La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) documentó 38 agresiones contra periodistas y medios de comunicación nicaragüenses entre julio y septiembre de 2026. El informe advierte que las amenazas, la vigilancia y las dificultades económicas continúan afectando la labor de quienes ejercen el periodismo independiente, tanto dentro de Nicaragua como desde el exilio.
El documento, titulado La prensa nicaragüense continúa informando, pero las amenazas y la precariedad ponen en riesgo su futuro, identifica 33 casos de agresiones verbales, escritas y digitales, dos hechos de violencia mediante el uso de tecnología digital y tres casos de desplazamiento forzado. El 87% de los ataques registrados fue atribuido a agresores no estatales.
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La FLED aclaró que sus cifras corresponden a casos denunciados públicamente o documentados con autorización de las personas afectadas. Por ese motivo, la organización considera que puede existir un subregistro debido al temor de las víctimas a denunciar y quedar expuestas a nuevas represalias.
Desde 2018, al menos 313 periodistas, directivos y trabajadores de medios nicaragüenses se han visto obligados a exiliarse. Sin embargo, abandonar el país no ha eliminado los riesgos. Los comunicadores que permanecen fuera de Nicaragua continúan denunciando amenazas, vigilancia y presiones que también alcanzan a sus familiares.
El 20 de septiembre de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a diez personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, tras considerar que enfrentaban un riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida y a la integridad personal. Entre las personas beneficiarias se encuentra Aníbal Toruño Jirón, director de DaríoMedios Internacional, además de periodistas de su equipo y familiares de algunas personas protegidas.
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Aunque la CIDH reconoció las acciones adoptadas por el Estado costarricense, consideró que no existían elementos suficientes para confirmar que el riesgo hubiera disminuido. Por eso, solicitó medidas efectivas que permitieran a los beneficiarios continuar su trabajo de manera segura.
La FLED también reportó que cuatro periodistas nicaragüenses en situación de riesgo fueron notificados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público de Costa Rica sobre el cierre de sus casos. De acuerdo con los testimonios recopilados, las amenazas relacionadas con la represión transnacional continuaban.
La precariedad económica constituye otro de los principales problemas. Durante el trimestre, al menos 14 periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica perdieron sus empleos, mientras que otros quedaron sin el respaldo de un programa de asistencia económica de emergencia suspendido por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex).
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La falta de resoluciones definitivas sobre solicitudes de refugio también limita el acceso a empleos, becas y oportunidades profesionales. Algunos comunicadores enfrentan obstáculos para cumplir requisitos administrativos, inscribirse ante la administración tributaria o emitir facturas electrónicas.
El informe documentó, además, presiones contra familiares de periodistas, propuestas para regresar a Nicaragua a cambio de dejar de informar y ataques digitales contra medios independientes.
DaríoMedios Internacional reportó que el 11 de agosto sufrió un ataque que provocó la suspensión temporal de su canal de YouTube, junto con intentos reiterados de acceso a su sitio web.
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La organización pidió reforzar los mecanismos de protección y el respaldo a periodistas y medios independientes nicaragüenses.
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