El Mundial de Fútbol terminó, pero algunas de las medidas de vigilancia, control del espacio público y actuación policial desplegadas durante el torneo podrían permanecer como herencia en México, advirtieron este miércoles organizaciones civiles al presentar el informe “Gritar gol y gritar ¡justicia! Violaciones a derechos humanos en México en el marco del Mundial FIFA 2026”.
Un legado de vigilancia en tres sedes
El documento identifica patrones de represión y criminalización de la protesta, restricciones al espacio público, control territorial y fortalecimiento de capacidades de seguridad en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas del torneo, organizado junto con Estados Unidos y Canadá.
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Según Josefa Gómez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, las organizaciones documentaron estas afectaciones ante el temor de que se normalicen más allá del Mundial: “Nos preocupa que una vez que esas garantías ya se flexibilizaron, ya no haya vuelta atrás”, señaló.
El presupuesto que fue a cámaras y no a búsqueda
Uno de los hallazgos más señalados ocurrió en Jalisco, donde el fortalecimiento de la vigilancia durante el torneo alcanzó incluso el presupuesto destinado a la búsqueda de personas desaparecidas.
De acuerdo con Gina Díaz Martínez, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD):
- El anexo presupuestario para búsqueda aumentó 172.68%, aunque lo calificó como una “ilusión presupuestal”.
- Más del 90% de ese crecimiento se concentró en el C5 y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.
- Los recursos no fortalecieron la búsqueda en campo, la identificación forense ni la atención a familias.
El presupuesto del C5 pasó de 6.8 millones de pesos en 2025 a 1,345 millones de pesos en 2026, destinados principalmente a videovigilancia y tecnologías de monitoreo.
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“Mientras tenemos fosas clandestinas multiplicándose (...) el Estado prefiere gastar en camaritas inteligentes para vigilar las avenidas de tránsito”, cuestionó Díaz, quien recordó que Jalisco es el primer lugar a nivel nacional en personas desaparecidas desde 2019.
Protestas bajo vigilancia diferenciada
Entre el 1 y el 30 de junio, las organizaciones verificaron 50 registros de 21 episodios de protesta, 18 de ellos en Ciudad de México. En 40 casos constataron presencia de agentes estatales y patrones diferenciados de contención:
- Encapsulamientos de familias buscadoras que exigían respuestas ante la crisis de más de 134 mil personas desaparecidas.
- Violencia más intensa contra maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación).
A esto se sumó, según Gómez, una estrategia de estigmatización discursiva que —sin criminalizar abiertamente la protesta— habría creado condiciones para minimizar la gravedad del uso de la fuerza.
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Otras afectaciones documentadas
El informe también registra:
- Hostigamiento a personas en situación de calle en Ciudad de México y Guadalajara.
- Acciones de reordenamiento urbano que afectaron a poblaciones indígenas, colonias populares y familias buscadoras en Monterrey.
- Afectaciones a periodistas durante al menos seis protestas.
- 11 agresiones contra mujeres periodistas durante el torneo.
Adriana Quiroz, de la Red TDT, cuestionó que no se haya establecido cuándo terminarán estas medidas de seguridad ni cómo serán retiradas, y señaló el uso de policías vestidos de civil. “Especulativamente esto también funciona como un laboratorio, para ver qué tanto pueden lanzarlo (...) y qué tanto nosotros también nos quedamos callados”, advirtió.
Contexto: la crisis de desapariciones sigue sin resolverse
Este informe se conoce en paralelo a otra alerta internacional: colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas, encabezados por Amnistía Internacional, pidieron esta semana a la Asamblea General de la ONU crear un “mecanismo extraordinario” ante la crisis de desapariciones en México, que suma más de 135 mil personas no localizadas y 72 mil restos sin identificar.
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Ambos episodios —el gasto en vigilancia durante el Mundial y la petición ante la ONU— exponen la misma tensión de fondo: mientras crece la infraestructura de monitoreo y control en el espacio público, colectivos y organismos internacionales insisten en que la respuesta forense y de búsqueda sigue sin estar a la altura de la crisis.
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