Sinaloa tiene sólo 0.6 policías por cada mil habitantes en plena crisis de violencia por guerra entre Mayos y Chapos

Sinaloa enfrenta una de las peores crisis de violencia de los últimos años con una de las estructuras policiales más débiles del país, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E) 2026, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El diagnóstico muestra que las corporaciones de seguridad pública de la entidad operan con una baja cantidad de elementos, recursos presupuestales limitados, escasa infraestructura y prestaciones laborales incompletas, mientras el estado enfrenta desde hace casi dos años la disputa entre grupos vinculados con Los Chapitos y Los Mayos.

Al cierre de 2025, la institución de seguridad pública estatal reportó mil 584 personas adscritas, equivalente a apenas 0.6 policías por cada mil habitantes, cuando el promedio nacional se ubicó en 1.0.

Con ese indicador, Sinaloa se encuentra entre las entidades con menor cobertura policial del país, junto con Sonora, que también registra 0.6 agentes por cada mil habitantes, y Durango y Morelos, con 0.5.

Menos policías y menor interés por ingresar a las corporaciones

La crisis de seguridad también parece haber impactado en el interés por incorporarse a las fuerzas policiales.

El CNSPF-E señala que durante 2024 se registraron 407 personas en programas de formación inicial, mientras que en 2025 la cifra cayó a 313 aspirantes, una reducción de casi una cuarta parte.

El escenario resulta particularmente delicado debido a que más de 80 agentes han sido asesinados durante la disputa criminal que ha golpeado a Sinaloa en los últimos dos años.

A esta situación se suma el bajo presupuesto destinado a las instituciones de seguridad pública estatales. Durante 2025, Sinaloa destinó 965.4 millones de pesos, una cantidad considerablemente menor a la ejercida por entidades con poblaciones similares.

Sonora destinó 4 mil 546 millones de pesos, mientras que Coahuila canalizó 2 mil 569.7 millones.

Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), reconoció que las policías locales representan el eslabón más débil frente a las capacidades de las fuerzas federales.

El funcionario sostuvo que no basta con incrementar el número de agentes, sino que es necesario mejorar sus condiciones laborales, salarios, capacitación y equipamiento.

Entre las prestaciones que Sinaloa ofrece se encuentran seguro de vida, apoyo para familiares de elementos fallecidos y licencia por riesgo de trabajo. Sin embargo, los policías estatales no cuentan con créditos para vivienda, fondo de ahorro para el retiro, seguro de gastos médicos mayores, becas escolares para sus hijos ni indemnización por incapacidad derivada de un riesgo laboral.

Sólo cinco instalaciones policiales en todo el estado

La precariedad también se refleja en la infraestructura operativa.

Sinaloa cuenta únicamente con cinco unidades de infraestructura policial en funcionamiento: una comandancia o estación y cuatro cuarteles. No dispone de módulos policiales fijos o móviles.

La entidad sí cuenta con unidades especializadas en inteligencia, proximidad e investigación, aunque la Policía Cibernética se encontraba “en proceso de integración” al cierre del periodo reportado.

La diferencia con otras entidades es amplia. Nayarit cuenta con 40 comandancias y Tamaulipas con 66, de acuerdo con el censo.

Pese a estas limitaciones, durante 2025 las instituciones estatales recibieron 294 mil 814 llamadas al 911 y realizaron 601 puestas a disposición de personas. De estas, 59.4 por ciento fueron ante autoridades de Justicia Cívica y 40.6 por ciento ante el Ministerio Público.

Además, las corporaciones estatales aseguraron 858 armas de fuego durante ese año.

Para Calderón Quevedo, la respuesta a la violencia no puede limitarse al despliegue militar o al uso de la fuerza.

El coordinador del CESP consideró necesario fortalecer las instituciones policiales, pero también desarrollar una estrategia integral de construcción de paz que incluya políticas educativas, culturales y sociales.

El diagnóstico del INEGI, en ese sentido, muestra que Sinaloa enfrenta el desafío de combatir a grupos criminales con una estructura policial que requiere mayores recursos humanos, financieros y materiales para recuperar capacidades operativas.