La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (órgano autónomo de la OEA) ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ampliación inmediata de las medidas provisionales para proteger a cinco disidentes nicaragüenses detenidos. El pedido surge ante la posibilidad real de daños irreparables para su integridad y derechos, derivada de una política de persecución sistemática ejercida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra más de cien opositores en los últimos ocho años, según informó la CIDH en declaraciones recogidas por la agencia EFE.
Entre estos beneficiarios se encuentran figuras con relevancia política y social dentro de Nicaragua: el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, quien fuera asesor presidencial y delegado de inversiones bajo el gobierno de Ortega; su hijo, el empresario Álvaro Baltodano Monroy; el coronel en retiro Carlos Brenes; su esposa Salvadora Martínez; y el opositor Larry Martínez.
La Procuraduría General de Justicia de Nicaragua, autoridad estatal encargada de la investigación y persecución penal, los identifica como presuntos creadores de “20 sociedades de papel” para lavar dinero y evadir impuestos. Tres de los mencionados tienen más de 65 años, lo que incrementa la urgencia por su estado de salud, de acuerdo a la Comisión. La organización Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, con sede en Costa Rica, confirmó los antecedentes y detenciones.
El paradero y las condiciones de reclusión de algunos de estos opositores generan especial preocupación en la comunidad internacional. El informe de la CIDH documentó que Baltodano Cantarero y su hijo permanecen en el centro de detención La Modelo, después de más de cinco meses desaparecidos; existen alegatos consistentes sobre falta de atención médica adecuada.
En el caso de Brenes, su esposa y Martínez, la Comisión señaló que sus ubicaciones permanecen desconocidas desde su detención, situación que incrementa el riesgo de violaciones graves a sus derechos.
Ante ello, la CIDH pidió a la Corte IDH ampliar las medidas provisionales a favor de estos cinco disidentes nicaragüenses por riesgo grave e inminente a su vida e integridad. Algunos llevan meses detenidos o con paradero desconocido, y la CIDH acusa al Estado de Nicaragua de no presentar pruebas de protección o investigación.
De acuerdo con el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 27 de su Reglamento, la CIDH sostuvo que el Estado de Nicaragua no ha emitido respuesta ni adoptado medidas para disminuir los riesgos mencionados, ni ha informado avances en la investigación.
Por esto, solicitó que la Corte IDH garantice la protección inmediata de la vida, integridad, salud y libertad personal de los cinco disidentes, además de requerir un informe oficial sobre su paradero o lugar de detención.
El contexto de la persecución a la disidencia y la reacción internacional
Las medidas provisionales que puede dictar la Corte IDH son de cumplimiento obligatorio y se reservan a escenarios de gravedad y urgencia comprobada. La petición de la Comisión se produce en un contexto signado por la crisis social y política en Nicaragua desde abril de 2018, con un marcado agravamiento tras los comicios generales del 7 de noviembre de 2021.
En dichas elecciones, Ortega —con ochenta años y en el poder desde 2007— fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, en una votación denunciada internacionalmente por la exclusión de sus principales rivales a través de arrestos y expulsiones. Conforme a la información recabada por EFE, un centenar de opositores, despojados de nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de “traición a la patria”, siguen sometidos a procesos judiciales y encarcelamientos.
Ante esa situación, la iniciativa de la CIDH y el recurso ante la Corte IDH se configuran como las principales instancias de protección para quienes enfrentan el peligro de desaparición o de condiciones carcelarias severas. La Comisión, por su parte, recalcó que sus gestiones formales y solicitudes de información al Estado de Nicaragua no han obtenido ninguna prueba concreta sobre la adopción de medidas de protección ni avances en los procesos judiciales.