Estados Unidos demandó la liberación “inmediata e incondicional” de un grupo de guardabosques indígenas mayangna, encarcelados en Nicaragua desde hace más de un año, intensificando la presión internacional sobre el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante informes de “hambruna” y “condiciones que son un peligro para la vida.” La exigencia fue emitida por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, que calificó al gobierno nicaragüense de “dictadura” y subrayó la gravedad humanitaria de la situación.
“Su liberación inmediata e incondicional es una cuestión de humanidad básica”, señaló el comunicado compartido a medios por la embajada de Estados Unidos en Managua. Este reclamo expone las condiciones extremas que enfrenta el grupo indígena detenido, agravadas por la denuncia oficial de “falta de atención médica.”
Denuncias de corrupción y represión
Los guardabosques, pertenecientes a la etnia mayangna, fueron arrestados en enero de 2023. Según el Ministerio Público de Nicaragua, se les acusó de crímenes como “organización criminal”, “usurpación de dominio público o comunal” y “aprovechamiento ilegal de recursos naturales”, tras ser identificados por organizaciones ambientalistas como guardabosques comunitarios que defendían los territorios indígenas en la región del Caribe norte.
De los 24 acusados, 10 fueron condenados y encarcelados. ONG como Fundación del Río, actualmente con sede en Costa Rica tras su ilegalización en Nicaragua, subrayaron que los detenidos “estaban a cargo de monitorear y denunciar la invasión de ‘colonos’, la venta y arriendo ilegal de tierras, la corrupción de las autoridades y las concesiones mineras que amenazan sus territorios.”
Graves riesgos para las comunidades indígenas
La situación de los pueblos originarios del país ha generado alarma internacional. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha advertido que las comunidades indígenas en Nicaragua “corren el riesgo de ser exterminadas” debido a la continua invasión de sus tierras. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cuatro indígenas mayangnas privados de libertad: Rodrigo Bruno Arcángel, Olvier Bruno Palacios, Evertz Antonio Bruno Palacios y Tony Alberto Bruno Smith, reconociendo la amenaza creciente que pesa sobre sus vidas.
Un contexto de pobreza y aislamiento
Las comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua viven en 304 localidades, distribuidas en 23 territorios, en las regiones más aisladas y desfavorecidas del país. Según datos oficiales, estas áreas presentan altos índices de pobreza y enfrentan la presión constante de actores externos interesados en la explotación de recursos naturales, lo que agrava la vulnerabilidad de estos pueblos ante la represión y la pérdida territorial.
Estados Unidos ha reiterado en sus declaraciones que los guardabosques están detenidos “por denunciar valientemente la corrupción de la dictadura” de Ortega y Murillo y ha expresado su preocupación por los “informes de hambruna”, que añaden un componente dramático a la crisis de derechos humanos en la región.