Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, contra quien la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión por el delito de uso de fondos a través del sistema financiero de carácter ilícito para beneficio propio o de terceros, publicó una carta en redes sociales en la que explica que el día de hoy no se presentará ante el Juez de Control del Reclusorio Norte, como se lo habían pedido como condición para que se suspendiera su captura.
El pasado miércoles 4 de junio, el juez del distrito especializado en Sistema Penal Acusatorio, concedió la suspensión definitiva de la detención a Lozoya, después de que el funcionario presentara un amparo con el argumento de que el crimen por el que se le acusaba no merecía prisión preventiva.
Pero para conservar la cesación de su procedimiento judicial se tenía que presentar ante las autoridades el día de hoy. Sin embargo, a través de una carta difundida en sus redes sociales, manifestó que no asistirá a la cita agendada ya que considera que no cuenta con las garantías legales para hacerlo.
"Es claro que si me presento ante el Juez de Control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no lo amerita", argumentó en la carta publicada el lunes por la noche.
En un desplegado de nueve puntos, explicó que considera que la investigación penal en su contra se ha llevado a cabo en medio de irregularidades y de la ilegalidad.
El primero de sus argumentos de inconformidad fue que se le concedió a la FGR el giro de una orden de aprehensión en contra suya y su hermana Gilda Susana, cuando las acusaciones no ameritaban ningún tipo de captura.
Aunque en el pasado, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que la prisión preventiva si era necesaria. Además de que, según lo escrito en su carta, siempre estuvo disponible para presentarse ante las autoridades cuando se le era solicitado.
También declaró que el Juez de Control encargado de su caso, por solicitud de la Policía Federal Ministerial, liberó una orden de cateo a la vivienda de sus padres con el motivo de investigar a su hermana; aún cuando los oficiales tenían información de que Gilda Susana ya había cambiado de domicilio.
El ex funcionario, quien por orden de la FGR fue cesado de ocupar cargos públicos durante 10 años, también expresó su inconformidad debido a que sus representantes legales solicitaron una copia del expediente en donde se le acusa y el cual no ha sido entregado. "Esta ilegalidad por parte de la FGR es inaudita, ya que es un derecho de cualquier ciudadano conforme a la nueva ley, para poder defenderse ante supuestos ilícitos", manifestó en el documento.
Igualmente declaró que ha habido una persecución mediática en su contra desde 2017, que tiene intereses políticos "los cuales serán develados en su momento", dijo en la carta.
Fue en ese año cuando directivos de las empresas Odebrecht y PHL declararon que Lozoya había recibido 10.2 millones de dólares como soborno, para que Pemex le asignara contratos también millonarios a las compañías.
En el documento compartido en redes sociales, el ex director de Pemex dijo que ha instruido a su equipo de representantes legales que trabajen en garantizar un justo proceso que lo hagan sentir seguro para que él pueda continuar participando en la investigación.
"En el momento en que la Fiscalía General de la Nación me dé las garantías a las que tengo derecho, de inmediato estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados", expuso.