El 18 de abril de 2018, manifestantes desafiaban a Daniel Ortega: más impuestos, menos prestaciones. Durante cinco días, la protesta tomó cuerpo y casi treinta personas murieron.
Las calles, alguna vez escenario de procesiones y plegarias, se transformaron en territorio prohibido. El régimen de Ortega y Rosario Murillo endureció su postura: en septiembre de 2018, declarar ilegales las manifestaciones políticas fue solo el principio.
El gobierno de Nicaragua ha intensificado la prohibición de manifestaciones religiosas en espacios públicos, medida que afecta de manera directa a miles de fieles y a la estructura de la Iglesia Católica. Esta política se enmarca en una campaña de hostigamiento contra líderes eclesiásticos. La prohibición de procesiones y actos de fe en la vía pública, confirmada por organizaciones católicas y fuentes eclesiásticas, evidencia el control creciente del Estado sobre las expresiones públicas de la religiosidad y la vida comunitaria.
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La participación activa de la Iglesia Católica, que buscó mediar en la crisis y acompañó a los manifestantes, la convirtió en blanco de ataques directos por parte del gobierno. Ortega acusó al clero de apoyar un intento de golpe de Estado, afirmando: “Yo pensaba que eran mediadores, pero no. Estaban comprometidos con los golpistas, eran parte del plan con los golpistas”.
En este contexto, el gobierno de Nicaragua declaró ilegales las manifestaciones políticas y, a partir de 2023, extendió la prohibición a las celebraciones religiosas fuera de los templos. La Policía Nacional notificó a los sacerdotes que toda actividad litúrgica debe realizarse en el interior de las iglesias, restringiendo por completo las procesiones públicas, incluso durante celebraciones tradicionales como la Semana Santa. Las restricciones también afectan a otras festividades, como el Corpus Christi y Cristo Rey.
De acuerdo con la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina, autora del informe “Nicaragua: Una Iglesia perseguida” y exiliada por motivos de seguridad, en el periodo 2019-2026 la dictadura de Ortega y Murillo habrá prohibido más de 27.000 procesiones en el país, lo que representa una cifra sin precedentes de limitaciones a la libertad religiosa. Molina documentó que para la cuaresma de 2026 se prevé la prohibición de 5.726 procesiones en 409 parroquias, distribuidas en las nueve jurisdicciones eclesiásticas del país.
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La presión estatal se traduce no solo en la restricción de actividades, sino también en la exigencia de reportes detallados a la policía sobre las celebraciones permitidas, incluyendo la identificación de los organizadores y la cantidad de fuegos artificiales a utilizar. Molina denunció: “Hay algunos curas que han sido obligados a dar los nombres, apellidos, número de cédula, direcciones y teléfonos de las personas que conforman los diferentes grupos parroquiales”, lo que ha incrementado el temor entre los fieles y el clero.
El impacto de estas medidas se refleja en la vida cotidiana de la Iglesia y sus fieles. El primer viernes de cuaresma de este año, la policía prohibió la realización de más de 409 procesiones de Vía Crucis en todo el territorio. Las celebraciones se limitaron a los espacios internos de los templos, mientras que las autoridades municipales convocaron actos religiosos sin autorización ni participación de la Iglesia.
La política de hostigamiento se ha extendido al plano diplomático y al liderazgo eclesial. Las relaciones con el Vaticano se encuentran suspendidas, cuando el Papa Francisco aún estaba en su ministerio petrino, expresó su “profunda preocupación” por la persecución de sacerdotes, obispos y laicos, el destierro de religiosos y la prohibición de procesiones. “No hay verdadera paz si no viene garantizada también la libertad religiosa”, sostuvo el pontífice en un mensaje recogido por ACI Prensa.
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La situación económica de los sacerdotes se ha visto agravada por la eliminación, en agosto de 2024, del fondo de retiro para religiosos jubilados, decisión ejecutada por Ortega y Murillo. El fondo, creado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y financiado con las colectas del Miércoles de Ceniza, había sido aprobado en 2005 y congelado desde 2023. La última colecta en la Catedral de Managua reunió 3.680 dólares, destinados a sostener a los sacerdotes ancianos, según informó el cardenal Leopoldo Brenes.
Las restricciones contra las manifestaciones religiosas, la presión sobre el clero y los laicos y la ruptura de relaciones con el Vaticano consolidan un escenario de represión sostenida. La documentación de más de 27.000 procesiones prohibidas desde 2019 evidencia la envergadura de la ofensiva estatal contra la Iglesia Católica y la libertad de culto en Nicaragua.