El régimen de Nicaragua es responsable de la muerte bajo custodia estatal de ocho personas detenidas por razones políticas desde 2018, entre ellas el exjefe militar Humberto Ortega y el dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera, según un informe presentado este martes por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El documento, titulado “Anatomía de la crueldad estatal”, sostiene que los hechos investigados podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Los expertos identificaron posibles casos de encarcelamiento, tortura, desaparición forzada y persecución por motivos políticos.
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El presidente del grupo, el alemán Jan-Michael Simon, afirmó que un Estado que recurre a desapariciones forzadas y permite muertes de personas bajo custodia incumple los estándares mínimos de derechos humanos exigidos para una gobernanza democrática.
El informe sitúa estas muertes dentro de un patrón de actuaciones atribuidas a instituciones estatales. Según el documento, existen fundamentos razonables para considerar que la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio del Interior y el poder judicial participaron de manera sistemática, deliberada y coordinada en esos abusos.
Los expertos señalaron que ese aparato institucional actuaría bajo el control centralizado de los codictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia
Una parte central del documento está dedicada a Brooklyn Rivera, líder indígena miskito y fundador del partido Yatama. Rivera permaneció detenido de forma arbitraria durante casi tres años, hasta que las autoridades comunicaron su muerte el 31 de mayo.
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El integrante del grupo de expertos de la ONU Reed Brody afirmó que la dictadura nicaragüense primero privó de libertad a Rivera, después deterioró su salud y finalmente le quitó la vida. También cuestionó la explicación oficial sobre el fallecimiento del dirigente indígena.
Brody sostuvo que la versión ofrecida por las autoridades presenta inconsistencias. Añadió que las dudas se profundizaron por la negativa a permitir una autopsia independiente y por el entierro del cuerpo antes de que sus familiares pudieran despedirse.
El grupo de expertos instó a las autoridades a entregar los restos de Rivera a su familia y a la comunidad miskita. El informe plantea que ese procedimiento resulta necesario para garantizar el derecho de los allegados a conocer las circunstancias de la muerte y a realizar los ritos funerarios correspondientes.
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Humberto Ortega, detenido en un hospital militar
El reporte también aborda el caso de Humberto Ortega, hermano del mandatario y exministro de Defensa, quien murió bajo custodia en un hospital militar en septiembre de 2024.
Los expertos indicaron que no lograron verificar las circunstancias exactas de su muerte. Aun así, manifestaron “serias preocupaciones” sobre la atención médica que recibió y sobre si esta fue oportuna y adecuada.
Humberto Ortega, antiguo jefe del Estado Mayor nicaragüense, había expresado críticas contra la dictadura de su hermano en sus últimos años. Antes de su fallecimiento permaneció detenido e incomunicado, una condición que el grupo considera susceptible de constituir trato cruel, inhumano o tortura.
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Las otras seis personas mencionadas en el informe son Eddy Antonio Montes, Santos Sebastián Flores, Jorge Hugo Torres, José Modesto Solís, Mauricio Francisco Alonso y Carlos Cárdenas. Las ocho muertes bajo custodia fueron descritas como un resultado previsible de prácticas sostenidas por entidades del Estado.
Al menos 161 casos de desaparición forzada desde 2018
El informe de las Naciones Unidas también documentó que al menos 161 personas sufrieron desaparición forzada desde 2018 a manos de la dictadura. De ese total, 29 continuaban desaparecidas al momento de la presentación del documento.
Los expertos reclamaron que las autoridades revelen de inmediato el paradero de esas personas, liberen a todos los detenidos por motivos políticos e investiguen las muertes ocurridas bajo custodia estatal.
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Además, pidieron a la comunidad internacional que adopte medidas para garantizar la rendición de cuentas por los abusos denunciados. Entre las opciones señaladas figura el uso de la jurisdicción penal universal, un mecanismo que permite investigar y juzgar determinados crímenes graves fuera del país donde fueron cometidos.
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