En medio de la controversia generada por la revocación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y las versiones periodísticas que lo relacionan con la red conocida como huachicol fiscal, Infobae tuvo acceso a la orden de aprehensión de la causa penal 325/2025, documento judicial en el que testigos colaboradores hacen referencia al “hijo del presidente” dentro de la investigación por contrabando de combustible contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.
Lo que revela el documento
De acuerdo con el expediente consultado por Infobae, en las páginas 30 y 480 aparece el testimonio de un testigo colaborador identificado con el indicativo “YR”, quien relató haber informado a otra persona que “había fracasado el proyecto” y que las personas involucradas en las operaciones “tienen miedo de su situación”. Según ese relato, la respuesta fue que se trataba de un “choque político” entre el entonces secretario de Seguridad “Arfuch”, y “el hijo del Presidente”, pero que ya se había llegado a un acuerdo y que se le indicara al capitán Estudillo que “no va a pasar nada”.
En la página 37, el mismo expediente recoge la declaración del testigo colaborador con clave “Santo”, quien señaló que, en febrero o marzo, contactó a una persona identificada con las siglas “NK”, “KM” y “YR” para transmitir la preocupación del capitán Carlos Estudillo Villalobos, quien —de acuerdo con el testimonio— temía que la situación “saliera a la luz” por el ingreso constante de buques. La respuesta registrada en el documento indica que no había de qué preocuparse, pues existía un “choque político” entre el secretario de Seguridad y “el hijo del presidente”, pero que ya habían llegado a un acuerdo.
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Cabe precisar que en los fragmentos citados, el documento no identifica por nombre a la persona referida como “el hijo del Presidente”; es la interpretación del abogado defensor, Epigmenio Mendieta, la que vincula esa mención con Andy López Beltrán.
El desmentido de la FGR
Un día antes de la entrevista, el 17 de agosto, la FGR había publicado en su cuenta oficial de X un comunicado en el que calificó como “falsa” la información periodística que aseguraba contar con testigos protegidos con señalamientos contra López Beltrán. La dependencia, encabezada por Ernestina Godoy, precisó: “El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”.
Cabe señalar que el comunicado de la FGR no niega la existencia de testimonios dentro de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024 que hacen referencia al “hijo del presidente”, sino que aclara que, hasta el momento, esos elementos no alcanzan la fuerza legal para abrir una indagatoria formal contra él.
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Antecedentes: los amparos
La nota se da en un contexto donde Andy López Beltrán, junto con su hermano Gonzalo y otras personas señaladas en la misma trama, cuenta con amparos presentados ante juzgados federales para protegerse de posibles órdenes de aprehensión. Uno de ellos, el 1728/2025, fue promovido ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México; otro, el 1446/2025, ante el Juzgado Primero de Distrito en Tabasco.
Abogado confirma que testimonios mencionan a Andy López Beltrán
En entrevista con Azucena Uresti, el abogado Epigmenio Mendieta, defensor de los hermanos Farías Laguna, confirmó la existencia de dos declaraciones de testigos distintos que, según explicó, señalan que las operaciones de la red contaban con “el visto bueno o las facilidades de Andy”. “Ahora que se hace pública, estoy en posibilidad de comentarte que efectivamente hay dos declaraciones de dos distintos testigos”, afirmó el litigante. Mendieta precisó que uno de los testimonios proviene de un testigo protegido y el segundo, de una persona adscrita a la aduana marítima de Guaymas. Agregó que uno de ellos también menciona al senador Adán Augusto López Hernández.
El factor de la visa
El caso cobró relevancia adicional después de que, el 13 de agosto, López Beltrán denunció mediante una carta pública dirigida a Donald Trump que el gobierno estadounidense le había revocado la visa, decisión que atribuyó al secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau, y que calificó como “política y propagandística”. La Embajada de Estados Unidos en México declinó pronunciarse sobre el caso individual, citando la confidencialidad de los expedientes migratorios. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como de “sentido político”.
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En días posteriores, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, exigió que se investigue a López Beltrán y solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera revisar su patrimonio, al sostener que su nombre aparece en la carpeta de investigación junto con los hermanos Farías Laguna. Romero mostró acuses de denuncias presentadas por su partido ante la FGR desde 2025.
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