Sentencian a un hombre y una mujer por transportar armas y arsenal bélico en una carretera de Tamaulipas

Al acreditar ante la autoridad judicial que Francisco “N” y Sandra “N” participaron en la comisión de los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de 10 años y ocho meses de prisión en su contra, además de la imposición de una multa económica.

La condena se dictó luego de que la institución acreditara, con pruebas presentadas durante el proceso, la responsabilidad penal de ambos imputados por el transporte de un arsenal localizado en territorio tamaulipeco. El caso se originó a partir de un reporte ciudadano que permitió a las autoridades federales ubicar e inspeccionar el vehículo en el que viajaba el material bélico.

Denuncia anónima y localización del vehículo en San Fernando

Los hechos se remontan a junio de 2025, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), recibieron una denuncia anónima vía telefónica.

El reporte hacía referencia a un vehículo en el que se transportaban diversas armas de fuego por una carretera de Tamaulipas. La denuncia incluía características específicas que permitieron a los efectivos policiales identificar la unidad en movimiento.

A partir de esa información, los efectivos policiales se trasladaron a la carretera federal 101, en el tramo Ciudad Victoria-Matamoros, a la altura del ejido Miguel Hidalgo, en el municipio de San Fernando.

En ese punto localizaron el vehículo descrito en la denuncia y procedieron a su inspección, lo que derivó en la detención inmediata de Francisco “N” y Sandra “N”.

El arsenal decomisado durante la revisión

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron 28 armas de fuego junto con cargadores de diversos calibres.

El inventario del decomiso también incluyó una mira telescópica, una culata, un bípode, un guardamano, una empuñadura y un rompeflamas.

Cada uno de estos componentes corresponde a accesorios tácticos que suelen emplearse para la adaptación y el funcionamiento de armamento de distintos calibres, según el listado que las autoridades federales detallaron al momento del aseguramiento.

Además de las armas y los accesorios, las autoridades aseguraron el vehículo en el que se transportaba el material y procedieron a la detención de los dos ocupantes, quienes no pudieron acreditar la procedencia ni la portación legal del armamento localizado.

Intervención de la FECOR y presentación de pruebas

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas.

Esta instancia, a través del agente del Ministerio Público Federal (MPF), fue la encargada de aportar ante la autoridad judicial las pruebas necesarias para sustentar la acusación contra los detenidos.

El procedimiento incluyó la integración de los elementos recabados durante la inspección vehicular, así como la documentación del operativo realizado por los elementos de la PFM en la carretera federal 101.

Con base en esa evidencia, la FECOR presentó el caso ante el órgano jurisdiccional correspondiente para continuar con el proceso penal contra Francisco “N” y Sandra “N”.

Sentencia de 10 años y ocho meses de prisión

Con base en las pruebas presentadas por la FECOR y el MPF, la autoridad judicial determinó la responsabilidad penal de Francisco “N” y Sandra “N” en los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Como resultado, se dictó una sentencia de 10 años y ocho meses de prisión contra ambos sentenciados.

A la pena privativa de la libertad se sumó la imposición de una multa económica, de acuerdo con lo informado por la FGR.

La institución federal destacó que la responsabilidad penal de ambos sentenciados quedó acreditada mediante el desahogo del proceso judicial correspondiente, que tomó como base los indicios asegurados durante la detención ocurrida en junio de 2025.

El caso forma parte de las acciones que la FGR, a través de sus fiscalías especializadas de control regional, lleva a cabo en distintas entidades del país para judicializar hechos relacionados con el acopio y la posesión ilegal de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas.