La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a pronunciarse este martes sobre uno de los temas más delicados de la agenda bilateral: la ola de cancelaciones de visa que ha golpeado a gobernadores y funcionarios mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos. Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada directamente sobre las razones detrás de estas medidas y sobre si existe información oficial al respecto.
“Es un asunto personal de cada quien”
Ante la pregunta de una periodista sobre el estatus migratorio de varios gobernadores, Sheinbaum respondió que “es un asunto personal de cada quien” sobre el tema de las visas canceladas a gobernadores y funcionarios del país. La respuesta generó un intercambio tenso cuando la reportera insistió en que se trata de servidores públicos, a lo que la presidenta interrumpió reiterando que sigue siendo un tema personal.
La mandataria fue enfática al señalar que debe haber pruebas para proceder contra cualquier funcionario acusado de un delito. Recordó la importancia de presentar pruebas para acusar a algún servidor público, y subrayó que esa ha sido la postura de su gobierno en todo momento, conforme al sistema penal acusatorio mexicano: cuando existen elementos probatorios, el proceso se conduce “de claro y transparente”.
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Una lista que no deja de crecer
La pregunta no surgió en el vacío. Desde 2025, una decena de políticos mexicanos —la mayoría de Morena, aunque también de otros partidos— han confirmado públicamente el retiro de su visa estadounidense. Entre los casos más sonados destacan:
- Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y su entonces esposo Carlos Torres
- Alfonso Durazo, gobernador de Sonora
- Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas
- Brighite Granados, dirigente estatal de Morena en Chihuahua
- Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero
- Alcaldes fronterizos como los de Mexicali, San Felipe y Nogales
Según una lista publicada por El País, los nombres de ambos gobernadores de Morena se suman a otros 50 políticos cuya visa ha sido retirada por el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con Reuters. Cabe destacar que las autoridades estadounidenses no suelen revelar las razones específicas de estas cancelaciones, al considerarlas procedimientos confidenciales.
El precedente que marca la postura oficial
La periodista también planteó un escenario hipotético: si un gobernador tuviera que responder por delitos como lavado de dinero o vínculos con criminales, ¿el gobierno lo investigaría, aunque difícilmente lo declarara él mismo? Sheinbaum recordó que su administración sí ha actuado cuando existen pruebas, citando la detención de presidentes municipales y funcionarios de distintos partidos con vínculos comprobados a la delincuencia organizada.
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El tema llega en un momento de alta tensión entre México y Estados Unidos, marcado por la guerra contra los cárteles, el caso de “El Mayo” Zambada y la presión de Washington sobre funcionarios del partido gobernante. Mientras la administración estadounidense mantiene en reserva sus criterios, la Presidenta insiste en que su gobierno actuará solo con evidencia, no con base en rumores o listas filtradas a la prensa.