El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) montó durante más de una década una red de fraude contra propietarios de tiempos compartidos en México que generó pérdidas de aproximadamente USD 350 millones entre 2019 y 2024, según datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La acusación formal, presentada en un tribunal federal de Brooklyn, revela que cerca de seis mil ciudadanos estadounidenses cayeron en la trampa en ese período. El dinero no financiaba únicamente el enriquecimiento personal de sus operadores: iba directo a las arcas del CJNG para sostener sus actividades de narcotráfico y violencia.
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Griselda Margarita Arredondo Pinzón, la cara de los call centers
En el centro del esquema aparece Griselda Margarita Arredondo Pinzón, media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, identificado como mando de alto rango del cartel. Ella supervisaba desde una oficina central la captación de fondos en los centros de llamadas instalados en Jalisco.
Su hermano, por su parte, gestionaba la red financiera que blanqueaba ese dinero para comprar y distribuir narcóticos en territorio estadounidense.
Ambos enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Montero Pinzón acumula además una acusación adicional: conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, categoría que Washington le asignó al CJNG en febrero de 2025.
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La mecánica del engaño: llamadas, documentos falsos y doble victimización
La operación arrancó al menos desde 2012 bajo un esquema de pago por adelantado. Los estafadores contactaban por teléfono a propietarios de tiempos compartidos en México y les ofrecían lo que parecía una salida sencilla: alquilar o revender su propiedad sin complicaciones.
Con documentos falsificados y sitios web fraudulentos, los convencían de transferir dinero por presuntas tarifas administrativas e impuestos. La promesa era que recibirían sumas mayores a cambio. Los fondos prometidos nunca llegaron.
El mecanismo tenía una segunda vuelta. Cuando la víctima ya había perdido su dinero, los mismos operadores volvían a comunicarse haciéndose pasar por abogados o funcionarios gubernamentales. El argumento era que podían recuperar lo perdido, pero a cambio de una nueva cuota por adelantado.
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Lejos de ser una estafa aislada, la red funcionaba como una división corporativa del cartel, diseñada con precisión para convertir el fraude en financiamiento criminal.
La investigación conjunta del FBI, la DEA y el IRS
El caso fue impulsado por el FBI, la DEA y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI). La coordinación entre las tres agencias permitió reconstruir el flujo del dinero desde los call centers de Jalisco hasta las redes de distribución de drogas en Estados Unidos.
“Montero Pinzón y Arredondo Pinzón engrosaron las arcas de una violenta organización extranjera de terrorismo y narcotráfico”, señaló Joseph Nocella Jr., fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.
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La fiscal general Pam Bondi fue más directa al describir el alcance de la persecución: “Este alto dirigente presuntamente estafó a ciudadanos inocentes para financiar el terrorismo contra el pueblo estadounidense”, y advirtió que la justicia irá tras las finanzas del cartel en cualquier frente.
Ninguno está detenido y la condena podría llegar a 20 años
Tanto Arredondo Pinzón como Montero Pinzón son ciudadanos mexicanos y no se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Se los presume inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en juicio.
De ser condenados, cada cargo prevé una pena de hasta 20 años de prisión.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ya sancionó y procesó a más de 70 personas y entidades vinculadas al esquema del CJNG. El objetivo es asfixiar los recursos de una estructura criminal que hace tiempo extendió sus tentáculos mucho más allá del tráfico de drogas.
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La cuenta de Los Más Buscados del FBI en X recordó este miércoles que Washington ofrece hasta USD 2 millones por información que conduzca al arresto y condena de Arredondo Pinzón. La cifra no está sola: su medio hermano El Tarjetas tiene asignados hasta USD 10 millones por separado, lo que suma USD 12 millones por ambos.
Esas recompensas individuales se inscriben en un paquete más amplio. El 5 de agosto de 2026, el gobierno de Estados Unidos anunció hasta USD 100 millones en total por ocho integrantes del CJNG, una señal de la prioridad que Washington asigna al desmantelamiento financiero del cartel.
Que una contadora de Puerto Vallarta figure entre los ocho objetivos más buscados no es casualidad. Arredondo Pinzón, nacida el 1 de junio de 1990 en esa ciudad costera de Jalisco, usó su formación profesional para posicionarse como supervisora del flujo de dinero en los call centers: recibía los fondos de las víctimas y coordinaba su lavado hacia las estructuras del cartel, según los documentos judiciales citados por Infobae.
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El esquema que administraba tampoco fue una invención del CJNG. La investigación identificó a Omar Aguirre Barragán, un abogado y empresario mexicano ya fallecido, como el hombre que introdujo el modelo de fraude de tiempos compartidos al cartel alrededor de 2012. Aguirre buscó el respaldo de la organización para desplazar a rivales que ya operaban ese negocio en Puerto Vallarta. Con el tiempo, el CJNG tomó control directo y eliminó al intermediario.
Lo que el cartel heredó y perfeccionó fue una maquinaria de doble victimización que el FBI calcula mucho más grande de lo que reflejan las denuncias formales. La agencia estima que el 80% de las víctimas nunca reporta el fraude por vergüenza u otros motivos, lo que significa que las pérdidas reales superan con amplitud la cifra documentada.
Ninguno de los dos acusados está detenido. Mientras tanto, el caso sigue abierto en el tribunal federal de Brooklyn y la recompensa por Arredondo Pinzón permanece vigente, a la espera de que alguien la cobre, según informó Infobae.
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