A casi siete meses de que Estados Unidos acusara a Rubén Rocha Moya de presuntos vínculos con Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, el exgobernador recuperó el acceso a sus cuentas bancarias donde recibe dinero de pensiones y jubilación, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concediera una suspensión que obligó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a levantar el bloqueo que mantenía desde el 18 de mayo.
El levantamiento del bloqueo, según el periodista Arturo Ángel en Milenio, se formalizó el pasado 5 de noviembre, sin embargo, la medida alcanza solo a una fracción de su patrimonio: el resto de sus cuentas y recursos financieros permanece congelado mientras avanza el litigio de fondo.
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Dos cuentas, tres pensiones y un trámite de seis meses
Una de las cuentas liberadas concentra dos prestaciones: una pensión de viudez otorgada por el ISSSTE y otra por cesantía en edad avanzada del IMSS. La segunda cuenta corresponde a los pagos de jubilación que Rocha Moya recibe de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), donde fue académico antes de llegar a la gubernatura.
El trámite para recuperar el acceso no fue inmediato. Rocha Moya solicitó primero su exclusión de la Lista de Personas Bloqueadas por la vía administrativa ante la propia UIF, pero el 4 de agosto recibió una resolución desfavorable que lo obligó a litigar en tribunales.
Sus abogados promovieron entonces un juicio ante la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, donde consiguieron la suspensión que permitió descongelar únicamente las dos cuentas destinadas a sus pensiones. El litigio de fondo, sin embargo, continúa abierto y sin fecha de resolución.
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Como parte de las indagatorias, el gobierno federal solicitó además información financiera relacionada con Rocha Moya y cuatro integrantes de su familia, de acuerdo con Milenio. El alcance de esa solicitud no ha sido detallado públicamente.
La acusación de EEUU
El origen del bloqueo se remonta al 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos nexos con el narcotráfico.
El exgobernador morenista enfrenta tres cargos: conspiración para el tráfico de drogas y delitos vinculados con posesión de armas de fuego.
Según la acusación estadounidense, Rocha Moya habría colaborado con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para facilitar el traslado de fentanilo y otras sustancias ilícitas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
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El exmandatario ha rechazado los señalamientos en cada oportunidad pública que ha tenido, mientras que el Gobierno de México ha argumentado que EEUU no ha dado información que les permita verificar las acusaciones.
La UIF incorporó a Rocha Moya a la Lista de Personas Bloqueadas el 18 de mayo, menos de un mes después de conocerse la acusación, como parte del procedimiento administrativo que acompaña este tipo de señalamientos financieros en México.
Rocha Moya no es el único señalado por el Departamento de Justicia que enfrenta consecuencias administrativas y legales en México. El exvicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, renunció al cargo tras permanecer seis meses con licencia; se le acusa de recibir pagos mensuales de 11,000 dólares a cambio de proteger a integrantes de Los Chapitos.
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Otros dos señalados optaron por entregarse directamente a las autoridades estadounidenses. Enrique Díaz Vega, extitular de Administración y Finanzas durante el gobierno de Rocha Moya, se habría entregado el 15 de mayo en Nueva York, aunque no hay más información sobre su caso.
Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y extitular de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó el 11 de mayo en Arizona tras cruzar por la garita de Nogales; en agosto se me movió de la prisión de Brooklyn, posiblemente bajo colaboración con la justicia de ese país.
El caso de Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, muestra otro desenlace: el 1 de noviembre venció el plazo de su licencia sin que se haya definido su reincorporación. Ana Miriam Ramos Villarreal continúa al frente del ayuntamiento mientras persiste la indefinición.
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El senador Enrique Inzunza Cázarez, extitular de Gobierno durante la administración de Rocha Moya, abandonó la bancada de Morena para continuar como legislador independiente y reapareció en el Senado el 31 de agosto.
Dos de los señalados, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito, recurrieron al amparo para evitar su detención y posible extradición.
Los dos casos restantes permanecen con menos claridad pública. Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, no han mostrado mayores movimientos.
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