Compras y retiros con tarjetas podrían quedar bajo vigilancia del régimen en Nicaragua

La reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos en Nicaragua introduce una medida que obligaría a los bancos a reportar de manera mensual a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) todos los pagos, compras y retiros efectuados con tarjetas de crédito y débito, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Esta obligación recae sobre las instituciones catalogadas como “Sujetos Obligados”, lo que incluye a los bancos comerciales.

Según lo publicado por Nicaragua Investiga, el detalle remitido abarcará cada movimiento realizado por los usuarios mediante sus tarjetas, incluyendo información sobre los montos manejados, los lugares donde se efectúan las compras, los servicios abonados y las plataformas digitales utilizadas, además de las ciudades o países donde se llevan a cabo las transacciones o retiros.

Esta reforma se presenta como una modificación a la Ley Contra el Lavado de Activos, y su aprobación podría producirse en breve, de acuerdo con declaraciones de autoridades legislativas. Una vez que entre en vigencia, cada operación registrada con tarjeta será parte de un informe obligatorio que los bancos deberán enviar a la UAF. El sistema abarca tanto los movimientos efectuados dentro del país como los realizados en el exterior, sin distinción de tipo de operación ni de monto.

El acceso de la UAF a estos datos le permitirá conocer el historial de consumo de cualquier titular de una tarjeta, identificar los comercios y servicios utilizados, así como la frecuencia y el destino de los viajes donde se empleen estos medios de pago. El reporte mensual será exhaustivo, incluyendo tanto compras y pagos en comercios físicos como transferencias y transacciones en plataformas digitales. Además, la información proporcionada permitirá reconstruir los itinerarios de viaje de los usuarios de tarjetas que realicen retiros o compras fuera de Nicaragua.

Nicaragua Investiga señala que la medida supone el levantamiento de la confidencialidad bancaria sobre el uso cotidiano de tarjetas de crédito y débito. Antes de la reforma, los movimientos de este tipo estaban protegidos por el secreto bancario, lo que garantizaba la privacidad de los usuarios respecto a sus transacciones diarias. Con la entrada en vigor de la nueva normativa, esa confidencialidad se elimina, y toda la información pasa a estar disponible para revisión estatal.

El organismo encargado de recibir y analizar estos reportes es la UAF, que depende del Ejecutivo y cuenta con vínculos con los cuerpos de inteligencia. Su función será examinar cada informe remitido por los bancos, con el fin de vigilar las operaciones financieras y detectar posibles actividades vinculadas al lavado de activos. La obligación de los bancos de entregar estos reportes será regular y sistemática, lo que representa una transformación en la relación tradicional entre clientes y entidades financieras en el país.

Para los usuarios de tarjetas en Nicaragua, el principal cambio es que todas las operaciones realizadas con dinero plástico dejarán de ser privadas y quedarán sujetas al escrutinio estatal. Cada compra, pago o retiro se integrará en un registro que será analizado por la UAF, abarcando desde transacciones cotidianas hasta movimientos realizados durante viajes internacionales. Esta medida afecta a toda la población usuaria de tarjetas, incluyendo empresarios, profesionales independientes y ciudadanos comunes que utilicen estos medios para sus actividades diarias.

La reforma amplía de manera considerable la capacidad del Estado para registrar y monitorear la actividad financiera de los ciudadanos. El sistema de reportes obligatorios refuerza el control estatal sobre la información bancaria y la trazabilidad de las operaciones, estableciendo un mecanismo de vigilancia sistemática sobre el uso de tarjetas de crédito y débito en Nicaragua.

La iniciativa, presentada como una actualización normativa en materia de prevención de lavado de dinero, supone un cambio sustancial en la protección de la información financiera y en la relación entre los ciudadanos y el sistema bancario.