. Esta permitiría que las personas sordas se expresaran, reclamaran, aprendieran y pidieran auxilio, contaran con intérpretes cuya presencia debería estar garantizada por el Estado, cumpliendo con lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, estamos frente a un acto gravísimo de discriminación, que lesiona los derechos de las personas sordas, que gritan en el silencio.
Otro cuestionamiento que debe hacerse es el del papel de la Iglesia Católica en la educación argentina. Es el Estado argentino el que debe garantizar el acceso a una educación igualitaria y no derivar fondos a la Iglesia Católica para evitar el gasto de construir escuelas públicas donde todos los educandos argentinos deberían ser iguales. ¿Qué control puede ejercer el Estado argentino detrás de los muros de una institución religiosa?
Nuestra sociedad sostiene con profunda hipocresía un sistema educativo donde algunos niños con o sin discapacidad reciben una educación denominada "privada", sostenida en un alto porcentaje por los impuestos de todos los argentinos. Es la piedra angular de la discriminación y la desigualdad. El Estado debe garantizar la mejor calidad de educación pública e inclusiva. La Constitución Nacional y las constituciones provinciales lo mandan expresamente y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga y compromete al Estado argentino a incluir a los educandos con discapacidad brindándoles los apoyos necesarios.
El sistema del Instituto Próvolo es un sistema colonial, superado en los debates legislativos hace mucho tiempo. ¿Por qué entonces la Iglesia Católica es la que se ocupa de instituciones educativas con el dinero de todos los argentinos? Muchos padres de niños con discapacidad deben acudir a estos institutos porque el Estado no se ocupa, no invierte en educación e inclusión. Detrás de los ropajes hechos de leyes y tratados sobre derechos humanos que no faltan en los discursos de quienes gobiernan hay abandono cruel y falta de control.
La Iglesia Católica es una institución que debe hacer una profunda introspección. Son muchas las víctimas de un sistema que esconde la pedofilia o la traslada a países llamados en desarrollo, como si la víctima indefensa de una pequeña localidad de una provincia argentina no sufriera el horror de la aberración como la de un país del Primer Mundo.
Este caso escalofriante nos llama a reflexionar y accionar: como primer paso, hay que reconocer de forma urgente la lengua de señas argentina y crear una escuela de intérpretes para que estén presentes en las escuelas públicas. La educación inclusiva requiere de apoyos y deben proveerse en forma inmediata destinando el presupuesto que sea necesario para ello. Nuestro Estado debe hacerse cargo de las instituciones educativas denominadas "especiales", a fin de convertirlas en apoyos para que las personas con discapacidad accedan a la educación común.
La Justicia tiene su parte en esta cuestión con el deber de estar a la altura de la gravedad del delito, con métodos de investigación modernos y con tiempos razonables que permitan a las víctimas y a sus familiares sentirse nuevamente amparados.
Las estadísticas reclaman la acción inmediata de las autoridades. Según las Naciones Unidas, en Latinoamérica el 80% de las niñas y las mujeres con discapacidad fue o es víctima de alguna clase de violencia y abuso sexual. Por eso, también, desde el Estado hay que confeccionar un censo con estadísticas sobre personas con discapacidad víctimas de abuso o violaciones, especificando cuántas de ellas estaban institucionalizadas; deberían medirse datos transversales que tengan en cuenta varios aspectos.
Desde el Congreso seguimos el caso Próvolo, todos los recursos de la Comisión de Discapacidad están a disposición para esclarecer el tema, presentamos un proyecto de resolución expresando preocupación por la gravedad de los hechos y la ausencia del Estado.
¿Cuántos más deben sufrir para que actúen los que están obligados a actuar? Los responsables de los abusos sufridos por estos chicos son muchos sectores de la sociedad, debemos accionar para que la discapacidad no se convierta en vulnerabilidad y para que exista de una vez por todas protección, igualdad de derechos y oportunidades para chicos con y sin discapacidad.
La autora es diputada nacional del Partido Socialista, vicepresidente de la Comisión de Discapacidad del Congreso nacional.