- El deterioro de los aprendizajes, la falta de impulso decidido a las disciplinas STEM y la creciente vulnerabilidad cibernética de las instituciones educativas revelan una falla estructural que el gobierno mexicano no ha atendido con la urgencia necesaria. La combinación de rezago académico, infraestructura deficiente y escasa aplicación de protocolos de ciberseguridad puede comprometer durante décadas la competitividad, la productividad y el desarrollo del país.
México enfrenta una crisis educativa que ya no puede explicarse únicamente por los efectos de la pandemia. El problema se ha convertido en un fenómeno estructural en el que convergen el deterioro de los aprendizajes, las deficiencias de infraestructura, la desigualdad tecnológica, la insuficiente promoción de las disciplinas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— y una creciente exposición de las instituciones educativas a ataques cibernéticos y filtraciones de información.
Los resultados de PISA constituyen una de las señales más contundentes. El desempeño de los estudiantes mexicanos muestra un deterioro particularmente grave en matemáticas: dos de cada tres alumnos no alcanzan el nivel mínimo de competencia. En comprensión lectora y ciencias persisten también deficiencias importantes. A ello se suma una brecha socioeconómica que castiga con mayor intensidad a los estudiantes de sectores vulnerables, precisamente aquellos para quienes la educación debería funcionar como el principal mecanismo de movilidad social.
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Pero existe otro problema que resulta particularmente preocupante para el futuro económico de México: la insuficiente apuesta gubernamental por despertar entre los jóvenes el interés por las disciplinas STEM. En un mundo donde la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, la biotecnología, la ciberseguridad y la ingeniería avanzada están redefiniendo la productividad, México necesita que niños y jóvenes desarrollen desde edades tempranas competencias matemáticas, científicas, tecnológicas y de resolución de problemas. Sin embargo, no se observa una estrategia nacional de la dimensión y continuidad necesarias para convertir el STEM en una prioridad educativa y económica de Estado.
No se trata simplemente de colocar computadoras en las escuelas, incorporar tecnología a las aulas o crear cursos aislados. Impulsar STEM significa desarrollar laboratorios, clubes científicos, competencias de matemáticas y programación, robótica educativa, proyectos de innovación, formación docente especializada, orientación vocacional y vínculos permanentes entre escuelas, universidades, centros de investigación y empresas. Significa, además, demostrarle a los jóvenes que estudiar ingeniería, ciencias, tecnología o matemáticas puede convertirse en una vía concreta para participar en los sectores productivos de mayor valor agregado.
La omisión resulta especialmente costosa en un momento en que México pretende aprovechar el nearshoring. Las empresas que llegan al país no solamente requieren mano de obra disponible; necesitan ingenieros, técnicos, especialistas en automatización, científicos de datos, expertos en inteligencia artificial, desarrolladores de software y, especialmente, profesionales capaces de proteger sistemas e infraestructura digital. El propio deterioro de las competencias matemáticas y científicas constituye, por tanto, una amenaza directa para esa oportunidad económica.
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El problema adquiere mayor dimensión cuando se observa lo ocurrido durante y después de la pandemia. El rezago generado por el cierre de escuelas no ha sido compensado mediante una estrategia nacional suficientemente contundente de recuperación de aprendizajes. De acuerdo con la información analizada, generaciones que actualmente cursan secundaria y bachillerato continúan arrastrando deficiencias de lectoescritura y conocimientos fundamentales adquiridas desde la educación primaria. Mientras tanto, numerosos planteles permanecen con carencias de infraestructura, servicios básicos y conectividad digital, especialmente en zonas rurales y semiurbanas.
En este contexto, las decisiones educativas del gobierno merecen un escrutinio mucho más riguroso. La implementación de la Nueva Escuela Mexicana y sus cambios pedagógicos ha generado críticas por el peso otorgado a proyectos comunitarios frente a la enseñanza sistemática de matemáticas, ciencias y otras competencias fundamentales. El debate no debería reducirse a una confrontación ideológica entre modelos educativos: la pregunta central es mucho más sencilla y urgente: ¿están los estudiantes adquiriendo las capacidades que necesitarán para desenvolverse en una economía tecnológica y competitiva? Los resultados disponibles obligan, cuando menos, a cuestionarlo.
Y es precisamente aquí donde aparece una segunda crisis que suele analizarse de manera aislada: la ciberseguridad. Las instituciones educativas mexicanas han construido durante años una enorme infraestructura digital que almacena información extremadamente sensible —datos personales, expedientes académicos, calificaciones, información de contacto, registros administrativos y, en algunos casos, información de menores de edad—, pero la protección de esos activos no parece haber avanzado al mismo ritmo.
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Continuamente se ha identificado una creciente ola de ataques, ransomware y filtraciones que afecta tanto a universidades como a instituciones de educación media superior y dependencias relacionadas con la Secretaría de Educación Pública. Entre los casos señalados aparecen instituciones como la UNAM, la UASLP y la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, así como diversos planteles de la DGETI y el COBAEM. También se mencionan incidentes relacionados con sistemas y plataformas vinculados con la SEP, incluyendo el Proyecto Venus de la USICAMM y otros servicios tecnológicos.
El punto crítico, sin embargo, no es únicamente cuántos ataques ocurren, sino por qué muchas instituciones educativas continúan siendo objetivos relativamente accesibles. El material identifica problemas como accesos remotos que permanecieron expuestos después de la pandemia, robo de credenciales mediante phishing y la dependencia de proveedores externos que, al ser comprometidos, pueden abrir la puerta a múltiples instituciones simultáneamente. Es decir, la digitalización educativa avanzó con mayor velocidad que la madurez de los controles destinados a protegerla.
Esta situación revela una contradicción particularmente grave. México necesita acelerar su transformación digital para mejorar la educación, ampliar el acceso al conocimiento y preparar a su población para la economía del futuro; sin embargo, una digitalización sin seguridad puede convertirse en una nueva fuente de vulnerabilidad. Una plataforma educativa comprometida no solamente interrumpe clases o servicios administrativos: puede exponer la identidad y privacidad de estudiantes, docentes y trabajadores, generar fraudes, facilitar extorsiones y producir daños cuya reparación puede ser considerablemente más costosa que la prevención.
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El riesgo es todavía mayor cuando las víctimas son menores de edad. La exposición de nombres, CURP, calificaciones, turnos y otros datos asociados con estudiantes convierte una falla de seguridad informática en un problema de seguridad pública y protección de derechos.
Ante este panorama, resulta insuficiente que la ciberseguridad sea tratada como una responsabilidad exclusiva de los departamentos de tecnologías de la información. El problema es de gobernanza. Una institución educativa que almacena información de cientos de miles de personas debe contar con políticas de seguridad, gestión de identidades, autenticación robusta, segmentación de redes, respaldos, monitoreo permanente, planes de respuesta a incidentes, capacitación continua y protocolos claros para proteger y notificar a las comunidades afectadas.
La responsabilidad del gobierno federal es especialmente relevante porque una parte considerable del sistema educativo depende directa o indirectamente de recursos, políticas, plataformas y organismos públicos. No basta con entregar dispositivos, digitalizar trámites o trasladar servicios académicos a plataformas en línea. Cada proceso digital debe estar acompañado por controles de seguridad proporcionales al valor y sensibilidad de la información que administra. De lo contrario, el Estado corre el riesgo de digitalizar sus propias vulnerabilidades.
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Pero la mayor amenaza se encuentra en la combinación de ambas crisis. Un país que educa deficientemente a una parte importante de sus nuevas generaciones, que no impulsa con suficiente fuerza el interés por STEM y que simultáneamente no protege adecuadamente la infraestructura digital mediante la cual pretende modernizar su sistema educativo está comprometiendo dos de los principales activos de su futuro: el capital humano y la información.
Las consecuencias económicas pueden ser profundas. México se encuentra ante una oportunidad histórica derivada de la relocalización de empresas y la transformación de las cadenas globales de suministro. Sin embargo, el nearshoring no se sostiene únicamente con ubicación geográfica, tratados comerciales o incentivos fiscales. Las empresas necesitan trabajadores capaces de resolver problemas, interpretar información, utilizar herramientas digitales y desarrollar procesos tecnológicos. Si el sistema educativo no produce ese capital humano, la oportunidad de atraer inversiones de mayor valor agregado puede reducirse significativamente.
Aquí se encuentra una de las mayores responsabilidades que el gobierno mexicano parece estar dejando de lado: la educación debe anticiparse a las necesidades productivas del país, no reaccionar cuando la escasez de talento ya se convirtió en un problema empresarial. Formar especialistas en inteligencia artificial, semiconductores, robótica, manufactura avanzada, ciencia de datos o ciberseguridad requiere comenzar muchos años antes de que esos profesionales ingresen al mercado laboral. Cada generación que no recibe estímulos adecuados para acercarse a las ciencias y la tecnología representa una oportunidad perdida que no puede recuperarse rápidamente.
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La productividad de un país depende, en buena medida, de la calidad de su fuerza laboral y de la capacidad de sus instituciones para operar de manera eficiente y segura. Por ello, el deterioro de las competencias básicas no debe interpretarse como un problema exclusivo de las escuelas. Cada generación que abandona el sistema educativo sin conocimientos suficientes representa una pérdida potencial de productividad durante décadas. Del mismo modo, cada filtración de información y cada interrupción de servicios digitales genera costos económicos, administrativos y sociales.
El verdadero peligro es que ambas crisis produzcan un círculo vicioso. Menor calidad educativa significa menor capacidad para formar especialistas en tecnologías de la información, ingeniería y ciberseguridad; menor disponibilidad de profesionales especializados dificulta la protección de las propias instituciones; los incidentes de seguridad provocan interrupciones y pérdida de confianza en las plataformas digitales; y una infraestructura tecnológica deficiente limita, a su vez, las posibilidades de modernizar la enseñanza.
Romper ese círculo exige mucho más que programas aislados o anuncios de modernización. México necesita una política de Estado que coloque nuevamente el aprendizaje de matemáticas, ciencias, lectura y competencias digitales en el centro de la educación, que impulse decididamente las disciplinas STEM desde la educación básica y que establezca estándares obligatorios y verificables de ciberseguridad para las instituciones públicas del sector educativo.
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La capacitación docente debe recuperar un papel estratégico. Los profesores necesitan herramientas para enfrentar el rezago académico, pero también formación suficiente para reconocer amenazas digitales, proteger sus cuentas, identificar campañas de phishing y manejar responsablemente la información de sus alumnos. Del mismo modo, los estudiantes deben recibir educación en ciudadanía digital y seguridad informática desde edades tempranas.
El gobierno también debe transparentar los recursos destinados a infraestructura tecnológica, programas STEM y seguridad, publicar indicadores de cumplimiento y establecer responsabilidades claras cuando las instituciones no implementen controles básicos. La seguridad y la formación científica no pueden depender de que una universidad, un bachillerato o una escuela tenga la capacidad económica o técnica para desarrollarlas por cuenta propia.
México todavía puede corregir el rumbo, pero la ventana de oportunidad no es infinita. El deterioro educativo no se revierte en un ciclo presupuestal. Tampoco se construye una cultura científica y tecnológica de la noche a la mañana. Formar una generación con competencias sólidas requiere años; desarrollar vocaciones científicas y tecnológicas requiere continuidad; y reconstruir la confianza en las instituciones digitales puede requerir todavía más.
Por eso, la crisis actual debe ser entendida como una advertencia sobre el México de las próximas décadas. Si el Estado continúa reaccionando de manera fragmentada ante el rezago educativo, la falta de impulso al STEM, la brecha digital y las vulnerabilidades de ciberseguridad, el costo no será únicamente académico ni tecnológico. Será económico, social y estratégico.
La pregunta ya no es si México necesita transformar su sistema educativo, sino cuánto costará al país no hacerlo ahora. Cada año de inacción puede traducirse en estudiantes que llegan al mercado laboral con menos capacidades, jóvenes que nunca descubren una vocación científica o tecnológica, empresas que encuentran dificultades para contratar talento especializado, instituciones que pierden información sensible y ciudadanos cuya confianza en el Estado se deteriora.
La educación y la ciberseguridad no son agendas separadas: son dos componentes de la misma infraestructura nacional. Si México aspira a ser competitivo durante las próximas décadas, necesita proteger y desarrollar simultáneamente su capital humano y su infraestructura digital. No hacerlo significa hipotecar el futuro productivo del país antes de que las nuevas generaciones tengan siquiera la oportunidad de construirlo.
* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst.
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** Las expresiones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien las escribe y no necesariamente coinciden con la línea editorial de Infobae México, respetando la libertad de expresión de expertos.
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