La Fiscalía General de la República (FGR) presentó nuevos avances en la investigación contra una red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal, que operaba con complicidades dentro de la Secretaría de Marina y aduanas mexicanas.
La fiscal Ernestina Godoy Ramos explicó que el caso se originó tras el aseguramiento de diez millones de litros de diésel en un buque detenido en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Ese hallazgo permitió identificar una estructura criminal más amplia, con ramificaciones en distintos estados del país.
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La red y sus operadores identificados como “Los Primos”
Detrás de la operación del buque asegurado en Altamira no actuaba un contrabandista aislado. “Había una compleja red criminal”, afirmó Godoy Ramos, en la que Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, hermanos y exaltos mandos de la Armada de México, coordinaban la capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado de forma ilegal.
Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó esa dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Manuel Roberto se desempeñó como vicealmirante y Fernando como contralmirante antes de su detención.
De acuerdo con datos de prueba que ya son valorados por el Poder Judicial, los cómplices de ambos intervenían en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina. “Roberto N., en particular, gestionaba directamente esos nombramientos y esas promociones”, precisó la fiscal.
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La investigación sobre el huachicol fiscal expuso una red que combinaba contrabando de hidrocarburos con tráfico de influencias dentro de instituciones públicas. Los hermanos Farías Laguna habrían usado su control sobre designaciones y ascensos en aduanas y la Marina para garantizar la impunidad de sus operaciones de importación ilegal de combustible durante un periodo prolongado.
Hallazgos en el cateo de una bodega en la Ciudad de México
Como parte de las diligencias, se realizó el cateo de una bodega que Roberto Farías arrendaba en la capital del país. En el lugar se encontraron objetos de lujo, listas de aduanas marítimas y expedientes de personal naval y altos mandos de la institución.
También se localizó documentación clasificada como reservada y confidencial vinculada a seguridad nacional, además de armas sin el debido registro, según el reporte de la fiscal.
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El circuito del contrabando: buques, pagos y empresas fachada
Con la estructura de complicidades ya instalada, la trama se repetía de manera sistemática. Los buques zarpaban principalmente desde Texas cargados de hidrocarburo, que se declaraba como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal.
Servidores públicos y agentes aduanales presuntamente coludidos recibían pagos por cada embarque que dejaban pasar. Cuando llegaban a realizarse inspecciones, estas eran simuladas: la red garantizaba muestreos superficiales, aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para liberar el hidrocarburo sin revisión.
“Las inspecciones, cuando llegaban a realizarse, eran una simulación. La red criminal garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin revisión”, afirmó Ramos Godoy en su mensaje.
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También se establecían calendarios de arribo para desactivar cámaras y evitar el registro de las descargas. Una vez en tierra, el combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, mientras una red de empresas fachada y transacciones financieras daba apariencia legítima a los ingresos de la venta.
Operaciones detectadas en cinco estados del país
Las investigaciones permitieron identificar operaciones de esta misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. Como parte de las indagatorias, la fiscalía siguió el rastro de accionistas, apoderados legales y enlaces de participación en las distintas etapas de la cadena ilegal.
“El combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, pero una red de empresas fachada y transacciones financieras eran las responsables de dar apariencia legítima a los ingresos de la venta”, dijo.
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“Quien usó un uniforme para servir al crimen, tiene que responder ante la justicia”
Godoy Ramos subrayó que “una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes traicionen la responsabilidad y la confianza depositada en ellos”. Como muestra de ello, la fiscal señaló que, según sus propias palabras, el actual secretario de Marina, el almirante Raymundo Morales Ángeles, ha estado atento al seguimiento de las investigaciones.
“Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, tiene que responder ante la justicia”, afirmó Godoy Ramos, quien remató su mensaje con una advertencia, afriamndo que “donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”.
El origen del caso: la denuncia del almirante Rafael Ojeda
El caso tuvo su punto de partida en 2024, cuando el almirante Rafael Ojeda denunció ante el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, elementos de posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval.
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Esa denuncia dio origen a las investigaciones que, bajo el nuevo modelo de trabajo de la fiscalía, condujeron al aseguramiento de los diez millones de litros de diésel en el buque detenido en Altamira, Tamaulipas, hecho que a su vez permitió destapar la estructura completa de la red encabezada por sus propios sobrinos políticos.
Detenciones y proceso judicial de los hermanos Farías Laguna
Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en instalaciones navales de Salina Cruz, Oaxaca. Su captura fue anunciada públicamente por el Gabinete de Seguridad el 7 de septiembre de ese año, junto con otras 13 personas señaladas por su presunta participación en la red.
Fernando Farías Laguna fue arrestado meses después en Buenos Aires, Argentina, el 23 de abril de 2026, cuando usaba una identidad y un pasaporte falsos. Tras la solicitud de extradición presentada el 21 de mayo, las autoridades argentinas emitieron un acuerdo de expulsión y Fernando Farías fue trasladado a México en la madrugada del 21 de agosto de 2026.
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Ambos hermanos permanecen recluidos en el penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Con la llegada de Fernando Farías, el número de personas detenidas vinculadas al caso ascendió a 16, de las cuales 12 son exservidores públicos.
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