Policías municipales montan cerco en carretera para evitar traslado del alcalde de Juchitán: operativo federal continúa

De acuerdo con información compartida por fuentes a Infobae México, se dio a conocer que elementos de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza bloquearon las entradas y salidad del municipio para evitar el traslado de Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal del lugar, quien fue detenido este miércoles.

Los elementos policiacos, al mando de David Vázquez Gualberto, director de la corporación, intentan detener el traslado del edil, montando un cerco en la carretera transismica, en espera de noticias o indicaciones ante la detención del presidente municipal.

Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, fue llevado a la base área de Ciudad Ixtepec para su posible trasladado.

En una fotografía que circula en redes sociales, presuntamente del hecho, se ve a varias patrullas y a los policías municipales bloqueando el paso en la carretera.

Fuentes cercanas al caso señalaron a Infobae México que pese a estos bloqueos, el edil puede ser trasladado por medio de helicóptero.

Detienen a Miguel Sánchez Altamirano

Miguel Sánchez Altamirano, alias Quetu, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido este miércoles durante un operativo, en medio de las investigaciones que autoridades estatales y federales mantienen contra grupos delictivos que operan en el Istmo de Tehuantepec.

La detención la habría llevado a cabo la denominada Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, un grupo de élite presentado apenas el pasado 21 de septiembre y está integrado por 100 policías especializados, 50 de la Fiscalía estatal, y 50 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para labores de inteligencia, investigación y operaciones contra homicidio, extorsión y estructuras delictivas.

La detención del edil se da luego de más de un año de operativos e investigaciones por la infiltración de grupos criminales en estructuras de seguridad de Juchitán.

Cabe destacar que en junio de 2025, como parte de la Operación Sable, autoridades estatales y federales intervinieron la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y el C2 de Juchitán. La Fiscalía informó entonces que investigaciones de inteligencia habían detectado a integrantes de la Policía Municipal y del centro de videovigilancia que eran utilizados para favorecer actividades delincuenciales.

Los 218 policías municipales fueron concentrados para someterse a evaluaciones de control y confianza, mientras la seguridad del municipio quedó temporalmente bajo responsabilidad de la Policía Estatal, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. El C2 también fue intervenido y pasó al control del C4 estatal.

Dicha investigación se dirigió contra integrantes de la corporación municipal y no significó, por sí misma, una acusación penal contra Sánchez Altamirano, sin embargo, a partir de esos operativos su nombre comenzó a aparecer de manera recurrente en publicaciones y mensajes que pretendían vincularlo con grupos criminales de la región.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió luego del asesinato de una pareja y su hija de seis años, ocurrido el 27 de marzo pasado en La Venta, agencia de Juchitán. El 8 de abril, la Fiscalía de Oaxaca detuvo a tres hombres por el multihomicidio y señaló que las investigaciones los relacionaban además con una red de extorsión y otros delitos.

Luego de las capturas circularon publicaciones que aseguraban que los detenidos habían mencionado presuntos vínculos y protección del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, y el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Emilio Moreno Pérez, según información difundida por el medio Quadratín Oaxaca.

Sánchez Altamirano rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que se trataba de una narrativa fabricada con intención política.

Harfuch confirma detención

Por medio de sus redes sociales, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alias Quetu, así como a Carlos Alberto N, alias La Parca.

Ambos, señaló Harfuch, cuentan con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Las investigaciones los relacionan con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que facilitaron la operación de grupos delictivos en la región.

Para afectar también su capacidad financiera, informó Harfuch, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con esta investigación.

El titular de la SSPC agradeció al Gobierno de Oaxaca y al gobernador Salomón Jara por su colaboración y coordinación permanente. Las investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular por completo la estructura criminal y detener a todos los involucrados. Harfuch dijo que, conforme se concreten nuevas detenciones, se informará.

Salomón Jara se pronuncia

Luego de que autoridades estatales y federales detuvieran este miércoles al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que en la entidad no habrá excepciones en la aplicación de la ley.

“En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley”, escribió Jara en sus redes sociales, donde reconoció el trabajo del gabinete de seguridad federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como la participación de la Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y otras instituciones federales y estatales.

El mandatario estatal sostuvo además que Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de “absoluta gobernabilidad”, pese al operativo realizado durante la mañana y a los reportes sobre bloqueos en los accesos al municipio posteriores a la detención.

“Lo había advertido y lo sostengo: la seguridad de nuestras familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés”, afirmó.

Jara agregó que “no habrá impunidad ni excepciones” y señaló que quienes se aparten del Estado de derecho deberán enfrentar las consecuencias correspondientes.

“Aquí predicaremos con el ejemplo”, concluyó el gobernador.