El sistema de seguridad social en Nicaragua enfrenta un grave deterioro que deja a la mayoría de los adultos mayores sin acceso a una jubilación y sin protección económica.
Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revela que la escasa formalidad del empleo, la falta de programas de ayuda para personas de la tercera edad y las decisiones políticas de las últimas décadas colocaron al país entre los más rezagados de la región en materia de pensiones.
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La situación laboral del país explica en gran parte este escenario. Dado que la mayor parte de la población trabaja por cuenta propia o en actividades informales, el volumen de empleados que aporta dinero cada mes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) resulta sumamente bajo.
Según los datos del organismo regional, existe una relación directa entre el bajo nivel de ingresos de la economía nicaragüense y la escasa cantidad de trabajadores con cobertura, lo que reduce los fondos disponibles para pagar jubilaciones futuras.
A diferencia de otras naciones latinoamericanas que crearon pensiones no contributivas, aquellas que el Estado financia con impuestos generales para auxiliar a quienes nunca lograron cotizar, en Nicaragua no existe un esquema similar de alcance general. Quienes llegan a los 60 años sin haber cumplido los requisitos legales quedan excluidos del sistema y dependen por completo de la ayuda de sus familiares para subsistir.
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La investigación de la CEPAL detalla que mientras varios países del continente lograron que más del 90% de sus personas mayores cuente con un ingreso mensual, en el territorio nicaragüense persisten vacíos que marginan a gran parte de la población de edad avanzada. Esta carencia convierte a la vejez en una etapa de alta vulnerabilidad económica.
Las reformas del régimen de Daniel Ortega endurecieron las condiciones
El modelo previsional de Nicaragua funciona bajo el esquema tradicional de reparto, donde los aportes de los empleados activos financian las mensualidades de los jubilados. Frente al déficit operativo acumulado por el INSS, el régimen de Daniel Ortega recurrió a medidas de ajuste en dos momentos clave: en 2013 y 2019.
Estas reformas paramétricas modificaron las fórmulas de cálculo de los beneficios y aumentaron las cuotas que deben pagar tanto los trabajadores como los empleadores.
En 2019, tras una profunda crisis sociopolítica desatada un año antes por el descontento ante las modificaciones impuestas por el oficialismo, el gobierno de Daniel Ortega impuso recortes en las futuras pensiones e incrementó la carga contributiva, sin conseguir resolver las debilidades de fondo del sistema de seguridad social.
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Además, los problemas estructurales de cobertura se suma el apagón estadístico promovido por las autoridades estatales. El reporte de la entidad de las Naciones Unidas advierte que, ante la ausencia de encuestas de hogares recientes por parte del régimen, los análisis regionales sobre la insuficiencia de ingresos en el país debieron utilizar cifras de 2020.
Por lo que, esta opacidad administrativa impide conocer con exactitud el nivel de empobrecimiento de los pensionados frente al encarecimiento constante del costo de la vida.
Hacia las próximas décadas, el envejecimiento poblacional incrementará la presión sobre las finanzas del Estado, lo que anticipa un panorama complejo para las futuras generaciones de trabajadores que no disponen de garantías de retiro ni de una red estatal de protección social.
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