Entre 2008 y 2015, Los Zetas convirtieron Monclova, Coahuila, en un laboratorio del terror silencioso. Las familias que huían del cártel antes de ser alcanzadas dejaban sus casas con las puertas cerradas; las que eran sacadas a la fuerza las dejaban abiertas. Ese código vecinal no oficial fue durante años el único registro del desplazamiento forzado que ocurría en la ciudad, porque el gobierno de Coahuila, según documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró entre mayo de 2013 y junio de 2015 que la entidad no contaba con ningún registro sobre el tema.
El fenómeno tenía una lógica brutal y precisa. Los Zetas usaban el miedo como herramienta de control territorial: quien denunciaba un delito ponía en riesgo a su familia, de modo que la huida sin denuncia era la única salida racional para quienes lograban anticiparse al cártel.
Las puertas cerradas y abiertas de Monclova como único registro del terror
El periodista Óscar Balderas documentó en Milenio el sistema de lectura que los vecinos de Monclova desarrollaron ante la ausencia de cualquier registro oficial. Una puerta cerrada en una casa súbitamente vacía significaba que la familia había logrado huir; una puerta abierta significaba que Los Zetas se les habían adelantado.
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El segundo escenario tenía un destino conocido: secuestro, tortura, asesinato y fosa clandestina. El primero, en cambio, era técnicamente desplazamiento forzado, aunque ninguna autoridad lo registrara como tal.
Ese vacío no era un accidente administrativo. El gobierno de Coahuila reconoció formalmente, ante la CNDH, que no tenía registro alguno de personas desplazadas en su territorio durante ese período. La entidad concentraba entonces algunos de los índices de violencia más altos del país, con 1.830 personas desaparecidas registradas por la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas del estado, una cifra que organizaciones de derechos humanos consideraron también una subestimación.
La CMDPDH y el IDMC: lo que el Estado no contó
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) documentó que entre 2011 y febrero de 2015, al menos 281.418 personas sufrieron desplazamiento interno forzado en México como consecuencia de la violencia. El propio informe advirtió que Coahuila era uno de los estados con mayor subregistro, precisamente porque la información periodística disponible sobre la entidad era escasa durante los años más intensos del dominio zeta.
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Para finales de 2016, la CMDPDH contabilizó al menos 310.527 personas desplazadas por la fuerza en 15 estados del país, entre ellos Coahuila. Los desplazamientos ocurrieron principalmente porque las personas huían para evitar ser víctimas de organizaciones criminales o de funcionarios públicos.
El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) calculó, con datos triangulados junto a la CMDPDH, que hasta 2021 México acumulaba 379 mil personas desplazadas internas por violencia. Esa cifra no incluye a quienes huyeron sin dejar rastro en ningún padrón, como ocurrió en Monclova entre 2008 y 2015.
La estimación más amplia disponible proviene de una encuesta de la firma Parametría publicada en 2011, que calculó en 1.648.387 el total de mexicanos mayores de 18 años que habrían sufrido desplazamiento forzado por violencia hasta ese año. Esa cifra representó el 2% de la población adulta del país en ese momento.
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México sin ley federal: el desplazado que no existe para el Estado
El problema de fondo es estructural. México no cuenta a nivel nacional con un marco jurídico especializado en materia de desplazamiento interno, según establece el Manual sobre desplazamiento interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo cinco estados —Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca— tienen leyes específicas sobre el tema; Coahuila no está entre ellos.
Esa ausencia legal tiene una consecuencia directa: quien huye de su casa ante una amenaza criminal no adquiere ningún estatus jurídico que lo proteja o lo haga visible para el Estado. La familia que cerraba su puerta en Monclova y abandonaba la ciudad no existía en ningún registro como víctima de desplazamiento forzado.
El Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI contabilizó 262.411 personas que cambiaron de residencia entre 2015 y 2020 por inseguridad o violencia. El propio INEGI reconoció que el instrumento censal no fue diseñado para medir el desplazamiento interno en toda su magnitud, por lo que la cifra es una subestimación reconocida.
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La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, con datos de 2024, estimó que más de 248.360 hogares abandonaron su residencia ese año para protegerse del crimen. El IDMC y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana calcularon entre 26.000 y 28.000 personas desplazadas en eventos masivos de violencia solo durante 2024, un incremento superior al 120% respecto a 2023.
El ACNUR trabaja con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas del gobierno federal en una guía para el registro de personas desplazadas internas, en ausencia de legislación general. La organización también impulsó una propuesta para incorporar preguntas específicas sobre desplazamiento en la Encuesta Intercensal 2025, con el objetivo de contar por primera vez con datos oficiales a escala nacional.
Mientras ese marco no exista, el desplazado interno en México sigue en una condición paradójica: es víctima de un crimen que el Estado no tipifica como tal en su territorio. Las puertas cerradas de Monclova fueron, durante años, más elocuentes que cualquier estadística oficial.
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