La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución poco habitual que otorga medidas cautelares a cuatro indígenas nicaragüenses encarcelados en las inmediaciones de Managua. La CIDH fundamenta esta decisión en el hecho de que los detenidos enfrentan “un riesgo grave y urgente para su vida, integridad personal y salud”.
Este pronunciamiento surge en un escenario donde la propia CIDH ha advertido sobre el afianzamiento de un régimen autoritario en Nicaragua, donde la respuesta estatal a la disidencia incluye detenciones arbitrarias y ataques sistemáticos a quienes critican al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El informe reciente del organismo regional, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), incluyó un diagnóstico severo: la represión gubernamental ha llevado a Nicaragua a figurar entre los peores contextos de derechos humanos en la región.
Según la CIDH, esta situación se manifiesta en la continuidad de arrestos sin fundamento legal y en la privación de libertad por motivos políticos a toda persona percibida como contraria al régimen, según informó EFE.
La CIDH fue enfática al reclamar la liberación inmediata de los presos políticos y pidió respaldo internacional para frenar la represión, restaurar el Estado de derecho y la democracia en Nicaragua. La vigilancia y persecución se extienden incluso al ámbito digital: el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) documentó que más de 60 personas fueron detenidas en semanas recientes solo por expresar opiniones en redes sociales sobre los acontecimientos en Venezuela. Este dato refleja la extensión del control estatal sobre la libre expresión y la criminalización de la opinión pública.
Los beneficiarios de las medidas cautelares —Rodrigo Bruno Arcángel, Olvier Bruno Palacios, Evertz Antonio Bruno Palacios y Tony Alberto Bruno Smith— permanecen recluidos en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, a las afueras de la capital nicaragüense. Todos pertenecen a comunidades indígenas del Caribe, y la CIDH advierte que, en estas condiciones, su detención puede tener consecuencias irreparables para su integridad.
La solicitud de medidas fue presentada por el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua y la Fundación del Río. Ambas organizaciones denunciaron una serie de hechos: amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia constante, obstáculos para comunicarse en su idioma y condiciones penitenciarias inadecuadas que afectan tanto la salud física como mental de los detenidos. Además, advirtieron sobre la ausencia de atención médica especializada. En su informe, la CIDH remarcó que “las autoridades nicaragüenses no proporcionaron información sobre estos hechos”, hecho que incrementa la desprotección de los afectados.
El caso ha traspasado fronteras y despertado reacciones internacionales. En noviembre, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el encarcelamiento de los guardabosques como “injusto” y denunció que su privación de libertad se debió a que reportaron la venta y alquiler ilegal de tierras y la corrupción de funcionarios en territorios indígenas.
La Fundación del Río aportó que los beneficiarios habían trabajado en la vigilancia y denuncia de invasiones de “colonos” en territorios indígenas, enfrentándose a la venta ilegal de tierras y a amenazas relacionadas con concesiones mineras y actos de corrupción. El conflicto escaló en enero de 2023, cuando la Fiscalía nicaragüense imputó a 24 personas, entre ellas los cuatro indígenas, bajo acusaciones que incluyen crimen organizado, usurpación y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.
Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) advierte que los pueblos indígenas en Nicaragua enfrentan un riesgo real de exterminio debido a la invasión persistente de sus tierras. Los datos oficiales del Cejil señalan que existen 304 comunidades indígenas y afrodescendientes distribuidas en 23 territorios, la mayoría localizadas en las zonas más pobres y marginadas del país. La vulnerabilidad de estos grupos se agrava por la criminalización de quienes denuncian estas prácticas y la falta de respuesta estatal.
Las medidas cautelares dictadas por la CIDH buscan ofrecer una protección urgente en medio de una dinámica que amenaza la libertad y la vida de los defensores indígenas, al tiempo que reflejan la preocupación global por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua.