La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno de México ha insistido en que se retire el asilo político en Estados Unidos del juez de la Barandilla, Ulises Bernabé García, para que enfrente a la justicia por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014.
Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum dijo que el entonces juez no debería tener ese privilegio debido a que en ningún momento estuvo en riesgo su vida, ya que declaró de manera falsa que los estudiantes en ningún momento se encontraron en la Barandilla tras los ataques del 26 y 27 de septiembre.
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“Estamos insistiendo en que le quiten el asilo al juez de Barandilla del caso Ayotzinapa, a Ulises Bernabé, porque no tiene por qué tener, porque nunca estuvo en riesgo su vida, y declaró falsamente que los estudiante de Ayotzinapa no estuvieron ahí, y estamos pidiendo su extradición”, explicó.
Refiriéndose a Estados Unidos, la mandataria federal también dijo que solicitan reciprocidad a las autoridades de ese país “porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro”.
También destacó que siempre buscará tener una buena relación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con las autoridades de ese país, pero dijo que “es importante que haya siempre reciprocidad”.
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Nuevo informe revela el uso del celular de un estudiante desaparecido en la Barandilla
Las indagatorias del caso Ayotzinapa derivaron en la localización de uno de los celulares de los normalistas desaparecidos en el juzgado de Barandillas de Iguala, Guerrero, una pista que no se tenía de manera previa.
Sheinbaum dijo que este dato contradice la versión de que los estudiantes no estuvieron en ese lugar el día de los hechos, pese a que algunos de los sobrevivientes señalaron que sus compañeros fueron llevados a la zona luego de los ataques a los que fueron sometidos.
A partir de este hallazgo, las investigaciones apuntan al juez Ulises Bernabé, y a quien han solicitado en extradición para continuar con las indagatorias del caso.
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¿Qué más se encontró?
El fiscal del caso, Mauricio Pazarán Álvarez, detalló que el reanálisis de comunicaciones telefónicas, registros judiciales y grabaciones de seguridad recopilados durante más de una década permitieron obtener nuevos hallazgos que derivaron en la identificación de personas relacionadas con los hechos, así como de la implicación de funerarias y el Servicio Médico Forense (Semefo).
La revisión permitió identificar a 17 nuevos objetivos dentro de la investigación, identificados a través del estudio de llamadas entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, funcionarios públicos y dueños de la funeraria “El Ángel”.
La primera línea de investigación se centra en el estudio de comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y trabajadores de dicha funeraria, quienes también eran concesionarios del Servicio Médico Forense y gestor del panteón.
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Esta hipótesis se apoya también en declaraciones de tres testigos colaboradores, identificados con los seudónimos “Sonia”, “Damián” y “Neto”, rendidas entre 2020 y 2025. Los testigos refirieron que algunos estudiantes pudieron ser trasladados a instalaciones funerarias para desaparecer evidencia mediante procesos de incineración.
Tres teléfonos de estudiantes usados después de su desaparición
La segunda línea de investigación siguió la cadena de usuarios que utilizaron los celulares de tres estudiantes tras su desaparición. Uno de los casos derivó en actuaciones penales: el pasado 24 de agosto, un juez emitió una orden de arresto contra un exfuncionario de Iguala por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Otro de los dispositivos terminó en manos de un agente de la Policía Municipal de Iguala, que registró actividad durante la noche de la desaparición de los jóvenes. Un tercer teléfono aportó elementos que refuerzan la hipótesis de que algunos estudiantes fueron trasladados a la comandancia municipal, conocida como la barandilla.
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Un testigo que tenía 14 años en 2014 aportó nuevos elementos
La tercera línea surgió de una nueva revisión de los expedientes del caso. Los investigadores identificaron a una persona que habría intervenido en los acontecimientos y que tenía 14 años en el momento de los hechos, cuya identidad se mantiene bajo resguardo.
Su declaración, rendida el 30 de julio de 2026, aportó información que refuerza las imputaciones contra integrantes de Guerreros Unidos.
La cuarta línea de investigación se centra en las grabaciones de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. El análisis permitió reconstruir las acciones de funcionarios de alto nivel en relación con el ocultamiento de esas imágenes.
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Además, derivó en la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre a quien se le atribuye el delito de desaparición forzada de personas en perjuicio de los 43 estudiantes luego de presuntamente ordenar el ocultamiento de las videograbaciones.
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