Sonia tiene 35 años, está desempleada y atraviesa un episodio de depresión tras un divorcio reciente. Cuando acudió al Hospital Primario Nilda Patricia Velasco de Zedillo, en Ciudad Sandino, buscó ayuda psicológica gratuita. La respuesta que recibió fue que debía esperar hasta seis meses para una cita.
El propio médico que la atendió le recomendó, antes incluso de registrar su caso, que acudiera a una clínica privada. Las consultas particulares que encontró costaban entre USD 50 y USD 75, una suma que no podía costear tras meses sin ingresos.
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Según relató, el profesional llegó a desaconsejarle el propio servicio del hospital por considerarlo deficiente. Desde entonces, intenta sobrellevar su malestar con ejercicio físico, sin haber recibido el tratamiento que buscaba, de acuerdo con una investigación de Divergentes, medio de comunicación nicaragüense.
El presupuesto de salud mental que no se puede rastrear
El caso de Sonia ocurrió en septiembre de 2026, apenas un mes después de que el Ministerio de Salud (Minsa) se comprometiera ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a fortalecer la atención psicológica y psiquiátrica del país.
El contraste entre la promesa oficial y la experiencia real expone un problema de fondo: la falta de cifras verificables.
Divergentes revisó el presupuesto del Minsa para 2026 y encontró que la institución dispone de 27.7 millones de córdobas - unos 753,433.63 USD- distribuidos entre cinco programas. Ninguno identifica qué porción de ese monto se destina a consultas psicológicas, atención psiquiátrica o medicamentos especializados.
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Los dos programas principales son Atención de Salud Hospitalaria, con 13,1 millones de córdobas (356,316.99 USD), y Atención Integral en el Primer Nivel, con 11,6 millones (315,517.33 USD). La salud mental no figura como un programa presupuestario independiente, de modo que resulta imposible saber cuánto dinero llega efectivamente a ese rubro.
El Minsa no ha informado con cifras actualizadas cuántos psiquiatras y psicólogos tiene Nicaragua para atender a su población. La ministra de Salud, Meyling Brenes, dijo en junio que 7,083 médicos trabajaban en la red pública, pero el ministerio nunca precisó cuántos de ellos son especialistas en salud mental.
Denuncias de malos tratos durante los internamientos
Carla, hermana de un joven diagnosticado con esquizofrenia, denuncia agresiones de otros pacientes y malos tratos del personal durante el primer ingreso de su familiar al Hospital Psiquiátrico de Managua.
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Los médicos habían recomendado tres días de observación, pero el joven permaneció diez en un pabellón junto a pacientes con trastornos más graves, según el relato recogido por Divergentes.
Tras recibir el alta, el joven le contó a su hermana que se había sentido interrogado en lugar de acompañado. “Yo sentía que me estaban interrogando como si fuese un criminal. No entiendo por qué me hablaban así”, relató Carla que le dijo su hermano a Divergentes.
“Es cierto que me decían cosas que yo no recuerdo haber hecho, pero me hablaban como si les estuviera mintiendo, en lugar de darme apoyo o seguridad”, agregó el joven ante la publicación.
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Desde 2020, el Minsa cuenta con una Norma de Atención en Salud Mental que fija criterios para el ingreso hospitalario y las responsabilidades del personal médico. Carla desconoce, sin embargo, si el hospital aplicó algún procedimiento ante las agresiones que denuncia o si existió algún tipo de sanción.
Una red de centros especializados insuficiente
La red pública nicaragüense cuenta con 79 hospitales y 153 centros de salud, según cifras del Minsa recogidas por Divergentes. A ellos se suman los Centros de Atención Psicosocial (CAPS), especializados en salud mental, que suman alrededor de 19 en todo el país.
El viceministro de Salud, Enrique Beteta, mencionó esa cifra durante el I Congreso Internacional de Salud Mental, celebrado el 8 de octubre. Representa un aumento respecto a los 16 centros que el ministerio registraba en 2023.
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Con una población de 6.9 millones de habitantes según las proyecciones del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), esos 19 CAPS equivalen a un centro especializado por cada 365,600 personas. La cifra contrasta con el crecimiento que el propio Minsa registró en otras áreas de la red hospitalaria.
Según una investigación de Infobae publicada en octubre, la inversión pública del ministerio aumentó un 160% entre 2018 y 2025, mientras que los cargos presupuestados para atender pacientes crecieron apenas un 12% en el mismo período.
El país mantiene, además, la menor disponibilidad de médicos por habitante de Centroamérica, con unos nueve profesionales por cada 10.000 habitantes, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud citadas en ese reporte.
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Lo que el Minsa dejó de publicar
Las dificultades actuales para evaluar el sistema contrastan con la información que el propio ministerio divulgaba años atrás. En 2019 registró 18,104 pacientes con enfermedades mentales y 130.825 atenciones relacionadas, cifras publicadas en 2020.
Entre 2017 y 2018, los trastornos de ansiedad representaron el 25% de las consultas, los problemas de la niñez el 24% y los cuadros depresivos el 17%.
El Plan Institucional de Corto Plazo 2022 fijó metas concretas: 42,011 atenciones psicosociales en los CAPS y 58,308 atenciones con medicamentos gratuitos.
En mayo de 2023, las autoridades registraron 299,155 atenciones acumuladas desde 2022, de las cuales 292,143 correspondían a adultos y 7,012 a menores de 15 años atendidos en el Centro Nacional de Salud Mental Infantil, en Managua.
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Para 2024, el Mapa Nacional de Salud contabilizó 24,742 casos de enfermedades psiquiátricas, frente a 14.594 en 2020, un alza del 69,5% en cuatro años. Los documentos institucionales más recientes, sin embargo, no ofrecen una actualización equivalente de las atenciones en los CAPS ni del cumplimiento de las metas fijadas en 2022.
La norma vigente de atención en salud mental estableció indicadores de seguimiento: actividades de prevención, disponibilidad de personal capacitado, abastecimiento de psicofármacos y camas para pacientes psiquiátricos en hospitales de segundo nivel. Según la revisión de Divergentes, no existen resultados recientes y comparables de esos indicadores.
Propaganda en las inauguraciones, silencio en los resultados
Mientras el Minsa reduce la publicación de datos sobre salud mental, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza las inauguraciones de centros de salud con fines de propaganda partidaria.
En marzo de 2026, durante la apertura del Centro de Atención Psicosocial y Recuperación de Adicciones Carlos Arroyo Pineda, en el barrio San Luis de Managua, el personal sanitario apareció en imágenes oficiales con banderas y símbolos del partido sobre sus uniformes.
El fortalecimiento de los registros clínicos figura entre las prioridades acordadas con la OPS. El organismo informó en su reporte anual de 2025 que se incorporó un componente de salud mental al expediente clínico electrónico, aunque no precisó cuántos establecimientos lo utilizan.
Un reportaje anterior de Divergentes documentó casos de pacientes cuyos expedientes se extraviaron y debieron repetir exámenes médicos, una falla que afecta en particular a quienes requieren tratamientos psiquiátricos prolongados.
La opacidad en salud mental se inscribe en un patrón más amplio. Una investigación de Confidencial, medio nicaragüense, reveló en 2026 que el régimen infló la cifra de 79 hospitales al sumar clínicas del Seguro Social y pequeños centros de baja capacidad, mientras la disponibilidad real de camas apenas alcanza una por cada mil habitantes, muy por debajo del estándar de la Organización Mundial de la Salud.
La escasez de especialistas tiene además un antecedente político. Según la Unidad Médica Nicaragüense, citada por Infobae, al menos 468 trabajadores de la salud fueron despedidos entre 2018 y 2020 por razones políticas, entre ellos especialistas y subespecialistas, muchos de los cuales abandonaron el país.
Sin cifras actualizadas sobre especialistas, tiempos de espera ni resultados de los programas anunciados, los compromisos asumidos por el Minsa ante la OPS permanecen sin forma de verificación independiente. Las experiencias de Sonia y Carla, mientras tanto, siguen sin encontrar respuesta en el sistema público.
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