La reciente retirada de la nacionalidad a 452 ciudadanos por parte del gobierno de Nicaragua ha incrementado el riesgo de apatridia y aumentado la persecución política contra opositores en el exilio, según el Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, elaborado por el grupo independiente creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Esta medida afecta principalmente a figuras disidentes: periodistas, activistas, líderes sociales, políticos opositores, defensores de derechos humanos, estudiantes y empresarios, la mayoría ya en el exilio al momento de la decisión oficial.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene en su informe que los afectados han quedado en una “situación cercana a la apatridia”, lo que implica la pérdida de protección legal que concede la ciudadanía y la imposibilidad de acceder a derechos fundamentales como trabajar, viajar o recibir servicios básicos. El documento enfatiza: “la retirada de la nacionalidad se ha convertido en una herramienta de represión política destinada a castigar a quienes critican al gobierno o son percibidos como opositores”.
Patrón sistemático de persecución tras la retirada de nacionalidad
De acuerdo con el informe citado por medios internacionales, los 452 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad a través de procedimientos judiciales calificados como irregulares, muchos realizados sin notificación formal ni presencia de los acusados. Varios de los afectados solo descubrieron su nueva condición al intentar tramitar documentos oficiales o renovar pasaportes fuera del país, sin haber recibido comunicación previa de proceso judicial alguno.
El grupo independiente creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU subraya que esta privación de ciudadanía no solo vulnera garantías legales individuales, sino que, al ejecutarse sin respeto por el debido proceso, coloca a los exiliados en una situación de desprotección extrema. En muchos casos, los afectados carecen de acceso a marcos de protección internacional, quedando expuestos a situaciones de vulnerabilidad jurídica y social fuera de Nicaragua.
El informe de la ONU detalla que la retirada de nacionalidad se integra a un patrón más amplio de persecución política, que incluye confiscación de bienes, restricciones al derecho de circulación y vigilancia sobre nicaragüenses en el extranjero. Estas maniobras refuerzan la intención del gobierno de castigar el disenso y consolidar el control sobre quienes considera adversarios.
Las acciones estatales han generado preocupación internacional por su impacto negativo en la seguridad jurídica y los derechos humanos de los afectados, muchos de los cuales permanecen en el exilio y sin acceso a la protección de ningún Estado.
El obispo nicaragüense Silvio Báez, actualmente exiliado, afirmó el mes pasado que privar de la nacionalidad a los ciudadanos constituye un crimen y exigió que quienes ejecutan estas acciones respondan ante la justicia internacional.
El régimen de Nicaragua ha ejecutado varias acciones: el 9 de febrero de 2023, la administración de Ortega y Murillo desterró a 222 expresos políticos—personas previamente encarceladas por su oposición al Gobierno y liberadas bajo la condición de exilio—hacia Estados Unidos, quienes también perdieron sus bienes y pensión de vejez. Seis días más tarde, otros 94 nicaragüenses y el entonces excarcelado obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fueron igualmente despojados de su ciudadanía. Posteriormente, el 5 de septiembre de 2024, 135 nicaragüenses fueron desterrados a Guatemala y también privados de nacionalidad.