Sheinbaum sobre el uso de Salinas Pliego de una playa en Honduras para reality show: “No está bien si viola regulaciones”

Claudia Sheinbaum se pronunció este lunes sobre el conflicto entre integrantes del pueblo garífuna y ambientalistas con el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego por el uso de una playa en Honduras para la grabación de un reality show.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que únicamente conocía el caso por la información difundida en redes sociales y que era necesario contar con todos los elementos antes de emitir una conclusión. Sin embargo, sostuvo que ninguna actividad económica puede realizarse al margen de las normas de protección ambiental o de los derechos territoriales de los pueblos originarios.

La controversia se desarrolla en Cayos Cochinos, una zona del Caribe hondureño donde comunidades garífunas mantienen una protesta contra la utilización de espacios que consideran parte de su territorio ancestral y relevantes para la conservación de especies marinas.

Sheinbaum pide respetar las regulaciones ambientales y territoriales

Al ser cuestionada sobre la presunta persecución de pescadores y activistas que se oponen a las grabaciones, Sheinbaum señaló que su gobierno permanecerá atento al desarrollo de los acontecimientos.

Aunque evitó adelantar una postura definitiva sobre las responsabilidades de las compañías señaladas, destacó que las actividades comerciales realizadas dentro de áreas naturales protegidas deben sujetarse a las disposiciones correspondientes.

Sheinbaum agregó que su administración dará seguimiento al conflicto y reiteró que, si se confirman las denuncias presentadas por los pobladores, la situación sería incorrecta.

Pueblo garífuna acusa despojo

La controversia cobró visibilidad después de que integrantes de comunidades garífunas denunciaran que una empresa vinculada con Ricardo Salinas Pliego busca desalojarlos de una playa utilizada para actividades pesqueras, comunitarias y de conservación ambiental.

De acuerdo con las acusaciones difundidas el 18 de septiembre, la disputa involucra a la Sociedad de Inversiones Ecológicas (SIEC), señalada por los manifestantes como responsable de limitar el acceso a zonas de Cayos Cochinos. Los inconformes relacionan a esta compañía con el empresario mexicano y con proyectos promovidos bajo la estructura de Fundación Azteca.

En las inmediaciones se lleva a cabo la producción de un reality show realizado por Cuarzo Producciones, empresa española que graba en la región. Los pobladores sostienen que no fueron consultados previamente sobre el uso del territorio, pese a que el pueblo garífuna reclama derechos colectivos sobre esos espacios.

La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) también ha advertido sobre posibles afectaciones ambientales ocasionadas por las producciones televisivas. Entre sus señalamientos se encuentran la falta de un estudio de impacto ambiental, restricciones para la pesca artesanal y riesgos para las áreas de reproducción de la tortuga carey.

Estas afirmaciones corresponden a las comunidades y organizaciones denunciantes. Hasta ahora, las autoridades competentes deberán determinar la legalidad de los permisos, la propiedad de los terrenos y las posibles responsabilidades de las empresas involucradas.

Ordenan arresto de defensores de playa en Cayos Cochinos

El conflicto escaló el 19 de septiembre, cuando una autoridad de la región comunicó una orden de arresto contra Mabel Robledo y otros ocho integrantes del comité que mantiene un campamento de protesta en playa Uva.

Según la información publicada sobre el caso, cerca de 100 pobladores, entre ellos menores de edad, permanecían en el lugar ante una posible operación de desalojo. En la zona también fueron desplegados alrededor de 120 elementos de la policía naval, aparentemente encargados de resguardar la filmación y ejecutar las disposiciones judiciales.

Los defensores del territorio aseguran que su presencia busca proteger las áreas de pesca y las zonas de desove de la tortuga carey. También reclaman que cualquier proyecto efectuado en la región sea sometido a un proceso de consulta libre e informada.

Por su parte, representantes de la empresa denunciaron que los manifestantes habrían ingresado a una propiedad privada, causado daños y agredido verbalmente al personal de la producción. Las comunidades rechazaron esas acusaciones y afirmaron que su movilización es pacífica.