
A mediados de la década de 1960 se generalizó y organizó el régimen de jubilaciones en Argentina. Aunque presentada como un avance social, esta medida significó una gran ventaja financiera inmediata para los gobiernos al establecer aportes obligatorios para un gran número de trabajadores, siendo muy escasas las jubilaciones a pagar. Tanto es así, que hasta mediados de los 70 el sistema tuvo superávit.
Es difícil saber si en la cabeza de las autoridades de ese momento pesó más la ventaja financiera inmediata o la futura solución al sostenimiento en la vejez. Tampoco era muy grande el pasivo asumido ya que las edades mínimas para el acceso a la jubilación ordinaria fueron fijadas en 60 años para los hombres (la gran mayoría de los trabajadores en ese momento) y 55 años para las mujeres, mientras que la esperanza de vida promedio era de 64 años. Simplificando, se estimaba que se pagaría un promedio de cuatro años de jubilación a cada persona.
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El mero paso del tiempo fue licuando esta ventaja hasta tornarse en un perjuicio. Fue aumentando el número de jubilados, por envejecimiento de los aportantes y por alargamiento de la esperanza de vida, hasta que a fines de los 70 el sistema se hizo deficitario. Esta dinámica se aceleró por la baja en la cantidad de hijos por cada mujer, resultando en un empeoramiento del ratio de jubilados sobre trabajadores activos. Para cubrir el faltante, el Estado recurrió a la recaudación impositiva general y a la emisión de dinero con el consiguiente aumento de la presión impositiva y la inflación.
Esta situación fue in crescendo hasta que en 1993 se sancionó el régimen de capitalización individual a fin de tener una relación directa entre los aportes de cada persona y la jubilación resultante, salvo un básico aportado por el Estado. Además, se le sacó al Estado la capacidad de administrar los fondos jubilatorios. También, teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida, se subió la edad jubilatoria en 5 años (60M/65H) aunque no se corrigió la diferencia ilógica entre ambos sexos.
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Desde 1993 hasta 2008 funcionó el sistema de capitalización individual con un acople con el sistema de reparto para aquellas personas que ya venían realizando aportes con anterioridad. Durante los gobiernos kirchneristas se incrementó el gasto público a niveles nunca vistos en la historia incurriendo en déficits cada vez más difíciles de financiar. Por esta razón, el gobierno decidió la reestatización del sistema jubilatorio. Esto implicó expropiar los fondos acumulados, unos US$ 29.000 millones, y tomar el control de la recaudación mensual por aportes. Un año antes, en un intento de hacer lo mismo de una manera más amigable, se había abierto la opción a todos los aportantes de volver al sistema estatal. A pesar de la propaganda oficial, esta iniciativa tuvo muy poca respuesta por lo que el Estado decidió que no importaba la voluntad de la población y avanzó con la expropiación.
Desde ese momento, el sistema no tuvo mayores cambios hasta el día de hoy, aunque a partir de 2007 se establecieron moratorias para acceder a la jubilación a personas que no habían realizado o completado sus aportes. Como resultado de esto, hoy el 60% de los jubilados o pensionados accedieron al beneficio sin haber realizado aportes completos. Los aportes previsionales cubren sólo algo más de la mitad de las prestaciones previsionales, el sistema está quebrado. Sólo sobrevive por aportes del gobierno nacional.
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Es imprescindible realizar una reforma del sistema que lo haga sostenible. Lo primero que habría que realizar es aumentar y unificar la edad jubilatoria, teniendo en cuenta que la esperanza de vida hoy alcanza los 76 años (79 mujeres / 73 hombres) corrigiendo la incongruencia de fijar una edad jubilatoria más temprana para las mujeres, especialmente teniendo en cuenta que ellas viven más que los hombres. Hoy en día las mujeres cobran 11 años más de jubilación que los hombres por la diferencia en edad jubilatoria y en la esperanza de vida. Aunque sea políticamente incorrecto decirlo, aun igualando edades jubilatorias, seguirá existiendo un subsidio en favor del sexo femenino.
Por último, mejora el nivel de vida de la sociedad y también la calidad de vida de las personas que estas se mantengan activas mientras sea posible hacerlo. Los avances en la salud lograron que la mayoría de las personas de 65 años están perfectas condiciones para seguir trabajando cuando hace 70 años la mitad ya había fallecido antes de llegar a esa edad.
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Concluyendo, hoy el sistema está quebrado, descarta personas saludables y con capacidad para seguir produciendo y aumenta el costo de los trabajadores activos haciéndonos menos competitivos frente al mundo. El incremento de la edad jubilatoria es el camino racional desde un punto de vista lógico, estadístico y económico. Como probablemente no es un tema que sume votos, se habla poco y nada de este tema, pero es responsabilidad de las autoridades ponerle el cascabel al gato.
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