El principio de “inembargabilidad de las pensiones” fue lo que le permitió el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volver a cobrar los pagos provenientes del ISSSTE, IMSS y de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le bloqueara sus cuentas tras las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa.
Cabe destacar que los señalamientos en contra del exmandatario y nueve personas más se dieron a conocer el pasado 29 de abril, derivando en dos solicitudes de licencia al cargo que había asumido desde 2021, tras haber ganado las elecciones bajo el ejercicio de distintos delitos que buscaron intimidar a las y los opositores, orillándolos a dejar el camino libre para que Rocha Moya llegara al poder, según precisa el documento de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
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La medida de la UIF fue dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la noche del pasado 13 de noviembre, casi siete meses después de que Rocha Moya quedara fuera del gobierno y la esfera pública.
Rubén Rocha Moya recibirá un pago que supera el millón y medio de pesos
Cabe destacar que, al haber solicitado licencia al cargo como gobernador su pago por este cargo quedó suspendido, el cual ascendía a 797 mil 014 pesos anuales. Sin embargo, sí tendrá acceso a tres remuneraciones correspondientes a sus pensiones:
- Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS): 760 mil 313 pesos anuales
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 554 mil 697 pesos anuales
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): 290 mil 286 pesos anuales
Cabe destacar que, en su declaración patrimonial actualizada en mayo de este año, el gobernador con licencia omitió declarar el pago que recibe de su pensión por viudez en el ISSSTE, la cual se le suministra mensualmente, obteniendo un monto de 24 mil 190.50 pesos.
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En suma, a diferencia de los otros acusados de Sinaloa, Rubén Rocha Moya obtendrá un millón 605 mil 296 pesos de manera anual, sin que hasta el momento se haya dado a conocer algún avance de la investigación que mantiene la Fiscalía General de la República (FGR).
¿Qué implica la medida de la UIF para los recursos del gobernador con licencia?
La UIF autorizó al gobernador con licencia de Sinaloa acceder únicamente a sus pensiones futuras por cesantía en edad avanzada, jubilación y viudez, tras una suspensión provisional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La medida surge de un procedimiento judicial que el propio exfuncionario promueve ante el tribunal, y no representa un desbloqueo total de sus cuentas bancarias.
La Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA limita el beneficio a las ministraciones que provienen del ISSSTE, el IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tribunal sostiene que estos recursos están protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones, lo que obliga a permitir su disposición pese a las restricciones financieras que pesan sobre Rocha Moya.
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El resto de los recursos del gobernador con licencia permanecen congelados. La SHCP precisó que cualquier operación financiera distinta a las pensiones señaladas sigue sujeta a las restricciones vigentes, y reiteró que su actuación responde al cumplimiento de resoluciones judiciales y al combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El caso que llevó a Rocha Moya a mantener un perfil bajo en la política
Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a su territorio. La acusación, presentada el 29 de abril en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que el entonces gobernador habría recibido apoyo político y sobornos a cambio de protección para la organización criminal.
Según el Departamento de Justicia, Rocha Moya habría pactado con Los Chapitos durante la campaña por la gubernatura de Sinaloa en 2021. Los fiscales estadounidenses sostienen que integrantes del grupo criminal habrían intimidado a rivales políticos y realizado acciones para favorecer su triunfo electoral. A cambio, el mandatario habría ofrecido colocar a funcionarios afines y facilitar el control del cártel sobre corporaciones estatales y municipales.
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Rocha Moya enfrenta tres cargos: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ese armamento. Las imputaciones contemplan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua si es declarado culpable.
En México, la FGR abrió una investigación en contra de las diez personas acusadas por Estados Unidos, sin embargo, ha sostenido que los estadounidenses no han aportado las pruebas suficientes para sostener las acusaciones públicas.
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