Periodista investigó corrupción en Mazatlán: el Ayuntamiento le exigió callar, vetó a su medio y corrió a su esposa

El periodista Ernesto Zepeda, director del medio Frente Noticias en Mazatlán, Sinaloa, quien ha realizado investigaciones sobre presunta corrupción de funcionarios municipales, denunció que las autoridades —las mismas a las que ha señalado— lo han amenazado a él y a su familia, poniéndolo en una situación de vulnerabilidad, sobre todo en un contexto de violencia contra periodistas en México.

Zepeda denunció públicamente que funcionarios del Ayuntamiento comenzaron a presionarlo y amenazarlo para que dejara de publicar información sobre su gestión. Relató que le exigieron el retiro de notas periodísticas en las que expuso presuntas malas prácticas e irregularidades de servidores públicos municipales.

Tras negarse a estas peticiones, el Ayuntamiento canceló el contrato de publicidad oficial con su medio y despidió a su esposa, quien trabajaba en la administración local. “No solo buscan callarme, también afectan a mi familia como represalia por mi labor”, sostuvo Zepeda a través de una denuncia en sus redes sociales.

En su testimonio, Ernesto Zepeda responsabilizó de manera directa a cinco funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán por los actos de intimidación y represalias en su contra. Se refirió a la presidenta municipal con licencia, Estrella Palacios; a la presidenta interina, Minerva Osuna; al tesorero municipal, Julio César Ramos; a la exsecretaria de presidencia, Denise Tinoco; y al secretario del ayuntamiento, Moisés Ríos.

El periodista sinaloense señaló que estos servidores públicos estarían detrás de las acciones para silenciar su trabajo, afectar a su familia y hostigarlo, luego de que documentó y publicó presuntas irregularidades dentro del gobierno municipal.

El hostigamiento incluyó vigilancia y amenazas directas

Días después de que le notificaron la rescisión del contrato de publicidad, Zepeda advirtió la presencia de una camioneta con vidrios polarizados frente a su domicilio. Denunció que una persona fotografió su casa con actitud de vigilancia, situación que el periodista vinculó directamente con las amenazas recibidas. Según su testimonio, él ya había sido intimidado previamente por trabajadores municipales. “El fin de semana una camioneta sospechosa llegó a mi domicilio, tomó una fotografía y se fue. Ya tenemos identificada la camioneta y los videos”, señaló durante una transmisión en vivo el pasado 10 de agosto.

El 11 de agosto de 2026, Zepeda presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por abuso de autoridad, amenazas y actos contra la libertad de expresión. Expresó temor por posibles nuevas represalias que pudieran poner en riesgo su integridad y la de su familia.

Presión económica y uso de recursos públicos como mecanismo de censura

Por su parte, la organización Artículo 19 alertó sobre el uso de la publicidad oficial como herramienta para coaccionar a la prensa local en Sinaloa. Según la organización, la asignación de estos recursos debe regirse por criterios transparentes y no puede usarse como mecanismo para condicionar la cobertura periodística. “La publicidad oficial constituye un recurso público cuya asignación debe regirse por criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios; en ningún caso puede utilizarse como un mecanismo de presión para influir, limitar o condicionar la cobertura periodística”, sostuvo.

De acuerdo con el comunicado de Artículo 19, la presión económica, sumada al contexto de vulnerabilidad y violencia en Sinaloa, redujo la capacidad del periodismo local para trabajar con dignidad y seguridad. El organismo exigió al Ayuntamiento de Mazatlán el cese inmediato de todo acto de hostigamiento y a la Fiscalía estatal investigar bajo el Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión.

“No vamos a dejar que nos quieran intimidar”, aseguró el periodista

El caso de Zepeda formó parte de un patrón de presión y censura que enfrentan periodistas y medios en Sinaloa. El propio reportero señaló que otros portales y regidoras de la administración municipal también recibieron amenazas por denunciar irregularidades. “Esto que están haciendo ya escaló. No deberían enojarse por lo que se señala, deberían corregir sus errores”, afirmó Zepeda. A pesar de la presión, aseguró que seguirá investigando y documentando irregularidades: “No vamos a dejar que nos quieran intimidar. No estamos solos”.

Zepeda agradeció la atención del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa y exigió medidas de protección para él y su familia. Hizo un llamado a la entonces gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla —que ahora ya dejó de estar en el cargo tras el regreso de Rubén Rocha Moya— y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para intervenir y garantizar el ejercicio periodístico sin represalias.