Estados Unidos denunció ante la OEA que Nicaragua fue convertida por Rosario Murillo y Daniel Ortega en un “Estado policial dinástico”, una acusación que vinculó con violaciones sistemáticas de derechos humanos, persecución política, represión contra la sociedad civil y un pedido de mayor presión diplomática internacional.
En la misma intervención, Washington responsabilizó directamente al régimen por la muerte bajo custodia del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera y reclamó la liberación de todos los presos políticos que considera detenidos de manera injusta.
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Según la denuncia presentada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Panamá, el gobierno nicaragüense también profundizó las restricciones a la libertad religiosa: más de 300 clérigos y monjas fueron forzados al exilio, expulsados o se les negó el reingreso al país; la mitad de los obispos reside fuera de Nicaragua y al menos 51 sacerdotes enfrentan la posibilidad de apatridia.
El encargado de exponer la posición estadounidense fue el embajador de Estados Unidos ante el organismo, Leandro Rizzuto Jr., quien sostuvo que la salida de Nicaragua de la OEA no le permitió escapar al escrutinio internacional.
Washington ligó la denuncia a la crisis iniciada en 2018 y a cambios constitucionales de 2025
Rizzuto afirmó que desde la crisis iniciada en 2018 el régimen consolidó un sistema autoritario que, según Estados Unidos, representa una amenaza para la estabilidad democrática regional.
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También señaló que desde 2025 los cambios constitucionales impulsados por la Asamblea Nacional reforzaron aún más el poder político de Murillo.
Al describir el funcionamiento de ese sistema, el embajador dijo: “Los dictadores han silenciado, exiliado y encarcelado en condiciones horribles a miles de opositores reales y percibidos, incluidos ciudadanos estadounidenses. Los arrestos injustos continúan sin cesar y las autoridades someten a presos políticos liberados a vigilancia policial constante, acoso y limitaciones de movimiento”.
Ese señalamiento incluyó una acusación específica sobre la situación de los opositores, periodistas y exiliados. Según Rizzuto, el régimen incrementó el acoso y la violencia contra comunicadores nicaragüenses que permanecen fuera del país y ejerce una represión transnacional que preocupa al resto de la región.
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La denuncia incluyó libertad religiosa, muerte bajo custodia y falta de seguridad jurídica
Durante su exposición, el representante estadounidense añadió: “Persisten las violaciones de las libertades religiosas. La dictadura ha exiliado por la fuerza, expulsado y negado el reingreso a Nicaragua a más de 300 clérigos y monjas, la mitad de los obispos reside fuera de Nicaragua y al menos 51 sacerdotes enfrentan la posibilidad de apatridia”.
La acusación se conoció en un contexto de denuncias reiteradas de organismos internacionales sobre las restricciones impuestas a organizaciones religiosas y el exilio forzado de numerosos miembros de la Iglesia católica.
Rizzuto también se refirió a la muerte de Rivera bajo custodia. “Fue horrible, todavía debería estar vivo”, afirmó.
Luego atribuyó esa muerte de manera directa al régimen. “Estados Unidos considera a la dictadura Murillo-Ortega singularmente responsable de su muerte, condenamos el arresto y encarcelamiento de los miembros de la familia Rivera y pedimos la liberación de todos los presos políticos injustamente detenidos”.
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El embajador agregó que el clima político de Nicaragua afecta además cualquier expectativa económica. Sostuvo que ningún país puede esperar oportunidades de inversión en un Estado donde continúan las confiscaciones de bienes y persiste la ausencia de seguridad jurídica.
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