El 14 de enero de 2026, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que convierte al país en el único de Centroamérica que prohíbe de forma expresa la doble nacionalidad. La medida, ratificada por la mayoría sandinista y en vigor desde su publicación en el diario oficial, elimina el derecho a mantener la nacionalidad nicaragüense al adquirir otra ciudadanía, con excepción de los ciudadanos centroamericanos residentes.
Esta modificación afecta los artículos 23 y 25 de la Constitución Política. Ahora, la ley establece que “la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad”, rompiendo con una tradición legal que protegía el derecho a la nacionalidad de origen.
Según un análisis de ConstitutionNet, la reforma solo contempla una excepción para ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, quienes pueden optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a la propia, bajo la lógica de integración regional.
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha defendido la medida argumentando que la nacionalidad no es un simple trámite, sino un “pacto sagrado de lealtad”. “No puede haber doble fidelidad; la patria demanda compromiso exclusivo”, se lee en la exposición de motivos citada por Confidencial.
Las autoridades afirman que la reforma no es retroactiva y no afecta a quienes ya poseían doble ciudadanía antes de 2026, aunque la experiencia reciente ha generado dudas sobre la aplicación efectiva de esa garantía.
Diversos juristas y organizaciones internacionales han advertido sobre los efectos negativos de la reforma. La eliminación de la doble nacionalidad convierte a Nicaragua en una excepción regional, ya que países como El Salvador y Costa Rica han flexibilizado sus normativas para facilitar la integración de sus ciudadanos en el extranjero, quienes representan una fuente clave de remesas y vínculos económicos.
Riesgos legales para la diáspora nicaragüense tras la prohibición de la doble nacionalidad
Entre las consecuencias más inmediatas, quienes adquieran una nueva ciudadanía perderán todos los derechos asociados a la nacionalidad nicaragüense, incluidos el acceso a documentos de identidad, derechos sucesorios y la posibilidad de poseer propiedades en zonas restringidas.
La nueva normativa afecta especialmente a la diáspora nicaragüense, estimada en más de 700,000 personas desde 2018, quienes ahora enfrentan la disyuntiva de naturalizarse en otros países y perder su vínculo legal con Nicaragua.
Expertos señalan que el cambio constitucional se inscribe en una serie de reformas impulsadas por el oficialismo desde 2023, orientadas a limitar derechos y a consolidar el poder del régimen. El texto constitucional fue modificado en dos legislaturas consecutivas, siguiendo el mecanismo previsto, pero sin un debate ciudadano ni referéndum nacional.
Las implicaciones legales van más allá de la pérdida de ciudadanía. Expertos citados por American Emigration advierten que la reforma puede facilitar procesos de confiscación de bienes a quienes pierdan la nacionalidad y sean considerados extranjeros. Existen antecedentes de uso discrecional de la ley por parte de las autoridades para sancionar a opositores o críticos mediante la denegación de documentos y la cancelación de derechos civiles.
Finalmente, el régimen ha utilizado la eliminación de la doble nacionalidad como herramienta de control político, especialmente contra opositores y exiliados, quienes pueden ser despojados de su nacionalidad por decisión administrativa.
Desde 2023, casi 500 personas han perdido su ciudadanía por motivos políticos, según reportes de American Emigration. La nueva reforma institucionaliza esta práctica, otorgando al Estado un poder discrecional sobre la pertenencia nacional de sus ciudadanos.