El canal NTN24 el 28 de septiembre en primicia dio a conocer la resolución que los cancilleres van a votar en la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Nicaragua.
La propuesta de al menos seis puntos, impulsada por Estados Unidos, Colombia y Perú. establece como primer pilar la liberación inmediata de todos los presos políticos y el esclarecimiento del paradero de las personas desaparecidas.
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Asimismo, el economista y político nicaragüense desterrado en territorio estadounidense Juan Sebastián Chamorro compartió el borrador del documento que se someterá a votación el próximo 2 de octubre ante los ministros de Relaciones Exteriores del continente.
El texto elaborado para el encuentro hemisférico sitúa la crisis de derechos humanos en el centro de las demandas diplomáticas. La iniciativa exige que las autoridades nicaragüenses pongan fin al encarcelamiento arbitrario por razones ideológicas y ofrezcan información detallada sobre las víctimas de desaparición forzada.
Para las familias de los detenidos, el cumplimiento de este apartado representa una medida indispensable para detener los abusos cometidos por el aparato estatal en Nicaragua.
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La propuesta exige la devolución de la ciudadanía a 452 personas expulsadas del país
En su segundo eje de acción, el borrador enfoca la atención en el despojo de la nacionalidad y el destierro forzado aplicados por el régimen nicaragüense. El proyecto de la OEA exige la restitución completa de los derechos civiles y la ciudadanía a más de 452 nicaragüenses expulsados del país, con la garantía de un retorno seguro.
La recuperación de la identidad legal busca recomponer la cohesión social destruida por las medidas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Asimismo, el documento demanda garantías efectivas para el ejercicio de las libertades de:
- Expresión
- Prensa
- Asociación
- Culto
- Reunión pacífica.
Esta disposición contempla la posibilidad de que los medios de comunicación independientes regresen a Nicaragua sin temor a represalias oficiales. La medida incluye también la devolución de la personería jurídica a más de 5,500 organizaciones no gubernamentales (ONG) que resultaron censuradas e ilegalizadas en los últimos años.
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La resolución demanda revertir 12 modificaciones realizadas a la Constitución desde 2007
Desde el año 2007, el oficialismo impulsó al menos 12 reformas a la Constitución, entre las que destacan las modificaciones introducidas en 2014, 2024 y los trámites efectuados entre 2025 y 2026.
Según el análisis de la OEA, estas enmiendas se diseñaron para perpetuar el control del ejecutivo, eliminar el equilibrio de poderes y bloquear la participación de la oposición política.
Ante ese escenario, los países miembros solicitan derogar las reformas constitucionales para devolver la separación de poderes y permitir que la ciudadanía decida de manera transparente el rumbo de la nación. La propuesta subraya que la reconstrucción del orden democrático en Nicaragua exige procesos electorales transparentes, competitivos y fiscalizados por la comunidad internacional.
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Restitución de propiedades confiscadas a particulares e instituciones
El proyecto de resolución exige además la devolución inmediata de bienes inmuebles, activos e instalaciones expropiados de forma arbitraria por el Estado. La medida abarca las propiedades confiscadas a ciudadanos particulares, medios de prensa, universidades privadas, empresas y colectivos religiosos.
Restituir el patrimonio incautado constituye un requisito indispensable para recuperar la seguridad jurídica y fomentar la inversión económica futura.
En el ámbito geopolítico y de seguridad regional, el borrador insta al retiro del suelo nicaragüense de todo personal, equipamiento tecnológico, infraestructura o capacidad militar y de inteligencia procedente de potencias extranjeras ajenas al continente americano. El documento menciona explícitamente a Rusia, China e Irán, y advierte que la presencia de estas fuerzas representa una amenaza directa para la estabilidad estratégica del hemisferio.
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En relación con los alcances del borrador, Juan Sebastián Chamorro sostuvo que, aunque el texto no reúne la totalidad de las medidas complementarias necesarias, significa un paso sustancial en el ámbito internacional. A juicio del dirigente nicaragüense, la importancia del proyecto radica en que la OEA deja constancia de una advertencia formal y coordinada dirigida a las autoridades en Managua.
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